La Legislatura del Chaco sancionó este miércoles la Ley de creación del Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros. La medida tiene como base la ejecución de dos protocolos de actuación: uno vinculado a delitos por motivo de género y otro a los perpetrados por miembros de las fuerzas de Seguridad. Su tarea será de prevención y de acompañamiento a las víctimas, tanto en lo referido a lo jurídico como a lo psicológico, con especial atención en los sectores más vulnerables.
Jueves, 7 de diciembre de 2023
Las políticas de Estado son aquellas que trascienden a los gobiernos. Que por su importancia y trascendencia atraviesan a todas las gestiones, sean del color político que sean. Las políticas de defensa de los Derechos Humanos y la lucha para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y disidencias, sin lugar a dudas, están en este grupo.
La Cámara de Diputados del Chaco sancionó el miércoles una ley que va en ese sentido. La normativa aprobada, bajo el número 2427/2023, crea el Sistema de Protección Integral de DDHH y Géneros. Tendrá jurisdicción en todo el territorio provincial y apunta a proteger y garantizar los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, Provincial e instrumentos Internacionales. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco u órgano que en el futuro la reemplace.
Esta normativa no hace más que institucionalizar una práctica de trabajo que se viene sosteniendo integralmente y en red desde hace cuatro años en la provincia del Chaco. Las prerrogativas, dispositivos y facultades son muy similares a las que actualmente cuenta la Secretaría de DDHH y Género, la cual dejará de existir con la gestión entrante de Leandro Zdero. De esta manera, se busca garantizar la continuidad en esta labor.
Recomendaciones
Impulsado por las diputadas del Frente Chaqueño Teresa Cubells y Mariela Quirós, este Sistema plantea la contención integral de todas las personas que, por acción u omisión, vean vulnerados, menoscabados o violados sus derechos humanos, con especial atención en sectores vulnerables: población LGBTQ+, comunidades indígenas, mujeres y personas privadas de la libertad, entre otros.
La normativa establece la posibilidad de realizar recomendaciones a las distintas áreas del Estado y elaborar estrategias para la promoción, capacitación y divulgación de las normativas vinculadas.
También crea un registro de casos, a través de una plataforma digital, como así también establece la consolidación del área de Litigios Estratégicos. Estas son dos cuestiones que ya existían con la Secretaría de Derechos Humanos y que la ley no hace otra cosa que institucionalizarlas.
El área de Litigios Estratégicos, vale remarcar, podrá intervenir como querellante institucional en las causas judiciales en las que amerite garantizar durante el proceso la perspectiva de derechos humanos y géneros.
También estará bajo la órbita del Sistema de Protección el servicio de atención telefónico gratuito denominado “Línea 137 – Chaco dice No a las Violencias”, el cual funcionará durante las 24 horas, los 365 días del año, en el Área Metropolitana.
De acuerdo a la normativa, la Línea prestará atención y asesoramiento a las mujeres y población LGBTQ+ en situación de violencias por motivos de géneros a través de equipos interdisciplinarios cuya labor estará distribuida por turnos, en forma rotativa, a criterio de la autoridad de aplicación y estará integrado por profesionales de las ciencias humanas y sociales capacitados en la materia.
Actualmente, la Línea 137 está en funcionamiento y lo hace como el primer nivel de atención en casos de violencia. Le sigue la Guardia de Género y luego el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV).
Tanto la Línea 137 como la Guardia de Género atienden los casos urgentes y de alto riesgo. La Guardia se encarga a su vez de realizar el seguimiento, articulando con el ámbito judicial mientras las mujeres y disidencias se encuentren en peligro.
Una vez que obtienen medidas proteccionales por parte del sistema judicial y disminuye el riesgo, esos casos son derivados al CAVV para continuar con el tratamiento terapéutico.
También funciona “El Patio Viva la Pepa”, el cual corresponde al cuarto nivel de atención. En este espacio se brinda acompañamiento a partir de la realización de diversos talleres que apuntan a continuar fortaleciendo el empoderamiento y la independencia de quienes padecieron situaciones de violencia.
Protocolos
El Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros estará integrado por los Protocolos de Atención Integral a las Víctimas de Violencias por Motivos de Géneros y el Protocolo de atención a las Víctimas de Vulneraciones de los Derechos Humanos.
El primero está destinado a mujeres y personas LGTBI+ que hayan atravesado o se encuentren atravesando una situación de violencias por motivos de géneros, con el objetivo de poner en resguardo la vida, la integridad física, psicológica y sexual, como de todos los tipos y modos de ejercicio de las violencias, mediante asesoramiento legal que garantice el efectivo acceso a la justicia, el acompañamiento, asistencia y contención terapéutica para promover y reconstruir la autonomía vulnerada, desde una perspectiva de derechos humanos, géneros e interseccionalidad.
En tanto que el segundo está destinado a las personas que hayan atravesado o se encuentren atravesando una situación de violencias por acción u omisión por parte de agentes de estado, por las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, con el objetivo de poner en resguardo la vida, la integridad física, psicológica y sexual, mediante asesoramiento legal que garantice el efectivo acceso a la justicia, el acompañamiento, asistencia y contención terapéutica desde una perspectiva de derechos humanos, géneros e interseccionalidad.
“Justicia social”
En los fundamentos, las diputadas Cubells y Quirós dejaron en claro que las políticas en materia de derechos humanos “son justicia social y no deberían llevar nombre y apellido, ni acabarse con el término de una gestión”.
“Deberían sellarse como un deber cumplido con debida diligencia. Porque son derechos que deben ser velados por el Estado y no puede quedar arbitrio de la voluntad política, la plena vigencia y el goce de los mismos en el territorio de la provincia”, afirmaron.
“Jerarquizar este Sistema Integral de Protección y volverlo Ley es establecerlo para la posteridad y asegurar su continuidad en el tiempo. Significa no someter a discusión que las víctimas de violencia institucional y las víctimas de violencia de géneros necesitan de un sistema perfeccionado y eficiente para poder recurrir ante situaciones donde sus derechos elementales vulneren su condición humana”, remarcaron.
