Luego de la sanción de la nueva Ley de Ministerios, que removió a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la estructura del gobierno, desde el equipo de Litigios Estratégicos de esa área se confirmó la renuncia a todas las querellas institucionales que sostenía el gobierno provincial en causas de violencia de género, incluida la de Cecilia Strzyzowski. Todo indica que ocurrirá lo mismo con las causas de lesa humanidad y violencia institucional, donde la Secretaría también participa como querellante.
Lunes, 4 de diciembre de 2023
Por Bruno Martínez
El gobierno provincial presentó la renuncia formal a todas las querellas institucionales en causas de violencia de género, incluida la que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada el 2 de junio pasado, en la casa del dirigente social, Emerenciano Sena.
Según pudo saber LITIGIO, la medida se tomó el viernes tras la sanción de la nueva Ley de Ministerios. Impulsada por el gobernador electo, Leandro Zdero, la legislación que le otorga estructura al futuro Ejecutivo provincial borró del mapa a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, única área del gobierno provincial que se encuentra habilitada por el Código Procesal Penal del Chaco para actuar como querellante en delitos de género.
¿Qué pasará con las querellas estatales en causas de lesa humanidad y violencia institucional? Si bien hasta el momento no se renunció a los procesos en curso y hay una posibilidad de que puedan continuar habilitadas vía decreto, lo cierto es que todas las señales apuntan a que también se apartarán de los expedientes en los cuales intervenían.
Chau Secretaría
Como es habitual en cualquier gestión que se inicia, la Legislatura provincial le otorgó al gobierno entrante, sin modificaciones, su Ley de Ministerios. Esta normativa viene a representar la impronta política e ideológica que le da la nueva administración al Poder Ejecutivo, donde se determinan las prioridades y también las temáticas que quedan en segundo o tercer plano.
El 29 de noviembre pasado, la Cámara de Diputados provincial sancionó la ley que determina que los asuntos administrativos de la Provincia estarán a cargo de los siguientes Ministerios: Desarrollo Humano; Producción y Desarrollo Económico Sostenible; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Salud; Hacienda y Finanzas; Infraestructura, Obras y Servicios Públicos; Seguridad; y Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Además, se conformaron tres secretarías: general de la Gobernación, Coordinación de Gabinete y Asuntos Estratégicos.
La desaparición de la Secretaría de Derechos Humanos en el nuevo esquema de gobierno repercute no sólo en lo formal sino también en lo legal, ya que esta área tiene a su cargo decenas de querellas institucionales en causas vinculadas a violencia de género (incluidos femicidios), violencia institucional (brutalidad policial y penitenciaria) y lesa humanidad (delitos perpetrados por la última dictadura).
En su artículo 12, inciso C, el Código Procesal Penal del Chaco establece que los organismos habilitados para ejercer la querella institucional, en casos de su exclusiva competencia, son: el Comité para la Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Provincial para la Memoria y el Instituto del Aborigen Chaqueño. Al desaparecer la Secretaría, también desaparece la posibilidad de continuar con la representación legal del Poder Ejecutivo en las causas mencionadas.
El querellante, vale mencionar, es la parte acusadora en el procedimiento. Tiene la potestad de intervenir en la investigación, solicitando medidas de pruebas y otro tipo de diligencias que se consideren necesarias, como así también participar en el juicio oral, buscando obtener la condena del imputado.
El hecho de que el Estado se presente en calidad de querellante tiene por finalidad impulsar las investigaciones penales preparatorias y ejercer una representación eficaz de las víctimas en los juicios orales, todo esto a partir de la intervención de abogados y abogadas especializados en las temáticas que conciernen al área.
Esta intervención es de suma importancia, aún más en causas en donde las víctimas o sus familiares no cuentan con los recursos para pagar un abogado particular. Si bien las Defensorías Públicas podrían ocupar este lugar, lo cierto es que la demanda es tal que se encuentran sobrepasadas.
Géneros
De acuerdo al último informe de la Dirección de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, hasta el 3 de noviembre de este año, el área tuvo intervención en 60 causas: 22 se encuentran en estado de investigación, 14 en etapa de Ejecución (con su respectivo control), 13 sentencias están recurridas ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y 11 en instancia de juicio.
Los tipos de delitos litigados fueron: 20 abusos sexuales en las infancias, 14 femicidios, 10 abusos sexuales a mujeres, cuatro amenazas y tres lesiones además de nueve delitos diversos (principalmente homicidios vinculados y daños).
Vale destacar que la participación de la querella estatal en el caso de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en la casa de Emerenciano Sena el 2 de junio pasado, fue clave, sobre todo al comienzo de la investigación: fue la primera en pedir la inmediata detención de César Sena, pareja de Cecilia, hoy imputado como coautor de homicidio agravado. Desde el viernes pasado, tanto la querella estatal del caso Cecilia como las que participan en el resto de causas por violencia de género, fueron dadas de baja.
Nahir Barud, coordinadora de la Dirección de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, reconoció a este medio que la desaparición de la Secretaría implica un grave retroceso no sólo en materia de Derechos Humanos sino también en materia procesal penal.
“Somos una de las pocas provincias que tiene incorporado a su proceso la querella institucional, eliminándose así la posibilidad importantísima de que el mismo Estado provincial se haga cargo a través de una querella institucional de la vulneración de estos derechos”, explicó.
Para Barud, que la desaparición de las querellas estatales no fue casual. “La nueva Ley de Ministerios tiene tintes contrarios a los derechos humanos, rozando lo inconstitucional en muchas partes”, afirmó.
La abogada explicó también que tuvo que pasar por un momento más que difícil, como lo es el de informarles a todas las víctimas de violencia de género, que tenían el respaldo de la querella institucional, que el gobierno las dejará de acompañar.
“Es muy doloroso tener que hablar víctima por víctima, explicarle que ahora está librada a su suerte, que tiene la posibilidad de ir a la Defensoría oficial que está por demás colapsada, porque la verdad que no le corresponden llevar querellas oficiales. Y si no pueden recurrir a eso, porque es difícil el acceso en muchas ocasiones a estas oficinas públicas, tendrán que pagarse un abogado”, sostuvo Barud.
Crímenes de la Policía
La Secretaría también participa como querellante institucional en siete causas abiertas por violencia institucional. Algunas de ellas están a la espera del juicio oral, otras están siendo revisadas por el Superior Tribunal de Justicia y una se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Secretaría participa en casos que tuvieron alto impacto social y que por su gravedad requieren la participación de profesionales especializados. Sólo por contar algunos: caso Leandro Bravo (asesinado por la policía el 26 de febrero de 2022, en Charata); caso Diego Barreto (muerto en custodia policial el 23 de febrero de 2020 en Resistencia, tras ser asfixiado mientras era detenido) y caso Banderas Argentinas (donde cuatro adolescentes indígenas fueron detenidos de manera ilegal en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en Fontana, tras lo cual fueron golpeados, insultados con expresiones racistas y amenazados de muerte por los propios policías).
Para Romina Duarte, responsable de las querellas estatales en causas de violencia institucional, la eliminación de la Secretaría de DDHH con la posible caída de todas las querellas estatales en casos donde se investiga la brutalidad policial “despoja de un saber experto al abordaje de estas causas que son de máxima gravedad institucional”.
Además del acompañamiento jurídico, Duarte hizo hincapié en que también se perderá el acompañamiento psicológico y social que reciben las víctimas, sus familiares y los testigos. “Se va a perder también la posibilidad de visibilizar estos hechos y la oportunidad de garantizar un proceso legal que implique la no repetición de estas situaciones”, añadió la abogada en diálogo con este medio.
Memoria y Justicia
Duilio Ramírez, abogado en representación de la Secretaría en causas de lesa humanidad, reconoció a LITIGIO que la principal preocupación que tiene es que la provincia continúe como querellante en las causas por crímenes perpetrados durante la última dictadura, tanto en las que ya cuentan con sentencia -sobre todo para monitorear las medidas que apuntan a morigerar la pena de los condenados-, como en las secuelas de las causas existentes y en la búsqueda de personas que aún se encuentran desaparecidas.
Cabe recordar que, para el primer semestre de 2024, se espera el comienzo del juicio denominado Caballero IV, en la cual está imputado el varias veces condenado represor, Gabino Manader, por la comisión dos hechos: la desaparición forzada de Humberto Aníbal Muñoz y la detención ilegal y violación de su esposa.
“Los 10 juicios de lesa humanidad que se realizaron en la provincia del Chaco son un activo permanente que pertenece a todos los chaqueños”, evaluó Ramírez. “Por lo tanto, entiendo que es responsabilidad de todas las personas que asuman la conducción de la provincia, cuidarlo y resguardarlo porque es nuestra memoria”, apuntó.
¿Pueden seguir?
Para Paulo Pereyra, abogado, docente universitario y autor de numerosas publicaciones relacionadas al sistema penal, las querellas institucionales en casos de lesa humanidad y violencia institucional podrían seguir. Lo único que necesitarían sería un decreto del nuevo gobernador.
“La Provincia del Chaco fue una de la primeras que, como tal, se constituyó como querellante en causas de Lesa Humanidad. Luego, en cada una de las causas de Lesa, no interesó a la Justicia Federal que haya un decreto por cada causa”, explicó Pereyra a esta revista.
“Las querellas”, añadió, “fueron una continuidad tanto como decisión de ámbito administrativo de Derechos Humanos de las diferentes gestiones como parte de la dinámica del fuero federal, que arrancó el local con el recogimiento de tal asunto por parte del Gobernador saliente, Jorge Capitanich”.
“En tanto que, en los casos de violencia institucional, sobre todo muertes y/o malos tratos en custodia policial, se trabajó con Decretos del Gobernador, caso a caso”, recordó Pereyra. Y sostuvo que “ello nunca fue cuestionado por la defensa ni por la administración de justicia provincial”.
En suma, habrá que esperar qué camino tomará la administración de Juntos por el Cambio a partir del 9 de diciembre, fecha en que asumirá el gobernador electo. Al parecer, en algunas causas, las puertas no están del todo cerradas.
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