Así lo requirió la titular del Equipo Fiscal 3, Rosana Soto. Fue a través del requerimiento de elevación a juicio por la causa en la que se investiga la muerte de cuatro obreros de Sameep en una cloaca de Puerto Vilelas, en 2017. Las imputaciones son por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los imputados, está el expresidente de la empresa, Claudio Westtein.
Martes, 14 de noviembre de 2023
Pasaron más de seis años desde que cuatro obreros de Sameep murieron en una cloaca de Puerto Vilelas debido a no contar con los elementos de seguridad mínimos para realizar ese trabajo. Durante todos estos años se realizó una lenta investigación, ralentizada aún más por los cambios de fiscales. Incluso dos de los imputados casi fueron sobreseídos por prescripción. Transcurrió todo este tiempo hasta que finalmente se decidió clausurar la etapa de investigación tras considerarla completa.
La titular del Equipo Fiscal 3, Rosana Soto, fue quien requirió la elevación a juicio oral de esta causa. La misma tiene seis imputados: el expresidente de la empresa estatal de aguas y actual secretario de Servicios Públicos del municipio de Resistencia, Claudio Westtein y el exgerente General Sameep, Ricardo Requena, quedaron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto que el empleado del área de Seguridad e Higiene, Mario Alberto Medina; el capataz a cargo de la cuadrilla de obreros, Hugo Heraldo Fernández, y el exencargado de la División Redes de Efluentes de Sameep, Federico Sebastián Fernández fueron acusados de homicidio culposo, en cuatro hechos, en concurso ideal. Mientras que el Gerente de Servicios de la empresa, Adrián Soto, fue acusado por los delitos de homicidio culposo, en cuatro hechos, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal.
Este requerimiento ya fue objeto de oposiciones por parte de las defensas y la audiencia para resolver las cuestiones planteadas está fijada para el 29 de febrero de 2024, en el Juzgado de Garantías 3, que subroga Juan Carlos Codina.
Cabe recordar que tanto Westtein como Requena habían sido beneficiados por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la cual dispuso sobreseerlos al declarar extinguida la acción penal por prescripción en lo que se refiere a la imputación de incumplimiento de deberes de funcionario. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco revocó en marzo de 2022 el sobreseimiento, tras hacer lugar a la apelación presentada por la fiscal Soto.
En su escrito presentado ante el STJ, Soto recordó que el artículo 67, inciso 2, del Código Penal establece que la prescripción se suspende en los casos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.
En este sentido, recordó que los imputados continúan en cargos públicos desde la fecha de la muerte de los operarios, “por lo que no ha cesado la causal de suspensión y no ha corrido término o plazo alguno computable a efectos de extinguir la acción por prescripción”.
El hecho
El 11 de julio de 2017, Daniel Pelozo, Mario Fernández, Jorge Ramírez y Leonel Prieto, fueron convocados de urgencia para realizar un trabajo de recambio de caños en cloaca ubicada en el Barrio 152 viviendas de Puerto Vilelas. La mayoría estaba de licencia. De los cuatro, tres eran empleados precarizados.
Los obreros llegaron al lugar sin elementos de seguridad adecuados para tareas en lugares de confinamiento. No tenían máscara antigases ni arneses. Algunos incluso estaban en ojotas y short de baño.
La secuencia trágica comenzó cuando uno de los integrantes de la cuadrilla de diez operarios ingresó por la cámara de registro. Allí los gases tóxicos provocaron que se desmaye y cayera al pozo que tenía entre 1,5 y 2,5 metros de agua servida.
Al ver esta situación, ingresó otro compañero a ayudarlo. Éste tampoco tenía protección y también fue víctima de los gases. La misma situación se repitió con otros dos operarios más, hasta que un quinto intentó ingresar al pozo, pero sus compañeros de la cuadrilla lograron retenerlo.
“Medina, Mario Alberto y otros s/Homicidio Culposo”, expediente N°20602/2017-1, es la carátula de la causa que investiga la cadena de responsabilidades que posibilitaron que ocurran esas muertes.
La investigación cuenta con las testimoniales de todo el personal que estuvo presente en el lugar del hecho y del ingeniero químico Enrique Utgés, entre otros. De acuerdo a las autopsias, los obreros murieron por un “paro cardiorrespiratorio por un síndrome asfíctico”. Los mató el ácido nítrico, un gas venenoso presente en las cloacas.
Según explicaron los Bomberos que participaron del rescate de los cuerpos, para hacer un trabajo de esas características, en lugares confinados y con acumulación de gases tóxicos, se debe contar con un Equipo de Respiración Autónoma (ERA) o con máscaras con filtro de carbono. Nada de eso se encontró en el lugar.
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