En paralelo a una medida similar de la UPCP, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, impulsó una acción de amparo ante el STJ y solicitó una cautelar que anule las medidas que frenaron el pase a planta de los trabajadores contratados de servicios en la administración pública provincial.
Miércoles, 1 de noviembre de 2023
Como representante de la parte empleadora (Poder Ejecutivo Provincial) en las negociaciones paritarias centrales y diputado provincial electo, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons, presentó una acción de amparo ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco solicitando que se declare la nulidad de las medidas cautelares dictadas por el juez Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, que frenaron los decretos de llamado a concurso para el pase a planta de los trabajadores y trabajadoras contratados de servicios de la administración pública provincial, organismos autárquicos y descentralizados.
La presentación de Pérez Pons señala que la competencia del Superior Tribunal de Justicia se justifica en virtud de la existencia de un verdadero “conflicto de poderes” donde un juez de primera instancia deja sin efecto una serie de decretos dictados por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de sus atribuciones. Además, el ministro de Economía advirtió que los instrumentos legales se dictaron de acuerdo a lo establecido en el vigente Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados y autárquicos firmado entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales UPCP, ATE y UPCN.
Según pudo saber LITIGIO, tanto ésta presentación como la de UPCP y la del fiscal de Estado, Roberto Herlein, que pide declarar la inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo que llamó al concurso para el pase a planta del personal contratado, ya se encuentran radicadas en la Sala de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
Por otro lado, la apelación de la Asesoría General de Gobierno contra las dos medidas cautelares dictadas por el juez Beinaravicius ya fueron elevadas a segunda instancia que deberá analizar si las confirma o revoca.
