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A través de una medida cautelar, la justicia chaqueña ordenó a las municipalidades de Fontana y Puerto Tirol cumplir “inmediatamente” con el proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento que ambas comparten. Según el fallo, se constató el incumplimiento del deber de gestión integral de los residuos sólidos urbanos” y consideró que la planta es un “vertedero o basural a cielo abierto”. Además, requirió al Ministerio de Ambiente que convoque a una audiencia pública para informar a la ciudadanía.

Lunes, 23 de octubre de 2023
“Basural a cielo abierto”, lo definieron las juezas luego de realizar una inspección ocular en el lugar

Por Brian Pellegrini 

Los municipios de Fontana y Puerto Tirol deberán “cumplir inmediatamente” con el proceso de gestión integral de residuos sólidos urbanos en el Centro de Tratamiento que ambas localidades utilizan en común y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco deberá convocar a una audiencia pública para informar a la ciudadanía sobre la instalación y el funcionamiento de la mencionada planta.

Así lo dispuso una medida cautelar dictada por la Sala Primera de la Cámara Contencioso Administrativo, que integran las juezas Geraldine Varas y Natalia Prato Stoffel. Fue en el marco de una acción de amparo impulsada por un vecino del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

En rigor, el fallo judicial no hace más que señalarles a ambos municipios que deben cumplir lo que comprometieron en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la autoridad ambiental provincial en mayo de 2015, con sujeción al Plan Provincial para las Plantas de Recuperación de Materiales y los Sitios de Disposición Final de Residuos no Recuperables, y las Leyes Nº 25.916 y Nº 2028-R.

Las magistradas consideraron que se daban los dos presupuestos para dictar la medida cautelar: la verosimilitud del derecho, en base a todos los elementos incorporados a la causa y la propia constatación ocular realizada en el lugar por las integrantes de la Cámara. También el peligro en la demora, del cual surge la necesidad de “prevenir y evitar el daño ambiental colectivo y que se agrave su degradación en la provincia del Chaco”.

El caso

En la presentación original, un vecino denunció que en el basural del “Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos” se produjeron incendios “que asolaron a los habitantes de los inmuebles colindantes”. También que la masa total de residuos desechados, un alto porcentaje se encuentra constituido por basura de origen orgánico y en proceso de descomposición y que por ello “liberan gases, como metano, butano y otros inflamables que se encienden por combustión espontánea”. En ese contexto, consideró que resultaba de “extrema necesidad” el dictado de la medida cautelar “como único medio para detener el grave daño que se viene produciendo a causa de los incendios denunciados”.

“Un vertedero o basural a cielo abierto”

Las magistradas encuadraron el caso en los principios del derecho ambiental, incluidos en los artículos 41 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial y regulados por las leyes nacionales Nº 27.520 “de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global”, Nº 25.675 “Ley General del Ambiente” y Nº 25.916 “de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios”, que en la provincia del Chaco fue incorporada en la ley Nº 2028-R.

Luego de analizar la documentación aportad a la causa por ambos municipios y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las juezas consideraron que “resulta verosímil el incumplimiento del deber de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, procedimiento tendiente a proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, tanto en su etapa de tratamiento y recuperación de materiales valorizables, como en la disposición final de los no valorizables”.

Asimismo, sostuvieron que “del acta de la inspección ocular realizada por este Tribunal el día 12/12/22 en el “Centro de Recuperación y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos”, y de los documentos audiovisuales reservados a fs. 26, verificamos que el predio en cuestión funciona como un vertedero o basural a cielo abierto, ello expresamente prohibido por los arts. 10, 11 y concordantes de la Ley N° 2028-R, y por el Plan Provincia del Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”.

“No se cumple con el proceso de separación, clasificación, enfardado y compactado de residuos valorizables, y tampoco los residuos no valorizados son enviados a una prensa de alta densidad, a fin de extraer sus líquidos y ser depositados en silos bolsa”, puntualizaron también las magistradas.

En ese sentido, advirtieron que “no solo se transgredió las Leyes Nº 25.916 y Nº 2028-R, y las matrices generales de trabajo reguladas en el Plan Provincial para las Plantas de Recuperación de Materiales y los Sitios de Disposición Final de Residuos no Recuperables, sino que tampoco cumplió con el propio Estudio de Impacto Ambiental presentado por sus consultores técnicos y aprobado por Resolución Nº 376 del 04/08/15”.

Además, recalcaron que “el predio de la parte demandada no cumple con el espacio perimetral interno que debe actuar como control de propagación horizontal de fuego de quince metros, lo que implica un riesgo de incendio para los inmuebles lindantes”.

Vale recordar que a la causa también se incorporaron informes de la Administración Provincial del Agua (APA) y de un laboratorio privado que daban cuenta de que las aguas subterráneas de un terreno lindero a la planta contenía valores de hierro y amoníaco que las hacen no aptas “para la alimentación y el uso doméstico”, lo que en su momento motivó que el tribunal ordenara a ambos municipios suministrar a los vecinos agua apta para el consumo humano y la actividad productiva.

Falta de audiencia pública

Por último, observaron que en el Informe Técnico de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se expuso que “como mecanismo de consulta y participación ciudadana, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, publicó en los diarios con el objeto de poner este proyecto a consideración de la población interesada y con el previo cumplimiento da todos los pasos correspondientes a este procedimiento. En ese sentido, advirtieron que esa publicación “no satisface la exigencia del art. 13 de la Ley Nº 2028-R, norma que ordena la celebración de una audiencia pública en los términos de la Ley Nº 783-R y del Decreto Nº 1726/07, previa afectación de un predio a los centros de separación, clasificación, reciclado y disposición final de RSU”.

Así, precisaron que se “afectó el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a acceder a la justicia cuando estos derechos han sido vulnerados (Acuerdo de Escazú)”.

 

Leé la sentencia completa aquí 

 

 


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