Se realizó este martes por la mañana la audiencia en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia para resolver el pedido de prisión domiciliaria de Fabiana González, imputada por encubrimiento agravado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Martes, 17 de octubre de 2023
Si bien declaró vía videollamada la mamá de Cecilia, Gloria Romero y la asistente social, Romina Franchini, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes de la semana próxima para escuchar a la propia González y a alguna de las psicólogas del Servicio Social del Poder Judicial del Chaco que realizaron el informe socioambiental de González.
Tras finalizar la audiencia, pasado el mediodía, el abogado de Gloria Romero, Gustavo Briend, habló con los medios locales y explicó que durante la jornada de este martes se brindaron aclaraciones respecto del informe interdisciplinario llevado adelante por el cuerpo de peritos del Poder Judicial del Chaco, conformado por las licenciadas en psicología, Roxana Rey y Adriana Canteros, y sus pares de Trabajo Social, Sandra Domínguez y Romina Franchini.
Además, informó sobre la oposición de la mamá de Cecilia a que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario a González. “Ella también es madre y considera que no está de acuerdo con que se utilice a un menor para tener una prisión domiciliaria. Entiende que este planteo debe ser rechazado”, sostuvo el abogado.
Por su parte, Nahir Barud, abogada querellante en representación de la Secretaría de Derechos señaló que para resolver la solicitud de la defensa de González es necesario escuchar a las psicólogas que participaron del informe interdisciplinario. “Esta situación no es nada atípica sino forma parte de la complejidad misma de la causa”, señaló Barud, en declaraciones a Diario Norte.
Qué dice el informe socioambiental
El informe socioambiental interdisciplinario fue presentado el 12 de octubre pasado ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En él se brindan detalles de la vivienda familiar de González, de sus hijos, del entorno en el que vive y en relación a la faz psicológica de la imputada.
Para esto se realizaron intervenciones domiciliarias, se consultó a los vecinos, se utilizó además el test de Bender y Familia Kinética (ambas técnica psicológicas donde se utilizan dibujos) y se dialogó con los familiares de la imputada, en algunos casos en entrevistas interdisciplinares. El informe concluye con una recomendación general respecto de las variables a tener en cuenta en caso de otorgarle el arresto en su vivienda.
La casa familiar de González está ubicada en Villa Itatí, una modesta barriada de Resistencia. Está en buenas condiciones estructurales. Cuenta con todos los servicios, aunque los mismos están conectados de manera irregular. En las visitas del Servicio Social se constató la falta de “aseo” y “orden” general dentro del domicilio.
Tras el arresto de González, su mamá, que vivía con ella, se trasladó a la casa de su hermana. Actualmente en la vivienda familiar residen los dos hijos de la imputada: una de 19 años y otro de 3 años. Este último dato es el argumento más fuerte de la defensa para sostener el arresto domiciliario. Desde la reforma de 2008, la Ley 24.660 contempla seis supuestos en los que se puede basar el juez para conceder una prisión domiciliaria. Uno de ellos es el de la madre de un menor de cinco años. Sin embargo, la normativa aclara que el beneficio no es automático, sino que deberá ser el juez quien “podrá disponer” de la autorización.
En relación a la joven de 19 años, luego del arresto de su madre y de su padre, Gustavo Obregón, también imputado por encubrimiento en la misma causa, tuvo que hacerse cargo del cuidado de su hermano pequeño. Lo hace con la ayuda de una tía materna.
La joven se desempeñaba como auxiliar docente en la escuela del Barrio Emerenciano. Cuando el crimen de Cecilia se hizo público y su madre fue detenida, perdió el trabajo. No sólo eso: también abandonó sus estudios universitarios. Actualmente, vende comidas a pedido para intentar subsistir. No tiene ningún tipo de ayuda estatal y se ofreció a ser la tutora responsable en caso de que a su madre le otorguen la prisión domiciliaria.
González tiene tres encuentros semanales con sus hijos en su lugar de detención: los martes, jueves y domingos. Según indicaron las peritos, al niño no se le dijo la verdad de lo que está ocurriendo, ni tampoco sabe realmente por qué su mamá ya no vive con él. Esto, según las peritos, podría originarle una “confusión” entre lo que le dicen y las situaciones que ve. Actualmente el niño dejó de asistir a la institución educativa a la que concurría previo a la detención de su madre y padre.
El barrio
El documento también aborda el “impacto social” que significaría la presencia de González en el barrio. Si bien se aclaró que el sondeo vecinal no es una técnica propia del Trabajo Social, sino una herramientas más para cotejar datos, el informe indica que se dialogó con los vecinos del barrio sobre cómo repercutiría el regreso de la mujer, ahora en calidad de detenida.
“Surgen en su mayoría expresiones de temor, incertidumbre, negativas e inseguridad, todo ello resaltando el tenor de la causa y lo que significaría su presencia en el barrio”, señalaron las peritos.
De todos modos, no todos los vecinos piensan igual. Un grupo menor de los que fueron entrevistados consideraron que la presencia de González “no afectaría a la cotidianeidad en el entorno barrial”.
En cuanto al aspecto psicológico de González, las integrantes del equipo del Servicio Social del Poder Judicial informaron que la mujer mostró predisposición para el estudio que se le realizó para elaborar este informe. Dijeron que se encuentra orientada en tiempo y espacio, con capacidad de discernimiento, sin ideaciones delirantes.
En la entrevista, desplegó un relato fluido y claro, con apariencia tranquila “la cual se va desarticulando a medida que va transcurriendo la entrevista”. “Especialmente”, añadieron las especialistas, “al momento de realizar las técnicas proyectivas que permiten desplegar aspectos inconscientes del sujeto, evidencia una marcada falta de control en sus impulsos”.
En esta misma línea, las técnicas proyectivas gráficas que se le realizaron, las cuales se utilizan para observar mecanismos inconscientes del sujeto que determina su personalidad, dieron cuenta de lo “imprevisible de su conducta, de la falta de control en las relaciones con el otro y hasta con sus propias tensiones que pueden seguir diferentes tipos de defensa y/o descargas en la conducta”.
“Cierto riesgo”
Al arribar a las conclusiones del estudio, las peritos indicaron que al analizar la viabilidad de la prisión domiciliaria para González se deberá tener en cuenta el impacto social y la conducta individual de la imputada, las cuales, reconocieron, no se pueden predecir. Es por eso que se deberán tener en cuenta una serie de variables que podrían “conllevar a situaciones de cierto riesgo”.
Consideraron necesario evaluar indicadores como la implicancia subjetiva y capacidad de reflexión de González respecto del delito que se le imputa; la claridad y comprensión en el ámbito familiar en cuanto a las funciones, alcances y limitaciones inherentes al beneficio del arresto domiciliario; el tipo de delito que se investiga y las representaciones a nivel comunitario en torno a la causa que se investiga.
“Surge en este modo el interrogante respecto de qué tipo de dispositivo de seguridad se implementaría en el domicilio de la causante y las repercusiones que esto podría tener en el niño a nivel subjetivo, así como también los efectos a nivel intrafamiliar, social y comunitario”, indicaron.
Esta afirmación coincide con el argumento que brindaron los fiscales de la causa, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, para denegarle el beneficio a González en septiembre pasado. En aquella ocasión, el Equipo Fiscal Especial señaló que la llegada de la imputada al barrio podría conllevar un “gran impacto social”, que repercutiría negativamente en su hijo, “debiéndose evitar cualquier situación que implique riesgo para el mismo”.
En cuanto a la fragilidad económica que atraviesa la familia, las peritos le restaron importancia al impacto que pueda tener la presencia de González en su casa, desconociendo que podría trabajar desde ahí, ayudando al sostenimiento de sus hijos. Indicaron que existen “políticas estatales que permitirían atenuar dicha situación” y que el beneficio del arresto domiciliario no es el modo de resolución de esta problemática.
Finalmente, subrayaron la necesidad de que el niño de 3 años sea reincorporado al ámbito escolar, se vincule con sus familiares por parte de su padre y que continúe los encuentros periódicos con su madre, con asistencia psicoterapéutica “a fin de abordar lo inherente al proceso judicial que las figuras parentales se encuentran atravesando”.
Cabe recordar que las querellas del caso se opusieron reiteradamente al pedido de morigeración de prisión de los imputados. Por su parte, los defensores oficiales de González, Antonia Cuadra y Cristian Festorazzi Verbek, ratificaron que el caso de su defendida está contemplado en el Código Penal (mujer presa a cargo de un niño menor de cinco años).
“En el caso de ‘mujeres imputadas’, pesa además sobre ellas la imagen de ‘mala madre’, estereotipo con el que suele fundarse la denegación del derecho a la prisión domiciliaria, sirviendo en ocasiones de justificación suficiente para apartar a los hijos de ellas”, señalaron en el escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones.
El caso
Cabe recordar que Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio, a las 9:16 cuando ingresaba al domicilio de la familia Sena, ubicado en Santa María de Oro 1460, en Resistencia. Se sospecha que allí fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01, de ese mismo día.
Según la imputación de la fiscalía, González participó del encubrimiento del crimen, al igual que su pareja, Gustavo Obregón (mano derecha de los Sena) y los caseros de la chanchería de la familia piquetera, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso. A los cuatro se les imputa el delito de “encubrimiento agravado”.
Sobre el resto de los imputados pesa una imputación mucho más grave. César Sena, pareja de Cecilia, está imputado por el delito de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas”. En tanto que sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano, están imputados como coautores del femicidio, también en concurso premeditado de dos o más personas.
