Es lo que le habría dicho el entonces secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh) y actual tesorero de la entidad sindical, Daniel Tabares, al ex presidente de Sameep, Gustavo D’alessandro, el 12 de mayo de 2022. Por ese hecho, la fiscal Nº 3 de Resistencia, Rosana Soto, requirió que el gremialista sea elevado a juicio correccional bajo la imputación del delito de “amenazas coactivas simples”. En un juicio anterior, fue condenado a tres años de prisión en suspenso.
Viernes, 22 de septiembre de 2023
Aquella jornada del 12 de mayo de 2022, en horas de la mañana, Tabares ingresó junto a alrededor de veinte trabajadores de Sameep a las oficinas del Directorio para reclamar una serie de respuestas a sus demandas gremiales y, según la denuncia realizada ese mismo día, impidieron que el titular del organismo pueda cumplir con la agenda que tenía programada. Posteriormente, los manifestantes se retiraron del lugar y se dirigieron al puente Chaco-Corrientes.
La denuncia original presentada en sede policial solicitaba que se investigue a los miembros del SOSCh por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, coacciones agravadas, obstrucción de servicio esencial e intimidación pública.
Tras analizar los elementos incorporados a la causa, el pasado 5 de septiembre la fiscal Soto resolvió firmar el requerimiento de elevación a juicio solo por el delito de “amenazas coactivas simples” contra Tabares. “Estimo que ha quedado acreditada la materialidad del hecho investigado y la participación punible del imputado con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal”, sostuvo la fiscal Soto en el requerimiento.
Vale recordar que el histórico dirigente sindical del SOSCh ya fue condenado en otra causa a tres años de prisión condicional, más una serie de medidas de conducta, al ser hallado responsable del delito de instigación a cometer delitos por los desmanes que se produjeron en la sede de Sameep durante una protesta realizada en septiembre de 2021.
Su defensa presentó un recurso de casación que está pendiente de resolución por parte de la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia por lo que la condena aún no se encuentra firme.
