Así lo estableció el juez Civil y Comercial 6, Jorge Sinkovich, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio de Resistencia, Valeria Cruz. Emplazó a distintos organismos del Estado provincial a establecer un plan “que se ajuste a la realidad imperante”.
Lunes, 11 de septiembre de 2023
El juez Civil y Comercial 6 de Resistencia, Jorge Sinkovich, ordenó a gobierno provincial a establecer un plan, estrategia y/o mecanismos para proteger los derechos y la integridad psicofísica de los niños, niñas y adolescentes cuyos padres los hacen “formar parte de movilizaciones y cortes de calle” en Resistencia “exponiéndolos a inminentes riesgos”.
La orden del magistrado se dio el 4 de septiembre pasado al hacer lugar a una acción de amparo colectivo presentada por la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Resistencia, Valeria Cruz.
Cruz fundamentó su presentación al señalar que, de estos cortes de calle, que se realizan de manera diaria en la capital chaqueña, principalmente en el microcentro, participan niñas, niños y adolescentes, quienes incluso muchas veces son “emplazados en las primeras líneas con la finalidad de aumentar la angustia y agitar el ánimo de las personas, como modo de visibilizar los reclamos que se quiere expresar”.
La Defensora sostuvo además que deviene “necesaria y urgente” la intervención para “proteger a los niños, niñas y adolescentes que en ellas participan y son expuestos a escenarios en los que permanecen varias horas, las situaciones climáticas a veces son adversas e incluso ocurren episodios violentos, todo ello cuando deberían estar en las escuelas, clubes o en instituciones de sus barrios, ejerciendo sus derechos a educarse, alimentarse, relacionarse con sus pares y jugar”.
El juez informó de esta presentación a la Fiscalía de Estado para que realice su descargo pertinente antes de tomar una decisión. Nicolás Umansky, en representación del organismo que defiende los intereses del Estado chaqueño, argumentó que dicho amparo resulta improcedente debido a que no surge con total claridad la arbitrariedad o ilegitimidad cometida por el gobierno provincial.
Señaló deberían ser los padres de los niños o, en todo caso, las organizaciones sociales quienes deberían responder por esta cuestión. De todos modos, detalló la gran batería de acciones que lleva adelante el Estado provincial, como así también de organismos que están abocados, si de protección de los derechos de las infancias se refiere.
Con todo, Sinkovich hizo lugar al amparo al considerar que “asiste razón a la parte amparista en el sentido de que (…) hay afectación de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes de raigambre constitucional, no advirtiéndose un accionar positivo sino más bien negligente por parte del Estado a efectos de dar protección y asistencia a los menores o a los responsables de su crianza y desarrollo, causándose severos perjuicios a su niñez”.
En este sentido, ordenó al Poder Ejecutivo provincial, a través de sus distintos estamentos, que “establezcan un plan, estrategia y/o mecanismos que se ajusten a la realidad imperante y garanticen su ejecución a fin de proteger los derechos y la integridad psicofísica de los menores de edad cuyos progenitores los hacen formar parte de movilizaciones, piquetes, cortes de calle, manifestaciones y/u otros en la ciudad de Resistencia, exponiéndolos a inminentes riesgos y/o posibles vulneración de sus derechos, debiendo informar su cumplimiento al Tribunal en el término de dos días de notificada la presente, bajo apercibimiento de ley”.
Proyecto
Cabe recordar que esta no es la primera vez que se intenta evitar que menores participen de manifestaciones sociales en el Chaco. En agosto del año pasado, un grupo de diputados provinciales del PJ y la UCR, los dos bloques mayoritarios, presentaron una iniciativa por la cual buscaban sancionar a organizaciones sociales que lleven “menores de edad y adolescentes” en sus manifestaciones.
En cuanto a las sanciones, se deja expreso que, una vez comprobado la presencia de menores o adolescentes en una agrupación manifestante, el Estado deberá: a) Citar inmediatamente al referente de la agrupación. b) Comunicar su situación y la prohibición de la presente Ley. c) desafectar los beneficios o subsidios establecidos para los mismos de forma fehaciente. d) Inhabilitar cualquier tipo de ayuda social – económica para las personas que integran el grupo afectado.
La iniciativa lleva la firma de los y las legisladoras peronistas Elida Cuesta, Jessica Ayala, Paola Benítez, Andrea Charole y Gricelda Ojeda, más Roberto Acosta; junto con las diputadas radicales Doris Arkwright, Débora Cardozo y Alicia Digiuni de Azula.
