Se trata del juez de Niñez, Adolescencia y Familia N° 3 del Fuero Penal de Resistencia, Juan Pablo Lubary. El hecho ocurrió el viernes cuando un grupo de al menos diez personas, la mayoría mujeres, exigió de manera violenta al magistrado la libertad inmediata de un adolescente quien se encuentra detenido acusado de robo a mano armada. Lubary tuvo que salir escoltado por la Policía. Unánime repudio de los colegios de abogados, el Superior Tribunal de Justicia, el gobierno provincial y la Asociación de Magistrados.
Sábado, 2 de septiembre de 2023

Un grupo de mujeres, presuntamente pertenecientes a un movimiento social, agredieron al juez del fuero penal de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Lubary, por negarse a otorgarle la libertad a un menor de edad detenido en una causa por robo con uso de arma de fuego.
El hecho se produjo a las 13 del viernes, en las afueras del juzgado, ubicado en Las Heras 320. En un video que registró el momento se ve cómo el juez tuvo que salir escoltado por un grupo de policías hasta un patrullero que lo pudo retirar del lugar, en medio de insultos y agresiones verbales por parte de las manifestantes, quienes también atacaron al patrullero. Previamente, el mismo grupo protagonizó un bloqueo del tránsito en la avenida pidiendo la liberación inmediata del imputado de un hecho cometido la semana pasada.
“No vamos a ceder ante prácticas extorsivas de grupos piqueteros o de otro tipo que afectan la institucionalidad y la seguridad de la sociedad toda”, aseguró el juez a través de un comunicado quien adelantó que se encuentran trabajando en la identificación de todos los autores de las agresiones para realizar las denuncias correspondientes.
Ante estos hechos, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia salió a respaldar el accionar del juez y repudiar la agresión que sufrió. “Debe diferenciarse la investigación por responsabilidad del supuesto hecho delictivo que involucra a una persona menor de edad, investigación que realiza la Fiscalía, y las actuaciones que debe realizar el Juez del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia, respetando las reglas del procedimiento. En ningún caso, el uso de la violencia, las amenazas y ataques ayudan a lograr una resolución de la causa”, indicaron desde la Asociación.

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia repudió el ataque hacia el juez y señaló que “el camino debe ser siempre el del diálogo en la búsqueda de los consensos y las respuestas y soluciones posibles, rechazando todo hecho de violencia o uso de la fuerza sobre las personas y bienes”.
“El STJ se solidariza con quienes han vivenciado situaciones de esta índole que deben evitarse y no contribuyen a la paz social tan necesaria para el bienestar de nuestra sociedad, el respeto a las instituciones y el ejercicio de la función judicial como presupuestos de la república democrática”, indicaron.
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia se solidarizó con el magistrado “rechazando cualquier forma de intimidación que pretenda forzar la toma de decisiones judiciales”.
“La organización del Poder Judicial en un Estado se hace precisamente para canalizar pacífica y racionalmente los conflictos y controversias de la comunidad. Nos sometemos al Derecho para renunciar a la violencia. No hay lugar en una sociedad democrática para la violencia y mucho menos para usarla como un medio para presionar a las autoridades públicas”, indicaron.
A través de su presidente, José Galassi, el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, también mostró su “más enérgico repudio a los hechos de público conocimiento”. También consideró de “suma importancia el trabajo independiente, sin presiones y ajustado a las normativas y convenciones que jueces de Familia deben garantizar a los niños, niñas y adolescentes”.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, cuestionó “todo tipo de acto de violencia” y respaldó el accionar del magistrado. “No vamos a tolerar que un grupo de personas presionen y agredan a un juez. La Justicia trabaja en resolver la situación del menor con los plazos establecidos, respetando la normativa y garantizando derechos. Por lo que repudiamos todo tipo de acto de violencia, sobre todo teniendo en cuenta de que hay autoridad judicial interviniendo y que esa autoridad judicial está realizando su trabajo”, advirtió la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.