El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia manifestó “preocupación” por el proyecto de ley impulsado por la presidenta del Poder Legislativo del Chaco, Elida Cuesta, para crear un registro de obstructores de vínculos familiares. Aseguran que perjudica a las “familias protectoras” que son las que “mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de niños, niñas y adolescentes”.
Viernes, 1 de septiembre 2023
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco sumó su opinión contraria al proyecto de ley que propone crear un “Registro de obstructores de vínculos familiares” al asegurar que “llevará en los hechos a que la persona que en ejercicio de los cuidados personales cohabita con esos/as NNA pueda perder su empleo y/o no acceder a una vivienda, o quedar fuera del sistema crediticio”.
A través de un comunicado, la entidad que nuclea a los profesionales del derecho de la capital chaqueña consideraron que el proyecto de ley impulsado por la presidenta de la Legislatura chaqueña “perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de NNA, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores, que lejos de asumir las consecuencias de sus propios actos las externalizan”.
“Este proyecto de ley pretende perjudicar la situación de los/as progenitores que tienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes cuyo vínculo con sus otros/as progenitores pudo haberse interrumpido debido a denuncias o sospechas de violencias y abusos, yendo en consecuencia contra el principio fundamental de proteger prioritariamente el interés de niños, niñas y adolescentes (NNA)”, sostiene el documento.
En ese contexto, advierte que el proyecto “pone la prioridad en aquellos/a progenitores que están denunciados por violencia y abusos contra los niños, las niñas y adolescentes, definiendo como obstructores a padres y madres que piden judicialmente restricciones al contacto y la comunicación para protegerlos/as, siendo casos en donde no se puede decir irresponsablemente que sean todas denuncias falsas”.
“Agrava de esta manera la situación de quienes muchas veces enfrentan en soledad el cuidado de niños, niñas y adolescentes, sin aportar ninguna solución o mejora para su bienestar individual, ya que llevará en los hechos a que la persona que en ejercicio de los cuidados personales cohabita con esos/as NNA pueda perder su empleo y/o no acceder a una vivienda, o quedar fuera del sistema crediticio”, agregan.
Para el Consejo de Abogados de Resistencia, el proyecto de ley “perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de NNA, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores, que lejos de asumir las consecuencias de sus propios actos las externalizan. Es un proyecto de ley que no aporta una solución pensada en el interés superior de NNA”.
En ese sentido, puntualizan que “es deber de quienes ejercemos la abogacía priorizar el respeto por las personas en situaciones de vulnerabilidad y los principios y valores éticos especialmente en cuestiones de infancias y familias en su gran diversidad y nuestro esfuerzo debe estar encaminado para la mejor resolución de cada caso sin perder de vista lo esencial que son los superiores intereses de NNA”.
“Nuestra opinión se sustenta en la intervención previa del Instituto de Derecho de las Familias y Sucesiones que está compuesto por abogadas y abogados asociadas/os a nuestra institución y que se han especializado en la materia y trabajan profesionalmente en el fuero de niñez, adolescencia y familia, sin improvisación ni oportunismos”, señalan desde el Consejo de Abogados.
Por último, rechazaron “las falaces descalificaciones que se vierten para sostener la defensa de una de las partes que participan en estos graves y dolorosos conflictos intrafamiliares, agrediendo irresponsablemente a profesionales de la abogacía que trabajan con probidad y compromiso con los dramas humanos que intentan encausar en el ámbito pacificador y protector del sistema judicial”.
El comunicado del Consejo de Abogados de Resistencia lleva las firmas de su presidente, Ricardo Urturi; su vicepresidenta Elisa Fernández Asselle, el secretario José Miguel Vigier y el tesorero Leandro Fioravanti.
