En el marco del primer debate preelectoral obligatorio del año, los candidatos a diputados provinciales, Iván Gyoker (Juntos por el Cambio), Jaime Parra Moreno (Frente Integrador), Agustín Romero (Frente CER) y Santiago Pérez Pons (Frente Chaqueño) protagonizaron fuertes cruces, acusaciones cruzadas y realizaron algunas propuestas al abordar el bloque temático de Seguridad y Justicia. Piquetes, la Guardia Whasek, la situación de la Policía y las causas que involucran a dirigentes políticos, los temas recurrentes.
Lunes, 28 de agosto de 2023
Los cuatro candidatos a diputados provinciales que superaron el 3% de los votos en las Primarias Abiertas protagonizaron este domingo lo que fue el primer debate preelectoral obligatorio del año en el Chaco.
Durante casi cuatro horas y media, Iván Gyoker (Juntos por el Cambio), Jaime Parra Moreno (Frente Integrador), Agustín Romero (Frente CER) y Santiago Pérez Pons (Frente Chaqueño) abordaron, entre otros tópicos, la cuestión de Seguridad y Justicia, temas que tenían como sub bloques la calidad institucional y la política anticorrupción. Piquetes, la situación de la Policía, las causas judiciales que involucran a dirigentes políticos y la Guardia Whasek Wichí, fueron los temas recurrentes.
La transmisión se realizó desde el Hotel Platinum de Charata, con producción de Canal 9 y moderación del periodista, Fabio Rodríguez. Los debates preelectorales son obligatorios en el Chaco según la Ley 2113-Q, sancionada en 2013.
Durante el debate no faltaron las chicanas y acusaciones cruzadas. En cuanto a las propuestas, vale decir que fueron bastante escasas. Desde la oposición abundaron las críticas hacia la gestión actual, principalmente por la supuesta anuencia hacia los cortes de calle y los graves problemas legales que tienen algunos de sus ex precandidatos a diputados, como Emerenciano Sena (detenido por el presunto femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski) y Osmar Quintín Gómez (también preso, acusado de violación).
Pérez Pons, en representación del oficialismo, destacó la inversión realizada en la Policía, tanto en infraestructura, equipamiento e ingreso de personal. Destacó la transparencia del proceso a través del cual actualmente se eligen a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, comparándola con la opacidad ejercida durante los últimos gobiernos radicales. También apuntó contra el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, al involucrarlo en la denominada causa “Pimp”, que la tiene a su exjefa, la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, sentada en el banquillo de los acusados, imputada por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
“Desde la cárcel”
“Menos mal que debatimos los primeros en la lista porque si hubiéramos venido más hubiera que transmitir esto desde la cárcel”, arrancó picante Gyoker, en clara alusión a los exprecandidatos detenidos. “¿Qué respeto va a tener la ciudadanía por la ley si los mismos que dicen defenderla tienen listas llenas de criminales?”, redobló.
A continuación, el candidato de Juntos por el Cambio se refirió a la situación de la Policía del Chaco. Dijo que es una fuerza de seguridad “desamparada”, “sin equipamiento” y “sin órdenes claras”. “Un policía, ante un delito, entra en la cruel encrucijada entre perder su trabajo o su vida. El gobierno decidió que nadie nos cuide”, afirmó Gyoker, al tiempo que se refirió a distintos episodios de inseguridad que se dieron en la provincia.
“A quién le importa cuantos bancos rosados pintaron cuando somos la primera provincia en niveles de femicidio. Nos toman de boludos”, expresó.
Aseguró que el Chaco se convirtió en una “ruta narco”, al señalar que “ya perdimos la cuenta” respecto de las avionetas con estupefacientes que atraviesan el cielo chaqueño. También se refirió a la Guardia Comunitaria Whasek Wichí, de la zona de El Sauzalito. Aseguró que este grupo de personas, pertenecientes a los pueblos indígenas y cuya labor está dentro del esquema municipal, recibió “armas” por parte del gobierno provincial “y les confirieron la potestad de definir quien entraba y quien salía en El Impenetrable”.
Gyoker: “Menos mal que debatimos los primeros en la lista porque si hubiéramos venido más hubiera que transmitir esto desde la cárcel”
Cabe aclarar que, en mayo de este año, se cumplieron tres años del acuerdo de pacificación firmado entre los miembros de la Guardia Wichí y el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en la sede del Juzgado Federal de Sáenz Peña, y que fuera ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y la Cámara Federal de Casación Penal.
En aquella oportunidad, se suscribió un acuerdo en el que ambas partes se comprometían a una serie de puntos que evitaran la criminalización de las protestas que venían llevando adelante las comunidades indígenas en la zona de El Sauzalito. La Guardia Whasek aceptó abandonar el uso de armamento y la indumentaria de combate y reconvertirse en una guardia ambiental del territorio, mientras que el gobierno del Chaco hizo lo propio ante una serie de demandas históricas del pueblo Wichí y a suspender el impulso de cualquier acción penal contra los dirigentes indígenas.
Por otra parte, Gyoker abordó la problemática de los cortes de calle en el centro de Resistencia. Se refirió a los últimos desalojos al señalar que esta orden del gobernador de terminar con los piquetes es una suerte de sobreactuación que “no la cree nadie”. “Sabemos que ellos son los dueños de la industria del piquete”, afirmó.
A pesar de que desde 2015 ya existe la Ley 2399-J, que establece los protocolos de intervención en manifestaciones, el candidato de Juntos por el Cambio mencionó entre sus propuesta la de crear, justamente, “un protocolo antipiquetes para respaldar a nuestra policía”. “Vamos a terminar con ser rehenes de un grupo de delincuentes. A partir del 10 de diciembre, el que las hace las paga”, cerró.
“Anarquía”
Jaime Parra Moreno no fue menos duro en su diagnóstico. Dijo que la provincia atraviesa una situación de “anarquía” y “crisis institucional”. Al igual que Gyoker, también criticó la proliferación de piquetes en las localidades del interior provincial, los cuales, según el candidato del Frente Integrador, están fogoneados desde el propio gobierno provincial. “Sabemos que quien tiene que ir a un médico, a hacer un trámite o recibir mercadería se ve impedido por esta situación, fomentada por el gobierno de turno”, acusó.
Reiteró que, según su óptica, al contrario de lo que sostuvo en su momento el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, un corte de calle es “un delito, no es una falta” y lamentó a su vez que se utilicen miembros de la policía provincial para custodiar estas manifestaciones. “La policía termina abocada a cuidar a estos delincuentes, dejando desatendida a nuestra población”, afirmó.
Parra Moreno también mostró su preocupación por la existencia de la Guardia Whasek. Al igual que su antecesor en la palabra, acusó a esta agrupación de estar “armada” e impedir la libre circulación en las rutas de El Impenetrable.
“Te apuntan y te cobran peaje. Si no, no te dejan pasar”, denunció. En este sentido, acusó al Ejecutivo provincial de proveerle de “uniformes y varias cosas que ellos piden” y al gobierno radical de El Sauzalito por haberlos reconocido a través de una resolución municipal. “Fue el primero que le da entidad”, recordó.
Parra Moreno: “La policía termina abocada a cuidar a estos delincuentes, dejando desatendida a nuestra población”
“Acá se necesita decisión política para terminar con el delito de limitar la libre circulación. Es muy fácil hacerlo, como lo hizo en su momento cuando estuvo a cargo de la gobernación nuestro hoy candidato a gobernador, Juan Carlos Bacileff Ivanoff”, expresó y propuso dar de baja los planes sociales a quienes corten calles.
“Sin delincuentes”
“Nuestro gobierno va a ser un gobierno sin delincuentes”, comenzó Agustín Romero. “Nuestro gobierno no va a usar piqueteros, ni a las víctimas para hacer política ni tampoco tiene que estar metiéndose en la Justicia. Nuestra principal política de Justicia va a ser no interferir en ella, respetando la independencia de poderes”, añadió. Propuso fortalecer presupuestariamente a la Justicia provincial y modernizar su funcionamiento.
Asimismo, señaló que desde su espacio político se busca actualizar el protocolo de actuación de las fuerzas de Seguridad ante manifestaciones que bloqueen el tránsito. Se diferenció de otras propuestas de la oposición, por considerarlas cuasi dictatoriales, aunque retomó la idea de dar de baja los planes sociales de aquellos que participen de piquetes.
Explicó que esta actualización está vinculada a prohibir totalmente el corte de avenidas, rutas y corredores estratégicos de la provincia y de cada ciudad. “Tendrán que manifestarse en vías secundarias”, indicó.
Romero: “Nuestro gobierno no va a usar piqueteros, ni a las víctimas para hacer política ni tampoco tiene que estar metiéndose en la Justicia”
También anticipó que de llegar a la Legislatura promoverá la creación de Juzgados Multifueros para que haya mayor accesibilidad al Poder Judicial para los chaqueños que residen en zonas alejadas de las grandes urbes.
Remarcó la necesidad de que los organismos de contralor del Estado chaqueño estén completamente en manos de la oposición. “Así lo hicimos en el municipio de Resistencia y no tuvimos ningún problema. Es la forma de garantizar calidad institucional”, destacó.
En cuanto a la cuestión de Género, sostuvo que es necesario revisar la legislación actual. Dijo que se debe incorporar el acoso callejero y también se refirió a las “fake news”, es decir, desinformaciones publicadas en medios de comunicación o redes sociales. “Es muy violento como se miente”, afirmó.
También consideró necesario que los testigos de casos de violencia de género puedan realizar denuncias y no sólo las víctimas, y que a los menores se les pueda tomar la denuncia sin el aval de un mayor.
“Queremos proponer tomar la diversidad con la incorporación de los roles en las fuerzas de Seguridad, con la feminización y la incorporación de personal trans. Incorporar la diversidad a la fuerza de seguridad nos dará mayor sensibilidad a la hora de proteger”, agregó.
La tracción a sangre también fue un tema que retomó Romero. Aunque en el municipio de Resistencia está prohibido, los carros con carga pesada jalados por caballos continúan circulando sin ninguna autoridad que se haga responsable de aplicar la normativa.
“En el Concejo Municipal se prohibió la tracción a sangre, pero en el ejido de Resistencia no se cumple”, reconoció el candidato del CER, quien culpó por esta inacción a la Policía del Chaco. Respecto a esta punto, anticipó que propondrá por ley prohibir la tracción a sangre en los entornos urbanos de la provincia.
“Multicausal”
Pérez Pons fue el encargado de cerrar la ronda de exposiciones sobre este bloque temático. Abrió su discurso al reconocer que la cuestión de la Seguridad Pública es un problema “multicausal” que requiere la intervención de todas las áreas del Estado.
Defendió el rol de los agentes de la Policía del Chaco (“¿saben el sacrificio que significa ser policía?”), aseguró que desde la oposición se “menosprecia a los miembros de nuestra fuerza de Seguridad”, y apuntó contra los municipios con mayores índices delictivos: Resistencia y Sáenz Peña. El primero, conducido por Gustavo Martínez, líder del CER, y el segundo por Bruno Cipolini, una de las principales figuras de la UCR chaqueña. “Tienen calles destruidas, sin iluminación, con edificios públicos abandonados”, apuntó.
El ministro también echó mano al archivo. Recordó que durante los 12 años de gobiernos radicales de Roy Nikisch y Ángel Rozas, más de 4 mil agentes tuvieron congelados sus ascensos, todas las bonificaciones estuvieron bloqueadas, los chalecos antibalas estaban vencidos y había sólo 150 patrulleros para todo el territorio provincial.
En contraposición, enumeró lo hecho por el gobierno de Jorge Capitanich en los últimos años: creación del Instituto Superior de Seguridad Pública, incremento de todas bonificaciones, aumento salarial por encima de la inflación y la compra de 700 motos y patrulleros en los últimos dos años (“se pasó de 150 a 1712 vehículos”, contó).
“Cuando eran gobierno, no podían garantizar algo tan básico como que cada policía tenga su uniforme”, recordó Pérez Pons y señaló la exigua inversión en infraestructura realizada por el radicalismo en el período 1995/2007. “¿Saben cuántas comisarías hicieron? Una. ¿Saben cuántas refaccionaron? Ninguna. Nosotros hicimos 10 comisarías nuevas y refaccionamos 26”, comparó. Destacó además que por decisión de Capitanich se dieron más de 4000 ascensos, con una planta de policías de más de 8 mil (“la plantilla más grande de la historia de la provincia”).
De todos modos, reconoció que hace falta más recurso humano en las fuerzas de seguridad y por eso explicó que se comenzó un proceso para incorporar más agentes. “En cuatro años se va a llegar a 11.500 policías”, adelantó. “¿En serio nos van a hablar de mejorar la Seguridad Pública?”, se preguntó de manera retórica.
Pérez Pons: “Cuando eran gobierno, no podían garantizar algo tan básico como que cada policía tenga su uniforme”
Respecto al tema piquetes, Pérez Pons reconoció que hay dos derechos en disputa (el de circular y el de manifestarse). Afirmó que, si bien todas las críticas de quienes se ven afectados por los cortes de calle recaen en el accionar del Poder Ejecutivo, son los operadores de la Justicia quienes deberían intervenir con mayor firmeza. “Es responsabilidad del Poder Judicial tomar todas las medidas, en todos los casos, sin excepción”, afirmó.
Destacó por otra parte las diferentes medidas que se tomaron en las gestiones de Capitanich para garantizar la independencia plena del Poder Judicial. “Hoy, gracias a decisiones de este gobierno todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia son elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Esto no siempre pasó. El radicalismo elegía jueces a dedo y los perseguía con un sistema de sanciones”, rememoró.
La denominada causa “Pimp”, cuyo juicio actualmente se sustancia en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, por presuntos hechos de corrupción cometidos en el municipio de Resistencia durante la gestión de Aída Ayala, también fue mencionada en el debate.
Pérez Pons aseguró que el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, está “acusado” en dicha causa y que “no podía no saber” lo que ocurría “siendo el jefe de gabinete, firmando todos los instrumentos legales”.
De todos modos, cabe aclarar que esto no es así: entre los imputados por asociación ilícita y lavado de activos están, entre otros, la exintendenta Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, pero no Zdero. De hecho, según pudo confirmar LITIGIO, el actual diputado provincial fue convocado a declarar, pero calidad de testigo.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, tanto Ayala como Sampayo eran jefes de una asociación ilícita a partir de la cual habrían beneficiado con millonarias licitaciones a empresas conformadas por personas allegadas, fundamentalmente la empresa PIMP SA (para la recolección de residuos), y que luego introdujeron esos fondos al circuito legal a través de la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.
“Nosotros somos un gobierno que defiende la calidad institucional, pero de verdad”, destacó Pérez Pons. “Propusimos una reforma judicial muy grande, para tener paridad de género en el Superior Tribunal, para que los jueces no tengan los cargos de manera permanente, para que rindan concurso cada cinco años y para que el gobernador pueda estar sólo ocho, sin reelecciones indefinidas. ¿Saben qué pasó con estas propuestas de leyes presentadas por el gobierno? Los diputados de Juntos por el Cambio no se sentaron a debatir”, recordó.
Comentó además que gracias a una iniciativa impulsada por la gestión de Capitanich, todos los funcionarios provinciales deben someterse al juicio por residencia, a partir del cual, una vez concluido el mandato, todas las personas con rangos jerárquicos superiores a directores deben hacer una rendición de cuentas de lo hecho y de su patrimonio. “Nosotros como legisladores vamos a seguir pidiendo una reforma integral de la Justicia, porque queremos vivir en una provincia más tranquila”, culminó.
Cómo sigue
El próximo debate de los candidatos a diputados provinciales se realizará el 4 de septiembre. En esta oportunidad, la transmisión será desde el Centro de Convenciones Gala en Resistencia. En esa oportunidad, se abordarán los bloques temáticos vinculados a Empleo y Promoción Social, Educación y Salud, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Vivienda.
