La exsecretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia, Alicia Ogara, y los dos exsecretarios de Economía de la gestión de Aída Ayala, Fernando Novo y José Abraam, responderán como testigos ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia en el juicio por presunta asociación ilícita y lavado de activos contra Aída Ayala, Jacinto Sampayo y otras 16 personas.
Lunes, 21 de agosto de 2023
Este martes 22 de agosto, a partir de las 9, tendrá lugar la segunda ronda de declaraciones testimoniales en el juicio oral y público por asociación ilícita y lavado de activos que tiene como principales imputados a la exintendenta radical de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo. Será en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia ante el tribunal que preside el juez Juan Manuel Iglesias, secundado por sus pares Enrique Bosch, Marta Berros y Manuel Moreira.
En esta jornada se escucharán los testimonios de los exfuncionarios municipales de la gestión de Ayala que tuvieron distintos tipos de participación en el proceso de la polémica licitación que concluyó con la adjudicación a favor de la empresa PIMP SA para la recolección de residuos sólidos urbanos. Se trata de la exsecretaria de Obras Públicas, Alicia Ogara, y de los exsecretarios de Economía, Fernando Novo y José Abraam.
En la primera jornada de testimonios, dos ex agentes de la Policía Federal de la delegación Resistencia ratificaron la llamada anónima recibida a fines de enero de 2018 y que dio origen a la investigación de esta causa; por su parte, el exdiputado provincial Ricardo Sánchez relató cómo fue que junto a un grupo de colegas legisladores presentó en 2015 una denuncia penal ante la justicia provincial por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación a la empresa PIMP SA.
Por la parte acusadora participan el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, y sus pares Indiana Garzón (de Santiago del Estero) y Carlos Gonella (de Córdoba).
La acusación
De acuerdo al requerimiento fiscal, los imputados conformaron “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños”.
En ese contexto, habrían realizado diversas maniobras para ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado a través de la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, “generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”.
De acuerdo a la hipótesis acusatoria, la organización estaba encabezada por Ayala y Sampayo “que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas”. En ese sentido, además de haber diseñado el mecanismo que posibilitó la materialización de los delitos precedentes al lavado de activo, permitieron que finalmente PIMP SA, una organización societaria sin estructura, sin medios, sin capital, resulte acreedora de millonarias sumas de dinero provenientes de las arcas del municipio de Resistencia, y luego, nutriéndose de esa estructura, volcaron el producido del ilícito, logrando de esa manera reciclar el dinero, dotando al mismo de una apariencia lícita”.
Los imputados
El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, requirió, en abril de 2021, que Ayala y Sampayo sean enjuiciados como coautores de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado. Igual medida solicitó respecto del abogado Alejandro Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez para que respondan como coautores de los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado.
También pidió que la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña vayan a juicio como partícipes necesarios de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado; que Fátima Rigassio, Natalia y Diego Martínez Guarino respondan por enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos agravado; mientras que a Luis Escobar lo acusó por los dos últimos delitos.
Sabadini también solicitó el enjuiciamiento de Cristian Zapata, Víctor Quiroz y Mónica Centurión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y de Eulalio Bouza como partícipe necesario de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado. Por este último también deberán responder Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez.
