El exdiputado justicialista Ricardo Sánchez, quién en 2014 denunció ante la justicia provincial las irregularidades en la licitación que favoreció a la empresa PIMP SA, será el primero en declarar como testigo en el juicio oral por presunta asociación ilícita y lavado de activos contra Aída Ayala, Jacinto Sampayo y otras quince personas. Será este jueves 17 de agosto, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
Martes, 15 de agosto de 2023
Este jueves 17 de agosto, a partir de las 9, comenzará la ronda de declaraciones testimoniales del juicio oral y público de la causa conocida como “Lavado II” o “PIMP”, que tiene como principales imputados a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, por asociación ilícita y lavado de activos.
El primer testigo que se sentará ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia será el exdiputado provincial por el Justicialismo, Ricardo Sánchez, el primero en denunciar penalmente las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de licitación que terminó favoreciendo a la empresa PIMP SA en una causa que la justicia provincial terminó archivando por supuesta inexistencia de delito.
La presentación del exlegislador se realizó en el año 2015, luego de la difusión pública de un informe elaborado por el Centro de Estudios Nelson Mandela DDHH, que coordinaba el fallecido abogado Rolando Núñez, que daba cuenta de las numerosas irregularidades de la gestión de Aída Ayala durante el proceso de licitación en el que resultó adjudicada PIMP SA para la recolección de residuos sólidos urbanos.
Por otro lado, el TOF decidió que la tercera audiencia del juicio oral y pública se lleve adelante el próximo martes 22 de agosto cuando se prevé escuchar los testimonios de varios exfuncionarios municipales durante la gestión de Ayala, entre ellos Alicia Ogara, exsecretaria de Obras Públicas; Fernando Novo, exsecretario de Economía, y José Abraam. Paralelamente, el tribunal que integran los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Marta Berros decidió suspender las audiencias previstas para el 29 y 31 de agosto.
La acusación apunta a la exintendenta de Resistencia y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales como jefes de una asociación ilícita, integrada por otras 16 personas, que benefició con millonarias licitaciones a empresas conformadas por personas allegadas, fundamentalmente a la empresa PIMP SA (para la recolección de residuos), y que luego introdujeron esos fondos al circuito legal a través de la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.
