La cuestionada titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 22 de Resistencia, Teresita Fanta, inició los trámites jubilatorios ante el InSSSeP con el objetivo de evitar que el Consejo de la Magistratura avance con el juicio político que podría concluir en su destitución. El martes 8 sería una jornada clave.
Domingo, 6 de agosto de 2023
Este martes 8 de agosto sería un día clave para el futuro de la jueza Civil y Comercial Nº 22 de Resistencia, María Teresita Fanta. Es que el Consejo de la Magistratura, constituido en Jurado de Enjuiciamiento, deberá resolver si la suspende y le inicia un juicio político que podría derivar en su destitución del cargo.
A fines de abril, luego de una información sumaria ordenada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, el Procurador General Jorge Canteros formalizó la acusación solicitando la destitución de la magistrada denunciada por presunta violencia laboral contra la mayoría del personal de ese juzgado y también por la demora en la tramitación de causas. Actualmente, la jueza Fanta se encuentra de licencia y su cargo es ocupado provisoriamente por la jueza Miriam Machado.
Sin embargo, a lo que debiera ser un trámite formal que le permita enfrentar el jury con todas las garantías del debido proceso, la magistrada presentó dos recursos solicitando al Consejo de la Magistratura suspenda el procedimiento porque no se encontraba en condiciones de ejercer su propia defensa debido a problemas de salud. Ambas presentaciones fueron rechazadas por el Consejo, la última en la reunión del pasado 1 de agosto. En diálogo con Radio Provincia, el presidente del Consejo de la Magistratura, el abogado Daniel Zalazar, señaló este viernes que la jueza “no acredita estar imposibilitada de defenderse y que su situación de salud le impida ejercer su derecho de defensa”.
Paralelamente, la magistrada inició ante el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP) del Chaco los trámites para acogerse a la jubilación por incapacidad y así eludir el juicio político, ya que si consigue que se certifique que presenta una incapacidad superior al 66 por ciento, se habilitaría su jubilación por invalidez y quedaría sin ningún tipo de sanción por las conductas que se le endilgan y que en un principio fueron denunciadas por la propia secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda, que sería una de las testigos propuestas por la Procuración General.
En la próxima reunión, los consejeros resolverían avanzar con la suspensión de la magistrada y dar trámite al inicio del juicio político. Al menos, así lo anticipó el presidente del Consejo de la Magistratura.
Zalazar reconoció que “la posibilidad o la eventualidad de que ella recurra a la justicia para ejercer un control judicial sobre los actos del Jurado Enjuiciamiento está abierta”, no obstante afirmó que “nosotros creemos que nuestras decisiones están ajustadas a derecho”.
“Si bien padece una enfermedad, que la plantea, pero no vemos que eso justifique la paralización o la imposibilidad de llevar adelante un trámite como el instruido por el Procurador General. Nosotros tenemos que velar tanto por el derecho de defensa de ella como también el interés público que representa el procurador general de que se resuelva una petición, en este caso un pedido de destitución”, subrayó.
En ese contexto, el presidente del Consejo de la Magistratura refutó acusaciones del Colegio de Abogados de Resistencia de que el organismo demoraba el trámite para beneficiar a la magistrada. “No es así, no hay demora para favorecer a la doctora Fanta, hay un pedido de jubilación por invalidez, ella misma lo manifiesta en el expediente, y ella de alguna manera lo que solicita es que se supedite o se subordine el avance del enjuiciamiento al resultado de la Junta Médica o lo que el InSSSeP pueda decir respecto a su pedido de jubilación por invalidez”, explicó.
“Queremos respetar el derecho de defensa pero hay un interés público a defender, que es que quién esté a cargo de un tribunal tenga la idoneidad suficiente como para mantenerse en el cargo”, aseguró Zalazar.
En ese contexto, el presidente del Consejo de la Magistratura recordó el caso de un anterior jury de enjuiciamiento que se llevó adelante sin la presencia del acusado por estar con una enfermedad y luego fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia. “Por eso también queremos ser respetuosos con las garantías y tener en cuenta antecedentes jurisprudenciales respecto a estas cuestiones”, confesó el presidente del Consejo de la Magistratura.
