Un abogado de Resistencia que se desempeña en el Servicio Penitenciario Provincial será sometido a juicio correccional imputado por los delitos de presunta violación de domicilio de su expareja en dos ocasiones, amenazas simples en contexto de violencia de género y desobediencia judicial. En el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal debió anular “por falta de perspectiva de género” la resolución de una jueza de Garantías que había sobreseído al acusado por los dos últimos los delitos.
Miércoles, 2 de agosto de 2023
El 16 de octubre de 2021, alrededor de las 16:20, A.A.E. ingresó sin autorización en el departamento céntrico de su expareja, la insultó y la amenazó de muerte. “Si te encuentro con alguien lo voy a matar, lo voy a denunciar y también te voy a denunciar”, le dijo, entre palabras denigrantes a su condición de mujer. Por ese hecho, calificado como amenazas simples en contexto de violencia de género, deberá afrontar un juicio en el Juzgado Correccional Nº 2 de Resistencia, a cargo de la jueza Natalia Fernández Floriani.
En el marco del acoso a su expareja, también habría cometido otros delitos por los que será juzgado: por violar el domicilio de su ex en dos oportunidades y desobedecer la prohibición judicial de acercamiento que pesaba sobre él.
El imputado es abogado del foro local y se desempeña en el Servicio Penitenciario Provincial. Actualmente, se encuentra con tareas pasivas, sin arma reglamentaria y percibe el 50 por ciento de su salario.
El derrotero de la causa
En noviembre de 2022, la jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, María de la Mercedes Pereyra, había elevado la causa a juicio pero solo por el delito de la violación de domicilio, sobreseyendo al acusado por los delitos de amenazas y desobediencia judicial. Fue por considerar que esos hechos no tenían entidad suficiente como para someterlo a juicio. Respecto del primer hecho, la jueza consideró que se dio en el marco de una “discusión” y sobre el segundo, que se trató de un “encuentro casual en una ciudad pequeña”.
En ese contexto, la fiscala Nº 11, Noelia Encinas, apeló el sobreseimiento ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal que anuló la resolución de la jueza Pereyra por considerar que incurrió en un “peligroso alejamiento de la necesaria perspectiva de género” y la apartó del caso.
El tribunal de alzada remitió la causa al Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia que, a principios de junio, dejó firme las imputaciones por todos los delitos al rechazar la oposición de la defensa a la elevación a juicio.
Antes del receso de julio, la fiscala del caso presentó ante el Juzgado Correccional Nº 2 de Resistencia las pruebas y testimonios que se expondrán durante las audiencias del juicio, que aún no tiene fecha.
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