La jueza camarista, Dolly Roxana Fernández, es una de las postulantes al cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. El lunes participó de la primera parte de la fase de oposición de este concurso, donde expuso sobre Derecho Constitucional y Convencional ante los integrantes del Consejo de la Magistratura, en su rol de Tribunal Examinador. Posteriormente respondió preguntas de los consejeros vinculadas a derecho ambiental, juicio por jurados y aplicación de perspectiva de género en los procesos judiciales, entre otros temas.
Martes, 1 de agosto de 2023
En el marco del concurso para cubrir la vacante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco, Dolly Roxana Fernández, jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, protagonizó un llamativo momento durante su entrevista ante el Consejo de la Magistratura del Chaco, en su rol de Tribunal Examinador.
Fue al ser consultada por la diputada justicialista y consejera, Jessica Ayala, respecto de su posición sobre la necesidad de implementar la perspectiva de género en todas las fases de los procesos judiciales. La legisladora contextualizó la pregunta al recordar recientes fallos del STJ en donde se revisaron sentencias de primera instancia en las cuales se detectaron prejuicios y estereotipos contra mujeres que había resultado condenadas en causas penales.
“No sé a qué se refiere con perspectiva de género, pero sí, siempre se aplica para la resolución de conflictos todas las directivas establecidas en estos dos cuerpos normativos internacionales”, respondió Fernández, haciendo mención a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como Convención Belén Do Pará).
Fernández aclaró que el rango de ambas convenciones “es diferente”, debido a que la CEDAW está incorporada como tratado de derechos humanos con rango constitucional a partir de una ley del Congreso de la Nación, mientras que la Convención de Belén Do Pará aún no. “Sin embargo, se aplican indistintamente porque forman parte de la legislación y en esa aplicación lo que siempre se hace con esta perspectiva”, abundó.
Exposición
Previo a la ronda de preguntas, la magistrada abordó dos temas generales: como primer tema, lo vinculado a los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 37 de la Constitución Provincial.
Y como segundo tema, abordó lo referido a la supremacía de la Constitución y orden de prelación, control de constitucionalidad y de Convencionalidad, además de los efectos de los informes y sentencias de la Comisión y Corte Interamericana de los Derechos Humanos y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se hizo especial hincapié en el Caso Fontevechia, referido a la responsabilidad internacional del Estado argentino por la sanción judicial impuesta al director y editor de la revista Noticas, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, respectivamente, debido a una nota sobre la existencia de un hijo no reconocido de Carlos Menem, algo que supuestamente habría afectado la vida privada del entonces presidente.
Una vez concluida su exposición, se dio la ronda de preguntas por parte de los consejeros. La ministra del STJ y consejera, Isabel Grillo, pidió conocer su mirada sobre los distintos tipos de violencia desde la óptica penal, civil y de familia y también respecto de la situación actual de los juicios por jurados en la provincia.
“Son cuestiones sensibles y difíciles de decidir, a lo mejor no tanto en el marco penal porque cuando viene a esa instancia son hechos aberrantes y por ahí, por una cuestión de prueba, una decisión en derecho penal es menos difícil tomar decisiones en el ámbito de familia”, respondió Fernández respecto de la cuestión de violencia machista.
“En el ámbito de familia hay otras cuestiones que se involucran. Porque la familia se funda como un ideal, como un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es el que se ve truncado por estas cuestiones. Insisto en que hay que hacer un trabajo de educación, de mayor compromiso para poder incorporar en la mentalidad de todos los ciudadanos tener comportamientos que sean adecuados y de respeto”, añadió.
Con respecto a los juicios por jurados, respaldó su aplicación y destacó el compromiso de las personas que participan. Recordó también que hasta el momento se realizaron más de 60 juicios en el Chaco con este formato.
“Hace cuatro años que se ha implementado este sistema y la verdad que desde mi punto de vista ha tenido muy buena repercusión social”, sostuvo. “Eso se advierte de los distintos jurados y de las personas que lo han visto. Sorprende mucho el resultado de los juicios y el procedimiento”, argumentó.
De oficio
Por su parte, la consejera en representación del Poder Judicial, Ana Mariela Kassor, quiso saber qué postura asumiría en caso de acceder al cargo en el STJ en relación a declarar la inconstitucionalidad de oficio de alguna ley.
“Me enrolaría en la postura amplia, que considera la declaración de oficio, con esto de que no debería existir esta limitación del principio de iura novit curia (principio que permite a un juez determinar el derecho aplicable a una controversia sin consideración a las normas invocadas por las partes) y con la prescripción que tenemos de la Corte de que ningún juez debe dejar de aplicar una norma constitucional”, contestó.
El consejero en representación de los abogados del interior, Edgardo Reguera, le pidió conocer su posición general respecto del derecho ambiental en cuanto a los presupuestos mínimos de conservación de los bosques nativos.
“Las normas ambientales, como actualmente se prescriben, tienen una doble función: de prevención y de recuperación. También está la sanción, claro. Pero mi mirada con respecto a eso es de protección a nuestros bosques nativos”, remarcó.
La jueza Grillo volvió a tomar la palabra y le consultó respecto a la protección de trabajadores y tutela sindical. “En caso de acceder al Superior Tribunal de Justicia, ¿su mirada va a ser restrictiva o garantista respecto a esto?”, inquirió Grillo.
A lo que Fernández respondió: “Siempre garantista, doctora. Yo soy una jueza donde toda mi carrera fui garantista porque lo que corresponde es respetar la Constitución y los tratados convencionales”.
Plan de Gobierno
La etapa de oposición proseguirá el lunes 7 de agosto a las 17 horas, oportunidad en que tanto Fernández como el juez, Fabián Amarilla, realizarán la exposición del plan de gobierno para el Poder Judicial en el mismo orden que lo hicieron el lunes. También tendrán treinta minutos para explicar su propuesta. La cita será nuevamente en el Salón de usos múltiples del Superior Tribunal de Justicia.
El resto de los inscriptos, Ernesto Azcona, Jorge Gustavo Dahlgren, Julián Benito Flores, Gonzalo García Veritá, Gladis Regosky, Jorge Sinkovich, Néstor Varela y Fernando Zabalza optaron por mantener el puntaje que alcanzaron en el concurso de 2021.
El tribunal examinador del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento está integrado por su presidente, Daniel Zalazar; la vicepresidenta, Iride Isabel María Grillo y las consejeras y consejeros: Gloria Zalazar, Edgardo Reguera, Ana Mariela Kassor, Carim Peche y Jessica Ayala.
La jornada será abierta al público para los que deseen asistir de manera presencial y también tendrán transmisión en vivo en www.youtube.com/cmyje
