Por instrucción del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, la Procuración General la acusó por serias deficiencias en la gestión del Juzgado Civil y Comercial N° 22 de Resistencia y por violencia laboral ante las reiteradas denuncias por parte de los trabajadores y trabajadoras de ese Juzgado que, en su gran mayoría, solicitaron ser trasladados a otras dependencias. El próximo martes 1 de agosto, el Jurado de Enjuiciamiento del Chaco resolverá si le inicia un juicio político.
Jueves, 27 de julio de 2023
“Resulta evidente que su accionar constante y permanente en el tiempo han puesto de relieve una situación crítica y de graves consecuencias, no solo sobre el personal a su cargo sino también de los justiciables a los que debía impartir justicia resolviendo sus causas”, señala la acusación formulada por la Procuración General a través de la cuál solicitó el jury de enjuiciamiento y la destitución de la jueza Civil y Comercial N° 22 de Resistencia, María Teresita Beatriz Fanta.
Por instrucción del Superior Tribunal de Justicia, a través de la resolución N° 289 del 12 de abril pasado, el jefe de los fiscales consideró que la magistrada “carece de la idoneidad suficiente para la conducción del grupo de personas que conformaba su equipo de trabajo, ello emerge de los testimonios brindados por el personal y los funcionarios que se desempeñaban en el Juzgado”.
La presentación fue realizada el 25 de abril de 2023, mientras se trataba el juicio político contra la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Villa Ángela, Laura Buyatti, que terminó siendo destituida de su cargo en un veredicto unánime del Jurado de Enjuiciamiento y dado a conocer el pasado 11 de julio. El próximo martes 1 de agosto, al reiniciarse la actividad luego del receso invernal, el organismo tendrá otra vez en sus manos la decisión de iniciar el proceso de juicio político contra una magistrada.
En rigor, la acusación se funda en el artículo 8 de la ley 33-B en sus incisos c), d), i) y q), que versan sobre “incumplimiento de las condiciones exigidas por la Constitución y las leyes para el ejercicio del cargo, incompetencia o negligencia reiteradamente demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo, reiteración de graves irregularidades en el procedimiento, realización de actos incompatibles con los contemplados en la ley de Erradicación y Prevención de la Violencia Laboral en el ámbito de la administración pública”.
Entre los cargos contra la jueza Fanta, se incluye el incumplimiento de los plazos procesales, no ordenar diligencias a su cargo, irregularidades en la tramitación de las causas y falta de dictado de sentencias.
Si bien las acusaciones también entran bajo la causal de “mal desempeño”, en esta ocasión los cargos contra la jueza de primera instancia apuntan, ya no a un conflicto de la vida personal que se volvió público, a sus deficiencias en la gestión de las causas que se tramitan en el Juzgado Civil y Comercial N° 22 de Resistencia, por las que la magistrada intentó responsabilizar al personal del mismo.
En la información sumaria instruida por orden del STJ, se incorporaron los testimonios de los empleados y empleadas del Juzgado Civil y Comercial N° 22 que en su gran mayoría denunciaron los malos tratos a los que eran sometidos por parte de la jueza Fanta que derivaron desde pedidos de licencias psiquiátricas hasta solicitudes de traslado a otros tribunales. De hecho, se trata de la primera acusación contra un funcionario judicial chaqueño por violencia laboral ejercida contra empleados y empleadas judiciales que se formaliza ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.
De acuerdo a los informes elaborados por la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, los inconvenientes surgieron a partir de marzo del año 2021 cuando Fanta se reincorporó al Juzgado luego de un período de licencia. En ese contexto, se había acordado con la magistrada un programa para el mejoramiento de la gestión en el Juzgado a su cargo, que nunca se cumplió. También se encuentra incorporada a la acusación una presentación realizada por el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco. De hecho, el testimonio de la secretaria general de ese sindicato, Graciela Aranda, es uno de los doce propuestos por la Procuración General para ser escuchados durante las audiencias del juicio político, en caso de que el Jurado de Enjuiciamiento de trámite a su pedido.
