Así lo sostuvo Máximo Sozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. Fue durante la presentación del libro “La prisión del siglo XXI: diagnósticos, debates y propuestas”, que se realizó en Resistencia. De ese panel, también participaron el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen; la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz y la docente y funcionaria de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Camila Petrone.
Miércoles, 12 de junio de 2023
Cómo terminar con los abusos en las prisiones y las positivas experiencias surgidas gracias al acceso controlado de teléfonos celulares para las personas privadas de la libertad, fueron algunos de los tópicos abordados durante la presentación del libro “La prisión del siglo XXI: diagnósticos, debates y propuestas”, que se realizó recientemente en Resistencia.
El panel contó con destacados expertos en la materia. Disertaron el docente investigador de la Universidad del Litoral, Máximo Sozzo; la Defensora General Adjunta del Chaco, Gisela Gauna Wirz; la docente y funcionaria de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Camila Petrone; y el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen. El evento fue presentado por Juan Almada, director de la revista de la Asociación Pensamiento Penal.
El concepto de “democratizar la prisión” fue el disparador para la exposición de Máximo Sozzo. Para contextualizar, hizo un breve repaso sobre la historia del sistema carcelario tal cual se lo conoce en la actualidad.
“La prisión nació a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX y a lo largo de su historia fue un espacio autocrático y despótico. Y una de las manifestaciones más evidentes de ese carácter despótico es la reiterada violación de derechos de las personas privadas de la libertad”, sostuvo.
Para oponerse a este estado de cosas, Sozzo señaló que durante mucho tiempo la perspectiva crítica apuntó a la necesidad de trabajar sobre al menos tres cuestiones generales. En primer lugar, transformar el modo en que se toman las decisiones dentro de los penales, generando espacios de diálogo con participación de las personas privadas de la libertad y del personal penitenciario de menor jerarquía. “Construir legitimación de abajo hacia arriba”, explicó.
En segundo lugar, está la labor de crear límites y obstáculos a los abusos dentro de las cárceles, transformando la manera en que las autoridades y los guardias, en sus acciones cotidianas, operan sobre las personas privadas de las libertad.
Y en tercer lugar, democratizar la prisión en el sentido de luchar contra su opacidad: la oscuridad con que se la maneja. “Si la opacidad es una condición del abuso y el exceso, si transformamos la prisión generando más transparencia, más flujo de información y conocimiento que atraviesen los muros, hay más posibilidades de luchar contra ese exceso”, afirmó.
Dejando en claro que siempre habrá actores que ponen obstáculos para que se democratice la prisión, Sozzo marcó tres acciones para avanzar en este sentido. Se refirió en primer término a la creación de espacios de diálogo dentro de las cárceles y tomó como ejemplo los Consejos Consultivos que se dan en el Chaco, donde tienen participación los internos, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría General, entre otros actores.
Por otra parte, se refirió a la intervención de las universidades en el sistema penitenciario, a través de carreras de grados y capacitaciones para los internos. Remarcó que es flujo de ingreso y egreso del personal docente también arroja más luz a la vida carcelaria. “No hay casi ningún otro lugar en el mundo donde tengamos ese nivel de intervención de actores universitarios en los contextos de encierro”, destacó.
Y finalmente se refirió al uso de telefonía celular controlada que se da en algunos sistemas penitenciarios del país, incluyendo al Chaco. Recordó que esta posibilidad se generó con las restricciones a la circulación que se produjeron al inicio de la pandemia por el Covid-19, como forma de paliar la imposibilidad de las personas privadas de la libertad de recibir a familiares y allegados. Esta experiencia fue tan positiva que se logró implementarla de manera permanente, a pesar de que la Legislatura provincial intentó prohibirla mediante una ley que finalmente fue vetada por el gobernador, Jorge Capitanich.
“Pensar la experiencia de los teléfonos celulares en el Chaco es útil porque nos permite ver cómo, en este campo de luchas, donde hay intervenciones y resistencia, a veces también se logran triunfos”, destacó Sozzo, quien lamentó que esto no se pudo continuar en la Provincia de Santa Fe, donde hubo una fuerte oposición por parte, principalmente, de las autoridades judiciales.
“Ponerlos en contexto nos alimenta este optimismo de la voluntad para seguir luchando por esta empresa, probablemente de incumplimiento imposible, pero plantearnos ese objetivo y luchar por él contribuyen a reducir los daños que genera la prisión”, cerró.
Mesas de diálogo
A su turno, la Defensora General Adjunta, Gisela Gaúna Wirz, recordó que las mesas de diálogo que se dan en las cárceles de la provincia fueron impulsadas desde la Defensoría General, con muy buenos resultados.
En este sentido, indicó que uno de las acciones que surgieron de esos encuentros fueron las capacitaciones en cuestiones de Derecho para las personas privadas de la libertad, más precisamente en lo relacionado a cómo realizar reclamos mediante los canales legales administrativos. Tomó como ejemplo las instrucciones que se dieron a los internos para la redacción de recursos de hábeas corpus, herramienta esencial para la protección de los derechos humanos en ámbitos penitenciarios.
Sobre esto, recordó que un jefe penitenciario reconoció que prefería que le “empapelen su oficina” con hábeas corpus antes de lo “ataquen con chuzas” en algún motín, medida de protesta extrema y muy violenta que suele utilizarse en los penales ante demandas desoídas.
Recordó varios casos que se dieron en cárceles chaqueñas donde los mismos internos presentaron recursos firmados de manera colectiva por medio de los cuales lograron hacer valer sus derechos. “Un exministro del Superior Tribunal de Justicia se asombró muchísimo cuando un interno solicitó por su derecho al trabajo y le explicaba que por estar preso no tenía vedado ese derecho”, relató la Defensora Adjunta, y remarcó que gracias a ese hábeas corpus colectivo firmado por los internos de la Alcaidía de Resistencia, el STJ, en una sentencia ejemplar, reconoció el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad.
Finalmente, se refirió a la ley provincial que prohibió el uso de celulares en las cárceles chaqueñas y lo que generó esta medida entre la población penitenciaria. “Cuando salió la ley fue un fin de semana largo y realmente fue caótico lo que ocurrió”, reconoció la Defensora Adjunta.
“Estaban todas estas personas desesperadas. Comenzamos a hablar y llevarle algo de tranquilidad. Dijimos ‘hagamos un hábeas corpus’. Con el patrocinio de la Defensoría y del Comité, juntamos durante el fin de semana casi 900 firmas”, valoró, al tiempo que aclaró que ese recurso fue declarado abstracto luego del veto del gobernador.
Atravesar los muros
“¿Telefonía celular en cárceles? Un debate necesario a propósito del caso de la provincia de Salta”, fue el título del artículo que escribió para este libro Camila Petrone junto a José Diaz Cueto.
“Utilizamos este caso como excusa para ponernos a pensar en el derecho a la comunicación de las personas privadas de la libertad y en esto de democratizar la prisión”, señaló Petrone, quien también está a cargo del área de políticas penitenciarias de la Asociación Pensamiento Penal.
Respecto de la idea de “democratizar la cárcel”, la especialista remarcó el sinsentido que tiene el hecho de intentar resocializar a una persona aislándola completamente de la sociedad. “No suena muy lógico y es bastante contraintuitivo”, afirmó.
“Democratizar la prisión en el sentido metafórico de derribar los muros, generando conexión real con el afuera, con el medio libre, es el centro de lo que estudiamos con Díaz Cueto para el libro”, explicó.
Reconoció que el uso de los celulares en centro de detención es la herramienta digital “más incómoda” que dejó la pandemia “desde lo ideológico”, pero señaló que es un elemento indispensable para aquellas personas que están hoy privadas de su libertad. Explicó que esto se debe a que, en un futuro, cuando vuelvan a la calle, deberán enfrentarse a un mundo hipercomunicado y tecnologizado, que les resultará sumamente extraño sino se les brinda la posibilidad de poder estar cerca de esa evolución tecnológica.
“Hay una película que se llama ‘Sueños de Fuga’, que cuenta que un hombre, luego de estar mucho tiempo preso, sale a un mundo que no conoce. Es la imagen que teníamos cuando escribimos este artículo. Si no hay comunicación y no creamos lazos con la comunidad, esas personas volverán a un mundo que ya no conocen. Eso es más que el castigo que prevé la ley que es solamente la restricción de la libertad ambulatoria”, añadió.
Los celulares como medida de prevención
Kevin Nielsen, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, cerró la ronda de disertantes. Su alocución tuvo como eje principal el artículo que realizó para el libro junto a la secretaria ejecutiva del Comité, Selva Nazaruka, que aborda el uso de los celulares en cárceles del Chaco como medida para la prevención y el acceso a la justicia ante casos de torturas y malos tratos.
“Es tan nueva la experiencia del uso de celulares que se lo puede analizar en cada una de las distintas facetas de la vida en prisión”, explicó Nielsen. Afirmó en este sentido que esta herramienta tecnológica posibilitó garantizar el acceso a la comunicación, la información y la educación de los reclusos, derechos estos que siempre estuvieron contemplados pero que por distintos obstáculos siempre fueron retaceados.
Afirmó en este sentido que el uso del celular para las personas privadas de la libertad se lo tiene que tomar, entre otros aspectos, como una medida compensatoria ante las graves y deficientes condiciones de detención que existen en los presidios, con elevadísimos niveles de hacinamiento en muchos casos.
Además, destacó que durante el tiempo que se viene implementando el uso de teléfonos inteligentes en el Chaco, los internos pudieron relatar casi en vivo situaciones de violencia que se viven en los pabellones, mostrando una versión alternativa de los relatos oficiales. “Cosas muy interesantes suceden en la provincia del Chaco que ameritan ser investigadas”, valoró Nielsen.
