Isaías Alegre, secretario general del Sindicato de Camioneros del Chaco, fue sobreseído en una causa penal por supuesta coacción. Había sido denunciado por un empresario a partir de una protesta gremial en reclamo del encuadramiento sindical de los trabajadores. Para la justicia, se trata de un conflicto que se debe resolver en el ámbito administrativo.

Lunes, 3 de julio de 2023

La Justicia del Chaco cerró una causa por la que se pretendía criminalizar una protesta gremial del Sindicato de Camioneros del Chaco por el encuadramiento gremial de los trabajadores de una empresa de venta de materiales para la construcción, tal como sucede en otros puntos del país.

En este caso, el imputado era el secretario general del Sindicato de Camioneros del Chaco, Isaías Alegre, quién fue sobreseído al no encontrarse ningún elemento que lo incriminase en el presunto delito de coacción, más allá de las denuncias del empresario chaqueño Matías Morante, que habían captado la atención de los medios de comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar de que la causa había sido archivada por inexistencia de delito, la presión mediática hizo que se vuelva reabrir y se mantenga a Alegre bajo la condición de imputado, sin embargo el fiscal N° 14, Francisco De Obaldía Eyseric no encontró ningún elemento que permitiera sostener la imputación del gremialista para formular un requerimiento de elevación a juicio y dictaminó que correspondía su sobreseimiento.

Con ese dictamen, la jueza de Garantías N° 1 de Resistencia, María de los Angeles Pereyra, dictó una sentencia mediante la cual sobreseyó al secretario general del Sindicato de Camioneros del Chaco. Fue el 26 de junio pasado, en un fallo al que tuvo acceso LITIGIO.

Según el informe policial incorporado a la causa, el día 4 de abril de 2022 se produjo una protesta gremial en una empresa de venta de materiales de construcción ubicada sobre colectora de la Ruta Nacional Nº 11 pero que el personal del sindicato “se manifestó en la vereda del comercio sin obstruir el tránsito, ni el acceso al local, realizando la debida acta de constatación”.

En ese contexto, la jueza Pereyra consideró que no existen en la causa testimoniales de carácter “independientes y objetivos” que puedan esclarecer lo ocurrido y que el denunciante tampoco aportó detalles para identificar a otros testigos. Así, coincidió con el fiscal respecto a que se trata de un hecho de “índole administrativo” por tratarse de una situación “de los dependientes de la firma del denunciante, por ante un gremio distinto al que él representa (Camioneros); y no obrando pruebas que permitan en concluir en otro sentido ni pruebas por producir”.

Consultado por LITIGIO, el abogado defensor de Alegre, Paulo Pereyra, consideró que “lo dicho tanto por el Fiscal como por la jueza de Garantías es lo que siempre sostuvo Isaías Alegre y esta defensa técnica: desde un comienzo se trató de una conflictividad propia del sector y no, de hechos punibles”. En ese sentido, aseguró que “resulta relevante institucionalmente hacer notar en las decisiones judiciales las diferencias entre aquellos acontecimientos que pueden ser gestionados y los otros, que merecen algún tipo de sanción”.

 

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