La tasa básica de eficacia político-criminal busca responder a una pregunta tan simple como importante: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?. En base a datos comparados del año 2021, el informe del INECIP da cuenta que el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco se ubicó en el último lugar del ranking.
Viernes, 23 de junio de 2023
“Las fiscalías tienen a su cargo tareas tan sensibles como representar los intereses de las víctimas y, en general, de la sociedad, en los sistemas de justicia penal. También deben incidir en el control de la criminalidad. Cuando esas tareas no se cumplen, nuestras comunidades acumulan daños que no se reparan, conflictos que no se gestionan, acciones de venganza por mano propia y, en última instancia, un aumento generalizado de los niveles de violencia social”, sostiene el informe del INECIP.
En ese contexto, precisa que “esta “tasa básica” mide cuántas de las causas que ingresan a las fiscalías reciben alguna respuesta con capacidad de incidir, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad. Para eso, se comparan la cantidad de casos penales ingresados, con la cantidad de salidas de calidad político-criminal básica: condenas, suspensiones de juicio a prueba o acuerdos reparatorios. En todos los casos, se trata de información oficial solicitada a los propios Ministerios Públicos Fiscales”.
“Evaluar esa eficacia es una acción esencial para mejorar el desempeño político-criminal de los Ministerios Públicos. Sin embargo, pocos Ministerios Públicos de nuestro país realizan esta tarea con la periodicidad, profundidad y publicidad suficientes”, subraya.
Avances y retrocesos
Según el informe, este segundo reporte estadístico muestra una destacable “mejora” de Ministerios Públicos Fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general del 10 % de eficacia que había mostrado el ranking del 2019.
Las variaciones interanuales pueden responder a un mejor desempeño de las fiscalías, pero también a una mejora en los sistemas de registro. En cualquier caso, se trata de un efecto deseable. Se destaca, sobre todo, un claro aumento en la cantidad de acuerdos reparatorios (realizados o registrados) que, como es de esperar en una política criminal orientada a la gestión del conflicto, es la herramienta más utilizada en aquellas provincias que alcanzan mayores niveles de eficacia.
Los “retrocesos” de algunas provincias con relación al 2019 también pueden responder a un peor desempeño o a modificaciones en la forma de registro. Córdoba, por ejemplo, informó un cambio en el método de contabilización de sus casos ingresados, pasando de 60.376 casos ingresados en 2019 a 121.890 en 2021, impidiendo la comparabilidad interanual.
Por su parte, los Ministerios Públicos Fiscales de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego no enviaron ni siquiera los 4 indicadores más elementales, pese al plazo de 4 meses con el que contaron, y a las reiteradas solicitudes enviadas.
En ese sentido, el INECIP considera que “mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”.
Conclusiones preliminares
“La discusión sobre la eficacia político-criminal de los Ministerios Públicos Fiscales está en una etapa muy embrionaria, pero su importancia y necesidad social es urgente. A más de tres décadas de la implementación de los primeros sistemas acusatorios en nuestro país, es hora de tomar en serio esta discusión”, exhortan desde INECIP.
En ese contexto, señalan que “seguiremos promoviendo este ranking como una herramienta para colaborar con la instalación de este problema en la arena pública y en el seno de las propias instituciones. También seguiremos colaborando con los Ministerios Públicos Fiscales que, preocupados por sus desempeños, decidieron comenzar a trabajar en estrategias para abordar este desafío. Para eso, seguiremos promoviendo nuevas instancias de intercambios de ideas para que, en un sano diálogo entre la sociedad y los organismos públicos, encontremos las respuestas que permitan avanzar hacia una política criminal minimalista y democrática”.
