La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió que el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, continúe con la investigación del origen de 250 mil dólares, sin aparente justificación legal, que fueron secuestrados en una caja de seguridad relacionada a Gastón Scarel, hijo del presidente de la agroexportadora, quién también es investigado en la causa al igual que un ex jefe de la AFIP de Santa Fe.
Miércoles, 14 de junio de 2023
Por Brian Pellegrini
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió que sea la Justicia Federal de Reconquista la que continúe a cargo de la investigación por presunto lavado de activos contra Gastón Scarel, hijo del presidente de Vicentin SAIC, en una causa que involucra al propio Omar Scarel y al jefe de la AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna. Fue al hacer lugar a un planteo del fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, ante la negativa del juez federal de esa localidad de solicitar la inhibición de la justicia provincial para que la investigación sea asumida en exclusiva por el fuero de excepción.
La resolución, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada el 2 de junio pasado y lleva la firma de jueza María Delfina Denogens, quién consideró que es la justicia federal la que debe concentrar toda la investigación.
El caso
El fiscal Salum inició una investigación preliminar al tomar conocimiento del secuestro de 250 mil dólares sin aparente justificación legal en el marco de un allanamiento realizado el 9 de marzo de 2021 en una caja de seguridad del Banco ICBC Sucursal Reconquista vinculada a Gastón Scarel, hijo del presidente de Vicentin SAIC.
En paralelo, la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe abrió una causa por el presunto delito de falsedad ideológica como derivación de la investigación por estafa contra los exdirectivos de Vicentin y que también involucra a Gastón Scarel, Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin SAIC, y el ex jefe de AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna.
A partir de escuchas telefónicas surgió la información de que el dinero hallado en la caja de seguridad, en verdad, no tenía justificación legal y que se pergeñó una maniobra para intentar blanquearlo, con el asesoramiento de un presunto abogado que mantenía conversaciones con Omar Scarel, presidente de Vicentin SAIC. De hecho, fue el exjefe de la AFIP de Santa Fe, Vaudagna, quién declaró que los dólares depositados en la cuenta de Scarel hijo eran de su propiedad luego de realizar una operación inmobiliaria.
Con esa información, la Fiscalía Federal de Reconquista formuló requerimiento de instrucción, solicitó el embargo del dinero secuestrado en el marco de la causa tramitada por la justicia provincial, formándose este expediente y ordenándose los levantamientos de secreto fiscal, bancario y bursátil y respecto de Omar Adolfo Scarel, Gastón Scarel, SV Servicios Inmobiliarios SA, Melisa Franzoi y Carlos Andrés Vaudagna así como el embargo preventivo sobre el total del dinero secuestrado y depositado en dos cuentas judiciales.
Se investiga por lavado
En ese estado de las actuaciones, el Fiscal Federal solicitó la inhibición de la justicia provincial en resguardo de un potencial peligro de afectación a las garantías procesales y constitucionales de los investigados, con el objetivo de evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios y el entorpecimiento en la obtención y valoración de la prueba, procurando la mayor efectividad en términos investigativos.
En marzo de 2023, el Juzgado Federal de Reconquista rechazó el planteo del fiscal federal y consideró que la causa debía continuar a cargo del fuero provincial. A principios de junio, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y que la causa debía ser investigada por el fuero federal como lavado de activos.
“Comparto el criterio expuesto por el Fiscal General en punto a que debe requerirse, en este caso particular, la inhibición del fuero provincial para continuar la instrucción de la causa arriba especificada, en la que se investiga la maniobra de falsificación de documento pergeñada por los mismos imputados requeridos en esta causa por lavado de activos”, sostiene la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, con la firma de la jueza María Delfina Denogens. En ese sentido, consideró “razonable la postura de que la maniobra de falsificación de documento privado investigada en sede ordinaria integraría la conducta aquí perseguida como lavado de activos, por lo que proseguir con la investigación en ambas sedes resultaría atentatorio de principios constitucionales de los encartados”.
Al respecto, la jueza Denogens precisó que en este caso el Ministerio Público Fiscal “explica en forma clara que la falsificación del documento endilgada a los mismos imputados, sería parte de la maniobra para blanquear el dinero, lo que se avalaría con la transcripción de escuchas telefónicas” incorporadas al expediente.
“En este marco de investigación compleja entiendo que corresponde a la Justicia Federal asumir la instrucción de conductas que prima facie son de competencia ordinaria, porque de ello depende continuar con la investigación sin afectar las garantías del debido proceso y dado que las conductas en análisis ante el fuero local formarían parte del tipo penal previsto en el art. 303 del Código Penal, destacándose asimismo la inexistencia de normas de fondo o procesales que impidan investigar esos delitos en el fuero de excepción con el objeto de acreditar su comisión”, puntualizó la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, a diferencia del criterio sostenido en la causa “Lavado I” por la que se investigó en forma diferenciada el delito de lavado de activos (fuero federal) de los de corrupción (fuero provincial).
