Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Resistencia al dar a conocer el cronograma que prevé quince audiencias distribuidas entre los meses de agosto, septiembre y octubre. Se trata de la causa en la que la exintendente de Resistencia, Aída Ayala, y el exsecretario general del STM capitalino, Jacinto Sampayo, son los principales acusados de integrar una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente de licitaciones irregulares en el Municipio.
Viernes, 9 de junio de 2023
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia fijó el cronograma de las audiencias del juicio oral y público en el que se juzgará a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y al exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, entre otros, por presunto lavado de activos provenientes de licitaciones irregulares en el Municipio capitalino, en una causa cuya investigación se inició en el año 2018 a partir de un llamado anónimo y que se conoció públicamente como causa “Lavado II” o PIMP.
Para este juicio, el TOF de Resistencia estará conformado por los jueces de la jurisdicción, Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch y se completará con la integrante del TOF de Paraná, Marta Berros, quién ya intervino en varios juicios que se desarrollaron en la capital chaqueña. Por el Ministerio Público Fiscal, intervendrán el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel y los fiscales generales de Córdoba, Carlos Gonella y Santiago del Estero, Indiana Garzón.
Vale recordar que el 7 de mayo de 2021 la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, había confirmado la elevación a juicio de la causa y que la audiencia preliminar se llevó a cabo en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, recién el 7 de junio pasado el TOF resolvió convocar a las audiencias del juicio oral y público que, en principio, prevé quince audiencias distribuidas durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Es decir, en pleno proceso electoral donde Ayala podría volver a ser candidata a intendenta de Resistencia de Juntos por el Cambio, si se impone en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 18 de junio.
La acusación
Ayala y Sampayo llegan al juicio oral en libertad acusados como presuntos coautores de los delitos de asociación ilícita, en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, todo ello en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público. Además, a ambos se les trabaron embargos por un monto de 200 millones de pesos cada uno.
Según el procesamiento dictado por Niremperger, bajo la dirección de Aída Ayala y Jacinto Sampayo “se habría consolidado una asociación ilícita de carácter estable y permanente, producto del acuerdo de voluntades entre ellos en primer término y, como consecuencia, por intermedio de personas de su más íntima confianza y lealtad (principalmente Carlos Alberto Secundino Huidobro, Daniel Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez), con la finalidad de apoderarse ilegítima y deliberadamente de fondos provenientes del erario de la Municipalidad de Resistencia asignados para el cumplimiento de los servicios específicos a su cargo”.
En la confirmación del procesamiento, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia consideró que “la entonces Intendente no podía desconocer el cúmulo de maniobras desplegadas a los fines de la concreción de múltiples empresas que, posteriormente, serían beneficiadas con numerosos contratos y adjudicaciones millonarias con aquél”. Además, subrayó que “ha quedado también demostrado el anterior conocimiento y cercano trato entre la nombrada y Fischer a través, fundamentalmente, de la actividad política, no resultando difícil verificar el rol del nombrado en el contexto reseñado”. Daniel Alejandro Fischer se desempeñó como apoderado de la Fundación Construir, un “tanque de ideas” ligado a la Unión Cívica Radical, fue jefe de campaña para las elecciones provinciales de 2015 en las que Ayala fue candidata a gobernadora y además fue yerno de la exjefa comunal.
Los procesamientos también se dirigen a otras diez personas que ocuparon diversos roles en el entramado de las sociedades beneficiadas por las licitaciones municipales y que en todos los casos se trata de allegados a la exintendenta de Resistencia y al exmandamás del Sindicato de Trabajadores Municipales.
Por esta causa, la exintendenta de Resistencia tuvo una orden de detención que nunca se cumplió porque entonces contaba con fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, había dictado su prisión preventiva al entender que había “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos necesarios para tratar el desafuero en la cámara baja. En marzo de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el dictado de la prisión preventiva.
