Así lo dispuso la fiscal 2, Ana González de Pacce. El hecho ocurrió el 15 de septiembre pasado y fue protagonizado por un grupo de activistas que insultaron, amenazaron y amedrentaron a funcionarias y trabajadores del organismo. “Tienen que volver los militares y cagarlos a tiros” y “DDHH para subversivos y delincuentes” fueron algunas de las consignas que profirieron. Los dirigentes sociales, Gustavo y Hugo Monzón, están acusados del delito de amenazas que prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión.
Jueves, 1 de junio de 2023
La fiscal de Investigación Penal 2, Ana González de Pacce, firmó un requerimiento de elevación a juicio contra los dirigentes sociales, Hugo y Gustavo Monzón a quiénes imputó del delito de amenazas simples. Fue por la violenta toma de las instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco protagonizada el 15 de septiembre pasado por un grupo de activistas que insultaron, amenazaron y amedrentaron a funcionarias y trabajadores del organismo, con consignas que reivindicaban al terrorismo de Estado.
Con fecha del 16 de mayo pasado, la fiscal señaló en su escrito que, de acuerdo a los testimonios, filmaciones y otros elementos probatorios recogidos hasta el momento, se encuentran acreditados con grado de probabilidad la existencia de amenazas que tuvieron como características ser “serias, graves y posibles”, además de vulnerar el bien jurídico tutelado de la libertad.
“Estimo que existen elementos de convicción suficientes, que determinan la participación punible de los imputados en el hecho intimado, no advirtiéndose la existencia de una causa de falta de acción, atipicidad, justificación, inculpabilidad o excusa absolutoria que lo pueda eximir de responsabilidad”, añadió la fiscal. Además, ordenó notificar a la defensa técnica de los imputados la cual podrá optar por oponerse, solicitar un juicio abreviado o la suspensión de juicio a prueba.
El hecho
El 15 de septiembre de 2022, a las 8 de la mañana, un grupo de unas 30 personas, comandadas por el dirigente Walter Monzón, ingresaron de manera intempestiva al edificio ubicado en Mitre 171, en Resistencia, con amenazas de vandalizar el lugar. Los trabajadores y trabajadoras tuvieron que evacuar el edificio y algunos procedieron a resguardarse en la planta alta.
En ese mismo momento, otra parte del grupo de manifestantes permanecieron afuera de la sede gubernamental portando pancartas y banderas que pregonaban discursos de odio, con reivindicaciones al terrorismo de Estado. “Derechos Humanos para subversivos montoneros y delincuentes”, rezaba una las banderas. Los activistas también vociferaban que debían volver los militares para que, según afirmaron, “se terminen de una vez los derechos humanos”.
Ese no fue el primer hecho de violencia que protagonizó este grupo contra la Secretaría de Derechos Humanos. El 11 de agosto de ese mismo año, manifestantes de la misma agrupación política se acercaron hasta el organismo con el mismo tono beligerante. Una de las abogadas de la secretaría bajó para atenderlos, pero la situación se puso tan hostil que tuvo que advertirles que llamaría a la policía en caso de que no la dejen salir de ahí, debido a que la tenían rodeada en la vereda. “Son unos subversivos. Tienen que volver los militares y cagarlos a tiros a ustedes”, vociferó en esa oportunidad Gustavo Monzón, hermano de Walter y también líder del grupo.
Estas causa casi termina en la Justicia de Faltas, reduciendo notablemente la gravedad de lo acontecido. Es que la fiscal a cargo del caso, González de Pacce, consideró en un primer momento que el hecho no era un delito sino una contravención. Y es por eso que ordenó el archivo y derivó las actuaciones al Juzgado de Faltas de la Provincia.
No obstante, luego de una conversación mantenida con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, denunciante en la causa, decidió dejar sin efecto el archivo y González de Pacce entendió que quien debía continuar con la investigación era el fiscal en turno, Francisco Obaldía Eyseric. Ante esto, Obaldía consideró que él no debía ser competente en este hecho y remitió las actuaciones a la Procuración para que resolviera.
Ante este conflicto de interpretaciones, el Procurador General Adjunto, Miguel Fonteina, realizó el laudo correspondiente en relación a quién debería investigar, en última instancia. Confirmó que la que debería entender en la causa es la fiscalía 2 y, de paso, cuestionó severamente la rapidez con que González de Pacce se sacó de encima las actuaciones.
“El archivo no fue notificado a las partes sumado a que el escrito presentado por secretaria de Derechos Humanos (Silvana Pérez) ante la Procuración General Adjunta, donde expresa tajantemente las acciones delictivas y el temor en el cual se encuentran inmersos por el accionar del ciudadano (Gustavo) Monzón y sus seguidores no fueron analizadas ni verificadas por la fiscal González de Pacce dado que no tomó ni una sola testimonial, no realizó ninguna prueba que permita delinear si nos encontramos en presencia de un ilícito, en su caso bien jurídico conculcado por el denunciado Monzón y ante el pedido expreso del suscripto hizo caso omiso y planteó un apartamiento que no puede convalidarse”, subrayó Fonteina.
Como primera medida, la fiscal dictó una prohibición de acercamiento contra los hermanos Monzón quienes no pueden estar a menos de 200 metros del domicilio y/o lugares que frecuenten (como la propia sede de la Secretaría en Mitre 171 de la ciudad de Resistencia) la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, la subsecretaría de Géneros, Diversidades y Disidencias, Delia Pérez, y también otras dos trabajadoras de ese organismo.
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