El juez de la Cámara Tercera en lo Criminal, Ernesto Azcona, es uno de los diez postulantes para el concurso por la vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, cargo por el cual ya concursó en 2021. En esta entrevista con LITIGIO, habló de la necesidad de crear observatorios de violencia de género y de corrupción, para disipar la sensación popular de que “la Justicia no hace nada”. Propuso reformar el Consejo de la Magistratura y sorprendió con una iniciativa: que una de las bancas sea ocupada por un líder religioso. “Es necesario escuchar su opinión”, asegura.
Miércoles 31 de mayo de 2023
Por Bruno Martínez
Ernesto Azcona saca un manojo de llaves de su bolsillo y lo coloca en la cerradura. Le da dos vueltas y la puerta se abre. Adentro no hay nadie.
Es un jueves por la tarde de un feriado patrio de mayo y en el interior de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia se siente un silencio pesado. La única luz proviene de un monitor de computadora. Los pasillos angostos y enrevesados sumado a la oscuridad le dan al edificio un aire lúgubre.
Azcona enciende algunas luces y ahora lo que se ve es la sala de audiencias, escenario de juicios orales. Al fondo, un cúmulo de cajas y expediente apilados en medio de un caos controlado. Aunque ahora todas las sillas están vacías, los sectores donde se ubican las partes están bien delimitados: el de la fiscalía y la querella, por un lado y el de la defensa por otro. Hacia atrás, al fondo, el público. Y al frente, en el medio, el del juez: su lugar.
Tras terminar sus estudios primarios en el Colegio Don Bosco y secundarios en la vieja Escuela de Comercio 2, en Resistencia, Azcona ingresó al mundo laboral haciendo algo que nada tiene que ver con su actualidad en el campo del derecho: era liquidador de sueldos en una empresa constructora. Su título de perito mercantil lo acreditaba para eso.
Ingresó en 1993 por concurso al Poder Judicial. Lo hizo con el cargo de escribiente para el juzgado de Instrucción 5 de Resistencia. Tres años más tarde se recibió de abogado. A partir de ahí concursó y accedió a los puestos de secretario letrado, defensor oficial y fiscal penal. Desde noviembre de 2016 es juez camarista.
Con 52 años, este año volvió a postularse al concurso para ocupar la vacante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cargo para el cual se presentó en 2021. Considera que tiene la edad apropiada, una trayectoria sustanciosa y lo que él denomina como una “óptica global” para las reformas que necesita la Justicia del Chaco.
En esta entrevista con LITIGIO, habla sobre sus propuestas en caso de ser elegido como ministro del STJ. Dice que ve como muy necesaria la creación de observatorios de violencia de género y de corrupción, para garantizar que se conozca el estado de las causas y evitar la sensación popular de que “la Justicia no hace nada”.
Propone reformar el Consejo de la Magistratura para que se desdoble en dos instituciones: una que elija a los jueces y otra que los juzgue. Y sorprende con una iniciativa: que una de las bancas del Consejo de la Magistratura sea ocupada por un líder religioso local, con voz y voto. “Es necesario escuchar su opinión”, asegura.
―Al presentar su plan de gobierno en el anterior concurso para el STJ, en 2021, usted propuso trabajar en un sistema judicial más accesible, más eficiente, más rápido, de mejor calidad, comprensible, transparente, con perspectiva de género, con perspectiva ambiental y con participación ciudadana. ¿Cuál de todos estos puntos considera más sencillo de aplicar y cuál piensa que es el más complicado?
―Hay algunos temas en los que se ha avanzado más que en otros. Por ejemplo, en materia de perspectiva de género. Quizás lo que falta sea coordinar las acciones.
―Usted propuso en aquella oportunidad crear un Observatorio de Violencia de Género dentro del Poder Judicial.
―Sí. Es algo que ya está en otras provincias. Mendoza tienen un Observatorio donde se sigue estadísticamente todos los casos sobre violencia de género. No sólo se desarrolla estadísticas sino también que se hace un seguimiento puntual de cada caso. Y esa no es una información que queda reservada para algunos pocos, sino que está accesible para todos. Entiendo que esa es una buena experiencia que deberíamos llevarla a cabo. Es importante que coordinemos las acciones porque a veces pensamos que una víctima de violencia de género, con el sólo hecho de radicar una denuncia, ya judicializó la cuestión y a partir de ahí funciona una maquinaria muy bien engranada que lleva a un producto final. Esto no es así. La denuncia quizás sea el primer paso, pero esta víctima hay que prepararla para el momento del juicio. Debe llegar contenida. Hay que pensar entonces desde qué área del Estado se hace ese tratamiento. Y luego llegar a la etapa de juicio. Si esta causa va a un jurado popular hay que prepararla también esa situación. Digo esto porque a menudo creemos que con sólo recepcionar una declaración a estas personas ahí se terminó y la verdad que a esta persona hay que prepararla para continuar en el juicio porque, por lo general, sucede que una vez que se tomaron las medidas, que se entregó el botón antipánico o lo que fuera, ya no quieren continuar con eso y se retiran de la causa. También hay que tener en cuenta que muchas de estas cuestiones vinculada a violencia de género pueden llevar a rasgos suicidas de las personas. Es un tema complejo.
―Se refirió a la víctima, pero en general no se habla del victimario. Porque, eventualmente, esa persona va a estar un tiempo detenida y luego volverá a la calle. ¿Qué se debe hacer con los violentos?
―Hay ciertas medidas que se toman. Yo las he tomado como fiscal en su momento. Son medidas que pasan por la prohibición de acercamiento a la víctima o a los lugares donde ella se desempeña laboral o socialmente. Tratamiento psicológico también. Reglas de inspección en general, como presentarse cada 15 días ante el tribunal. El proceso judicial debe garantizar que se cumpla con todos los principios constitucionales y esto abarca tanto al imputado como a la víctima. Por eso el seguimiento es importante porque las personas que son imputadas por estos delitos de violencia de género también tienen problemas que fueron adquiridos durante su educación, quizás también vienen de una familia donde se ejercía violencia de género. Algo aprendido durante su vida y que necesita sin dudas un tratamiento psicológico. Y ese seguimiento se lo debe hacer.
―¿En qué otras áreas considera que hubo un avance?
―El tema de la participación ciudadana se ha avanzado con el juicio por jurados que es un sistema que da confianza a la sociedad. Hace entender mejor lo que es el servicio de justicia y también permite que sean más transparentes de las decisiones. Pero no nos olvidemos también que no todo el servicio de justicia se resume en lo que es la esfera penal. Tenemos cuestiones civiles que tienen que ser afrontadas. Hoy se ha avanzado mucho en el sentido de que nosotros en el fuero penal tenemos el sistema SIGI y el expediente digital. También está siguiendo ese camino el fuero civil a través del sistema IURE donde se ha avanzado mucho, se dio más celeridad y gestión. Esto es algo que trato de imponer mucho.
―En ese sentido hay dos cuestiones que me parecen importantes para abordar: uno es el fuero de Familia, que en los últimos años hubo un fuerte reclamo de padres y madres por medidas que consideraban arbitrarias y muy restrictivas por parte de los magistrados, como la prolongada prohibición de contacto con sus hijos, por ejemplo. Y la otra cuestión es la del fuero Laboral, donde los juicios se extienden por muchos años y eso desalienta a los trabajadores a la hora de reclamar sus derechos por la vía legal. ¿Qué solución propone?
―En el fuero penal tenemos audiencia preliminar solamente prevista en la ley de juicios por jurados. No tenemos previsto en nuestro Código de Procedimiento Penal la audiencia preliminar. Sin embargo, los jueces penales hemos implementado como una creación pretoriana las audiencias preliminares y hemos resuelto muchísimas causas. Esto se está implementando en el fuero civil y gracias a esto se está resolviendo mucho más rápido lo que antes llevaba cuatro, cinco o seis años, ahora se está resolviendo en un año o año y medio. Esto se debe implementar también en el fuero de Familia y Laboral, sumado a lo que se pueda aportar en materia de gestión en cuanto a la informatización y los centros de resolución de conflictos como el caso de los mediadores y otros institutos alternativos que podamos aplicar. Siempre el fuero penal estuvo a la vanguardia y el aggiornamiento no ha sido parejo en el Poder Judicial. Por eso creo que ahora hay que ir apuntando los cañones a las reformas que hay que producir en los otros fueros.
―“Hoy los derechos humanos están siendo seriamente comprometidos a través de los delitos de corrupción”. Esta frase la dijo usted en la entrevista que mantuvo con el Consejo de la Magistratura en el anterior concurso. Siguiendo esta línea de pensamiento, si uno compara las denuncias mediáticas que se repiten por desmanejos con el dinero público con los juicios que efectivamente se llevan a cabo, uno podría interpretar que son muy pocas las causas por corrupción que finalmente llegan a juicio oral en el Chaco ¿Por qué piensa que ocurre esto?
―Considero que la libertad de prensa y de expresión es un derecho humano que está vinculado no solamente a estas garantías sino también a la posibilidad de acceso a la información por parte de la sociedad. Sucede de que hay veces que es necesario que el ejercicio de este derecho sea realizado con responsabilidad y con confirmación de la información. Detrás de todo siempre hay una cuestión de intereses políticos y económicos de diferentes índoles, que llevan a brindar mucha información, quizás no chequeada, y hay una inflamación de datos a la sociedad donde se termina generando un prejuicio. La misma sociedad, en ocasiones, confía más en el periodismo que en la propia Justicia. Vemos muchas veces en las manifestaciones sociales o a las mismas personas que se las atiende y que no ve satisfecho lo que pretende inmediatamente señala que va a ir a hablar a los medios, lo cual me parece bien porque es la libertad de expresión es un derecho del ciudadano. Es necesario que el Poder Judicial también brinde la información necesaria, clara, contundente y precisa a los medios de comunicación de lo que se está realizando.
―¿Considera que el Poder Judicial del Chaco comunica bien sus acciones?
―Creo que el Departamento de Prensa del Poder Judicial está trabajando muy bien.
―De todos modos, está claro que los jueces, fiscales y funcionarios judiciales son en general reacios a hablar con la prensa.
―Es una costumbre arraigada dentro del Poder Judicial de no dar notas justamente porque siempre se trata de proteger la investigación, que no se divulguen datos. Es cierto que a veces es necesario no dar toda la información, por ejemplo, cuando se está preparando una medida como un allanamiento. Pero es importante también que la sociedad sepa del accionar del Poder Judicial, de lo que se está haciendo, porque si no parece que no se está haciendo nada.
“Es necesario que los funcionarios judiciales y los magistrados se acerquen más a la gente”
―Entre las propuestas que hizo en el anterior concurso está la de crear otro Observatorio, pero en este caso de delitos de corrupción. ¿Podría explicar en qué consistiría y cuál sería la utilidad?
―La utilidad sería la de visibilizar, más que nada. Que la sociedad tenga conocimiento de qué pasó con esas causas. Muchas veces se hacen las denuncias, se habla un tiempo en los medios, esa causa se archiva y nadie informa del archivo de la causa. Y quedó ahí. Es peligroso ese sentimiento que se va generando en la sociedad de que no se hizo nada. Cuando quizás si se hizo, pero no se publicitó.
―Hablando de delitos de corrupción, usted fue uno de los jueces que participó del tribunal que condenó, entre otros, al exsecretario General de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey por malversar 70 millones de pesos a través de maniobras con la pauta publicitaria oficial. Lo llamativo fue que nueve meses más tarde el Superior Tribunal decidió anular las penas impuestas a Rey y al exfuncionario de Fiduciaria del Norte, Gustavo Katavich. Tras absolverlos por el delito de “defraudación agravada contra la administración pública”, ordenó dictar un nuevo fallo porque consideró que se los condenó por un delito del cual no fueron acusados. ¿Qué pasó ahí?
―El Superior Tribunal entendió que en cierta forma hubo una afectación del principio de congruencia. Yo respeto la decisión del más alto cuerpo provincial. Nosotros como tribunal hicimos aplicación de una norma que establece nuestro Código de Procedimiento Penal que nos habilita del principio Iura novit curia, que significa “tráiganme los hechos, yo sé el derecho”. Esto en entendimiento de que las partes deben traer los hechos al juez y el juez es el que aplica el derecho porque interpreta la ley.
―Le preguntaba esto porque si uno lee lo que plantea el STJ pareciera que hubo una gran desprolijidad por parte del tribunal que usted compartió con María Virginia Ise y Cristina Pisarello.
―Nosotros entendemos que no hubo una afectación del principio de congruencia y las decisiones que se tomaron estaban ajustadas a derecho.
―Otra cuestión de la que también habló en el anterior concurso fue de darles preponderancia a las cuestiones ambientales. ¿Considera que hay reticencia en la justicia chaqueña para castigar delitos contra el ambiente?
―Todo lo que es derecho ambiental también es algo en lo que no se avanzó mucho y que recién ahora se están dando los primeros pasos. Hay que ver como se está evolucionando en materia de investigación de este tipo de hechos por parte de las fiscalías ambientales. No en todas las provincias hay fiscales ambientales y es importante que comencemos a tener conciencia de muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra vida, con el cambio climático. Son cuestiones que afectan a toda la sociedad. Más allá de hechos puntuales que se puedan dar, recordemos que la contaminación de nuestros recursos naturales está prevista en nuestro Código Penal. Yo celebro que se esté ahondando y creo que hay que profundizar más en este sentido porque gran parte de los recursos naturales del Chaco son recursos que están en zonas donde no hay mucha población y justamente no hay todo el control que debería existir en materia de protección de esos recursos. No se visibiliza.
―En relación al acceso a la información, también se refirió al uso de aplicaciones para celulares. ¿Hay alguna experiencia sobre esto en poderes judiciales de otras provincias?
―No tengo conocimiento de que se esté trabajando en ese sentido. Se ha avanzado mucho en materia de tecnología y hay también un cierto temor por los ataques informáticos. Pero es cierto que no podemos darle la espalda al avance tecnológico que se ha producido en el mundo y en nuestro país. En nuestra provincia tenemos una red troncal de fibra óptica que no tienen en otras provincias, que prácticamente avanza sobre todo el territorio. Yo me planteo, si soy ministro del Superior Tribunal, que las mismas herramientas que tenemos acá en la Primera Circunscripción las tengan en localidades más alejadas. Y por otro lado también muchas veces se debe trabajar con el Consejo y el Colegio de Abogados y con la misma Legislatura, para reglamentar y sancionar las leyes que haya que se sancionar para poder administrar este tipo de aplicaciones para los celulares.
―¿Qué se podría hacer a través de esas aplicaciones?
―Hacer seguimiento de las causas, una de las tantas cosas que preocupa. Para enterarse de la situación de las causas, las personas hablan con el abogado particular, el defensor oficial o va directamente a la oficina. Si se trata de un defensor particular, muchas veces la gente que en ese momento no tiene los recursos para pagar, no tiene la posibilidad de acceder a la información y tiene que acercarse hasta el organismo. Lo que tenemos que pensar es que todos los habitantes de la provincia tengan esa posibilidad. Eso es realmente muy difícil.
―En el anterior concurso también habló sobre la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Dijo que deberían separarse porque al ser conformado por las mismas personas “viola el principio de imparcialidad”. ¿Considera que actualmente el Consejo es parcial a la hora de juzgar?
―Lo dijo la Corte Suprema. No puede ser la misma entidad que toma lo concursos la misma que acusa, juzga y termina decidiendo sobre la situación de un funcionario o un magistrado. Me parece que la Corte tiene la razón y es necesario que en un futuro tengamos que pensar en un Consejo de la Magistratura que desdoble esa función y que sean dos organismos distintos. Pasa algo parecido como pasaba antes con el juez, cuando investigaba y juzgaba.
―Y otra cuestión que planteó es que el Consejo de la Magistratura debería ampliarse pasando de siete a nueve miembros. Los dos que se sumarían saldrían, por un lado, del voto popular y por otro de los cultos. Me llamó la atención esta última inclusión. ¿En qué se basa para darle un lugar a los líderes religiosos para elegir y juzgar a los jueces?
―Hoy tenemos organizaciones multisectoriales en materia de clero, independientemente de la religión que uno profese. Recordemos que en nuestra Constitución tenemos consagrada la libertad de cultos. Creo que, así como nosotros tenemos dentro del Consejo de la Magistratura un representante del Ejecutivo, de los jueces, del STJ, de los diputados y de los abogados, entiendo que también es necesario escuchar su opinión, ya sea como un miembro más o que brinde opinión pero que no vote. Pero yo en este caso lo planteé como un miembro.
―¿Con esta inclusión no se estaría violando el principio que sostiene que el Estado argentino es laico?
―Lo que planteaba es que sea un representante más, no que excluya a los laicos.
―Por otra parte, lo escuché afirmar en una entrevista que el Poder Judicial tiene que “acercarse más a los sectores humildes”. ¿Por qué cree que ocurre esta distancia?
―Esa es una visión que la tengo muy clara en ese sentido y la he planteado en su momento. Creo que es necesario que todos los dirigentes políticos, funcionarios judiciales, magistrados y también representantes legislativos, se acerquen a la sociedad. A mí me gustaría preguntarle a “Doña Rosa” si sabe quién es el Procurador de la Provincia, la Defensora General o los ministros del STJ.
―Le va a responder que no los conoce.
―Y capaz que no.