Dos productores ganaderos de la zona de General San Martín deberán ser indemnizados por el exfiscal de General San Martín, José Sorabella, luego de que un fallo de Cámara revocara la sentencia que había desestimado la demanda por daños que les provocó durante la investigación de una causa por hurto de ganado en 2015. El fallo aún no está firme ya que fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia.
Jueves, 25 de mayo de 2023
El ex fiscal de investigaciones de la ciudad de General San Martín, José Ricardo Sorabella, fue condenado a pagar una indemnización superior a 400 mil pesos más intereses a dos productores ganaderos de esa zona por una serie de irregularidades cometidas durante la investigación de un caso por hurto de ganado en la que había ordenado injustificadamente la detención de ambos durante varios días.
Así lo resolvió la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia en un fallo del 2 de mayo pasado. La sentencia también alcanza al Estado chaqueño, por haberse cometido por un funcionario público. Fue al revocar una sentencia del Juzgado Civil y Comercial de General San Martín que en agosto de 2020 no solo rechazó la demanda y cargó las costas a los denunciantes sino que además hizo lugar a una reconvención del fiscal que también debían afrontar por haberlo denunciado en el año 2016.
En concreto, la demanda apuntó al entonces fiscal por abuso de autoridad, arbitrariedad, ilegitimidad e ilegalidad de las medidas tomados contra ellos e insistieron que la aprehensión de R. como la detención de A. fueron “medidas gravosas, extremas y desproporcionadas en función de los hechos investigados, y que el secuestro de la camioneta y del celular del primero, además, fue totalmente inmotivado”.
Se trata de la segunda condena por daños y perjuicios y daño moral contra el exfiscal Sorabella, ya que en septiembre del mismo 2020 el Superior Tribunal de Justicia dejó firme la primera de ellas. En aquella oportunidad, el entonces fiscal también había ordenado la detención injustificada de un productor denunciado porque sus chivos comían alfalfa en un campo vecino y además le retuvo su camioneta durante diez días.
Como jueza de primer voto, Wilma Martínez consideró que el exfiscal Sorabella era responsable por haber actuado en forma “abusiva” y “arbitraria” provocando un daño directo a los entonces imputados R.G. y O.A.G, padre e hijo, respectivamente.
“La aprehensión de R.G. ha lesionado el derecho primario a la libertad personal, la presunción de inocencia, los principios de legalidad, reserva y razonabilidad, como así también un limitación en el ejercicio de su derecho de propiedad al tener secuestrado el vehículo en el que se movilizaba sin dar razón alguna para ello y descartando que el hurto de vaquillas y novillos pudiera perpetrarse en la caja de una camioneta doble cabina, por lo que no pudo ser utilizada para la comisión del hecho presuntamente delictual”, consignó la magistrada.
En cuanto a O.A.G., afirmó que “se vio afectado por el accionar judicial que lo mantuvo aprehendido por cinco días y lo privó de su vehículo arguyendo que podría ser de interés para la causa, ocasionándole con ello un daño que resulta directamente imputable al Fiscal de Investigaciones que dispuso en forma abusiva de tales medidas”.
Ambos denunciantes deberán ser indemnizados por una suma de 200 mil pesos por el daño moral que debieron soportar por el irregular accionar del por entonces fiscal. Además, a R.G. también se le reconocen indemnizaciones por los rubros de gastos médicos y privación de uso de su camioneta, por 10 mil pesos cada uno. A esto, deberán sumarse los intereses.
Lo que no fue receptado favorablemente por el tribunal de alzada fue el pago de los honorarios de los abogados en la causa penal por la que demandaron civilmente al exfiscal Sorabella. A todo lo dispuesto por la jueza Martínez, adhirió su colega Eloisa Barreto.
El lunes 22 de mayo pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia declaró admisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad presentados por Sorabella y la Fiscalía de Estado y serán remitidos a la Sala I Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.
