Se trata de Carlos Amad, a quién la Guardia Whasek denunció penalmente por supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público agravada por racismo por declaraciones mediáticas en los que el fiscal federal subrogante de Sáenz Peña los acusa por presuntos delitos por los que ya fueron sobreseídos hace casi dos años.
Lunes, 15 de mayo de 2023
La verborragia podría jugarle una mala pasada al fiscal federal subrogante de Sáenz Peña, Carlos Amad, lo que también podría arrastrar a su auxiliar fiscal, Pamela Michlig. Es que ambos fueron denunciados penalmente por miembros de la Guardia Comunitaria Whasek Wichí por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, agravados por haber sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, con motivo de persecución a una raza o nacionalidad y con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial”. En síntesis: para los miembros de la organización indígena el fiscal federal pretende amedrentar a la comunidad Wichí cuando ésta reclama por la vulneración de sus derechos en la provincia del Chaco.
La presentación surgió a partir de las declaraciones que el funcionario fiscal realizó en marzo de este año luego del conflicto producido en la localidad de Misión Nueva Pompeya en que una protesta de las comunidades indígenas contra la falta de respuesta estatal por la desaparición del joven wichí Salustiano Giménez generó una descomunal represión policial.
Para Amad, todo conflicto que se produzca en la zona es protagonizado por la Guardia Whasek, aunque, como en éste caso, no existía un solo indicio que conectase a esa organización con el reclamo. Así, a partir de este hecho, el fiscal inició un raid de declaraciones por distintos medios en los que relató como si fueran actuales los conflictos que sí tuvieron como protagonistas a los miembros de la Guardia Whasek y por los cuales fueron sobreseídos en todas las instancias hace casi dos años.
Es decir, Amad se dedicó a despotricar contra los miembros de la Guardia Whasek por hechos que ya perdieron vigencia y por los cuales fueron sobreseídos, aunque el fiscal sigue afirmando que fue “ilegalmente”.
En ese contexto, la denuncia consigna que “el fiscal general Carlos Martín Amad, mediante la constante exposición mediática, realizó altisonantes declaraciones públicas, analizando y contando las medidas y líneas de investigación que estaban absolutamente agotadas hace tres años”. La presentación también comprende a la auxiliar de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, Pamela Michlig.
Así, citaron que “los integrantes del Ministerio Público deben ser objetivos en su actuación persecutoria debiendo procurar la verdad sobre la acusación que preparan o sostienen, y ajustarse a las pruebas sobre ella en sus requerimientos o conclusiones, sea que resulten contrarias o a favor del imputado. No pueden ocultar los elementos de convicción favorables a la defensa”.
La presentación judicial de la Whasek, patrocinada por el abogado Paulo Pereyra, fue realizada ante el juez federal subrogante de Sáenz Peña, Ricardo Mianovich, y también requirió que se ponga en formal conocimiento de los hechos a la Procuración General de la Nación para que analice el inicio de las investigaciones administrativas que correspondan así como también las acciones de Superintendencia.
Además, la denuncia recusó a Amad y Michlig para que sean apartados del trámite de esta presentación. A su vez, la Guardia Whasek anticipó que podría constituirse como querellante particular en esta denuncia y también en actores en una eventual causa civil.
La génesis de la ira del Fiscal
La ira del fiscal Amad tuvo su origen en el mismo momento en que el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, firmó un histórico acuerdo en la sede del Juzgado Federal de Sáenz Peña a través del cual el Estado chaqueño se comprometía a brindar soluciones a los reclamos de la comunidad Wichí y desistía de proseguir la acción penal contra la Guardia Whasek que, a su vez, se comprometió a abandonar el armamento y los uniformes militares.
En desacuerdo, el Ministerio Público Fiscal pretendía avanzar en la criminalización de las acciones de la Guardia Whasek a los que les imputó, entre otros, el delito de sedición. El acuerdo firmado por el gobernador fue homologado por el Juzgado de Primera Instancia en julio de 2021, y luego ratificado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y también por la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, se encuentra firme por lo que las declaraciones de Amad en marzo de este año no tienen ningún tipo de vigencia y para la Guardia Whasek solo implica un ánimo persecutorio del funcionario fiscal a la protesta de las comunidades indígenas.
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