El 7 de mayo de 2021, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el auto de elevación a juicio oral contra la por entonces diputada nacional de Juntos por el Cambio, Aída Ayala, el secretario general del Sindicato de Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, como supuestos jefes de una banda dedicada al lavado de dinero obtenido de presuntos negociados por la contratación de la empresa PIMP SA. El TOF de Resistencia aún no fijo fecha para las audiencias.
Viernes, 12 de mayo de 2023
A más de dos años de la elevación de la causa a juicio y un año y medio de la audiencia preliminar, el Tribunal Oral Federal de Resistencia aún no fijó fecha para el inicio del juicio oral y público contra la exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional de Juntos por el Cambio, Aída Ayala, imputada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero procedente de supuestos negociados en la contratación de la empresa PIMP SA para la recolección de residuos en la capital chaqueña. El cargo también se extiende al histórico jefe del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Amaro Sampayo. La causa también se conoce como “Lavado II” o “PIMP”.
La resolución de la jueza Niremperger, dictada el 7 de mayo de 2021, comprendía además a otras 15 personas allegadas a la dirigente política y al sindicalista.
El 10 de marzo pasado, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, pidió al tribunal que fije fecha de debate “sin más dilaciones” para el juicio oral. En el escrito, el funcionario del Ministerio Público Fiscal señaló que ya transcurrió más de un año de la audiencia preliminar (realizada en diciembre de 2021) y que están dadas las condiciones para avanzar con el juicio oral.
Sin embargo, hasta el momento el TOF no fijó la fecha de debate en un caso que reviste gran trascendencia institucional ya que involucra a una de las dirigentes más importantes de los últimos años en la política chaqueña y que, incluso, volverá a ser precandidata a intendenta de Resistencia en las próximas elecciones.
El caso “PIMP”
La causa se inició en 2018 por un supuesto negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa “PIMP SA” con la recolección de residuos en la ciudad. Junto con Ayala serán juzgados Daniel Fischer, ex jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija; y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Martínez, entre otros.
El resto de los que enfrentarán el juicio son: Mónica Centurión, Fátima Rigassio, Patricia Vázquez, Luis Escobar, Rolando Acuña, Natalia Martínez Guarino, Cristian Zapata, Diego Martínez Guarino, Víctor Hugo Quiroz, Eulalio Bouza, Elsa Martínez y Enrique Baumwollspinner.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal federal Patricio Sabadini Sabadini señaló que como intendenta de Resistencia Ayala “dispuso los mecanismos, personas y empresas que resultaron determinantes para influir en los procesos de licitación lanzados desde el municipio a su cargo” para beneficiar a “PIMP SA”.
“Manejó desde ese lugar cada uno de los procesos, incluso desde antes que los mismos fueran dados a conocer, preestableciendo pautas, condiciones, estructuras, logísticas y todo aquello que pueda imaginarse para que el proceso licitatorio adquiera cierta apariencia de licitud, logrando de esta manera que quienes finalmente resulten adjudicados sean aquellos sujetos que, inscriptos como proveedores, sean de su íntima confianza y fieles a sus intenciones”, agregó en su dictamen.
Vale recordar que por esta causa la ex funcionaria de Macri tuvo un orden de detención que nunca se cumplió por sus fueros como diputada nacional. La jueza Niremperger, a pedido de la Fiscalía, dictó su prisión preventiva porque entendió que habían “serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la Justicia”. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Resistencia pero revocada por Casación en marzo de 2019. Ayala nunca fue detenida porque los diputados del PRO y de la UCR no dieron los votos para tratar el desafuero en la cámara baja.
También se encuentra pendiente de juzgamiento en otra causa en la que se le imputa el delito de fraude en perjuicio de la administración pública cuando se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, bajo la presidencia de Mauricio Macri, por el presunto direccionamiento de la contratación de proveedores por parte del Municipio de Quitilipi.
