Una banda integrada en parte por Policías de Seguridad Aeroportuaria de Resistencia y Corrientes fueron declarados culpables por el delito de lavado de activos agravado. Se constató que mediante un complejo entramado, que incluía el alquiler de cuentas bancarias y compras apócrifas en comercios del Paraguay, hacían ingresar de contrabando dólares al país para comercializarlos en el mercado ilegal, sorteando el cepo cambiario. Con las ganancias compraban bienes que luego colocaban a nombre de terceros.
Viernes, 21 de abril de 2023
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó esta semana a una banda conformada en parte por Policías de Seguridad Aeroportuaria de Resistencia y Corrientes por asociación ilícita y lavado de activos. Fue tras confirmarse un complejo entramado a partir del cual se contrabandeó divisas por alrededor de 5,5 millones de dólares entre 2013 y comienzos de 2016.
En el fallo dado a conocer el 19 de abril pasado, los jueces Juan Manuel Iglesias, Noemí Marta Berros y Roberto López Arango dejaron asentado que los principales imputados, que en su mayoría residen en Corrientes, alquilaban cajas de ahorro de otros colegas para realizar depósitos de dinero que luego utilizaban para simular compras en Paraguay en comercios que sólo tenían terminales electrónicas de pago. Es decir que sólo enviaban el dinero para hacerse de dólares en el exterior, sorteando así el cepo cambiario argentino.
Posteriormente, viajaban hasta el país vecinos, recogían el dinero físico que lo ocultaban para evadir el control aduanero y luego lo revendían en el mercado ilegal como “dólar blue”. A partir de esto obtenían ganancias que posteriormente blanqueaban con la adquisición de activos que colocaban a nombre de terceros.
La suerte judicial que corrieron los imputados podría dividirse en tres grupos. Por un lado, Martín Santos Candia (comerciante), Abel Rodolfo Galeano (comerciante) y Andrés Galeano (exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria) acordaron un juicio abreviado con el Fiscal General, Federico Carniel.
Reconocieron su responsabilidad en los hechos y fueron condenados como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembros de una banda. La pena para todos fue de cuatro años y seis meses de prisión y una multa por el doble del monto de la operación observada. Los tres lograron el beneficio de la prisión domiciliaria.
Por otro, Claudio Toledo, de la PSA, no quiso adherir al juicio abreviado ya que su defensa consideró que podría demostrar su inocencia. Finalmente, tras afrontar un juicio ordinario, fue condenado como partícipe secundario del delito de lavado de activos agravado. Obtuvo la pena de tres años de prisión de ejecución condicional más una multa por el doble del monto observado.
Federico Forastier (empleado), Gustavo Sicardi (PSA), Daiana Esteche (PSA), Gustavo Sicardi (PSA) y Marcelo Boutet (PSA) lograron una suspensión de juicio a prueba, previo pago de una multa de dos veces el monto blanqueado. Los jueces ordenaron también el decomiso de los bienes adquiridos de forma irregular por parte de los integrantes de la banda.
La investigación
Esta investigación nació a raíz de una denuncia formulada por el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Germán Montenegro ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en base a un informe que le fuera elevado por Juan Ramón Fioravanti, Jefe de la Unidad Operacional Corrientes, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En esa denuncia surge que el 4 de septiembre de 2015, el Gerente de la sucursal Corrientes del Banco de la Nación Argentina, Delio Ulon, se presentó en su oficina junto al Contador, Julio Báez, con el objeto de ponerlo en conocimiento sobre la detección de movimientos sospechosos en las cuentas bancarias que en esa entidad poseen dos de los funcionarios a su cargo: el oficial principal, Daniel Benítez y Laurea Andreau, personal civil de la PSA. El primero, registró en agosto de 2015 movimientos por aproximadamente dos millones de pesos, mientras que la segunda evidenció movimientos dinerarios que rondaron el millón de pesos: montos muy por encima de sus ingresos declarados.
Al ser consultada sobre esta situación, Andreau aseguró que ella le prestó su tarjeta de débito a Abel “Coto” Galeano, hermano del Oficial, Andrés Galeano (por ese entonces jefe de la Unidad de Seguridad Aeroportuaria de Corrientes), teniendo conocimiento que varios de sus compañeros habían realizado lo mismo, obteniendo algunos de ellos un rédito económico por ese préstamo, circunstancias ellas que involucrarían a distintas personas con prestación de servicios en PSA.
Durante el curso de la investigación realizada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, se pudo confirmar que una organización criminal, integrada casi en su totalidad por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, operó en las ciudades de Resistencia y Corrientes durante los años 2013, 2014, 2015 y principios del 2016.
La organización reclutaba personas, en su mayoría personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que voluntariamente y con conocimiento de las maniobras a realizar, prestaban o alquilaban sus tarjetas de débito y el manejo de sus cajas de ahorro bancarias, a cambio de recibir una contraprestación que oscilaba entre 1000 a 2500 pesos (de ese entonces), para recibir depósitos por sumas millonarias, el cual era utilizado para financiar la compra de dólares en Paraguay, mediante la simulación de compras, con las tarjetas de débitos obtenidas, en comercios de electrónica de “dudosa existencia”.
Una vez munidos de las divisas extrajeras, los imputados se encargaban de reingresar el dinero recaudado hacia Argentina, pasando los controles fronterizos, sin declarar el mismo, para vender esas divisas al precio dólar blue, durante la época del cepo cambiario, lo cual les generaba una ganancia ilegítima del 25,35% en rendimiento por cada dólar.
El producto económico del delito obtenido durante el período 2013/2016 por la organización criminal, mediante estas maniobras, rondaría los 46 millones de pesos (de ese entonces) y casi 121 mil dólares. El dinero recaudado era luego invertido por la organización en inmuebles, autos, motos, lanchas (la mayoría de estos vehículos era puesto a nombre de parientes y allegados) o directamente reinsertado al circuito ilegal que utilizaban.
De acuerdo a la investigación, los imputados frecuentemente abrían y cerraban nuevas cuentas de ahorro en el mismo banco o en otros de la plaza, sin justificación. También se observó que las cuentas de ahorros inicialmente registraban transacciones por montos bajos. Al poco tiempo, una vez que se vinculaban y operaban en la organización criminal, incrementaban sus movimientos y su nivel de compras en un 300%.
Por otra parte, las cuentas de ahorros registraban transacciones de débito y crédito simultáneos (misma fecha, por montos iguales o similares, sin justificación aparente).
