A través de un decreto fundado, la jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, convocó a diversos estamentos del Estado para poder “articular estrategias respecto a las manifestaciones públicas” y lograr así un “pacto social”. Considera necesario que se designen lugares alternativos de reclamos, el seguimiento de las peticiones que se realizan y que, de producirse algún daño durante la protesta, que los manifestantes lo paguen. La reunión fue convocada para el 2 de mayo. No fueron invitados los movimientos sociales.
Martes, 18 de abril de 2023
La jueza de Faltas de Resistencia, Marcela Cortés, convocó a una reunión interpoderes con la intención de lograr consensos para elaborar alguna solución respecto de los reiterados cortes de tránsito que se producen en la ciudad.
A través de lo que se denomina como “decreto fundado”, la magistrada invitó a representantes del gobierno del Chaco, del municipio de Resistencia, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, la Inspectoría de Justicia de Paz y Faltas, la Policía del Chaco, la Defensoría del Pueblo (provincial y municipal) y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros a un encuentro que se llevará a cabo el 2 de mayo, a las 9, en un lugar a confirmar.
Habrá una ausencia notable: los 106 movimientos sociales, cooperativas y fundaciones que habitualmente se manifiestan en el microcentro capitalino. La jueza argumentó en este sentido que, debido al volumen de personas nucleadas en estas organizaciones, se hace imposible invitarlos a todos. Es por eso que consideró que con la presencia de la Secretaría de DDHH, las Defensorías del Pueblo y la Defensoría General, a quienes la jueza considera como representantes válidos de los movimientos sociales, la cuestión quedaría zanjada.
La convocatoria de la jueza nació de una seguidilla de denuncias realizadas en los últimos meses por el área legal del Municipio de Resistencia contra quienes realizan cortes de calles y avenidas las cuales se repiten en el centro de la ciudad. Las presentaciones, explicó la jueza, no fueron acompañadas de pruebas ni testigos.
De todos modos, reconoció que es de público y notorio lo que sucede a diario, principalmente frente a Casa de Gobierno. Marcó el contrapunto que se da en situaciones como estas: por un lado, las personas vulnerables que exigen que sus demandas sean escuchadas por las autoridades. Y por el otro los automovilistas y motociclistas que se ven impedidos de circular normalmente, como así también los comercios aledaños a los cortes, quienes sufren la merma en sus ventas.
“No puedo hacer en la presente causa un análisis meramente contravencional, porque si así fuera debería archivar la causa por autor desconocido, pasar el tamiz del principio de culpabilidad o resolver si se criminaliza o no la protesta, lo cual adelanto desde ya que en un estado de derecho no lo puedo hacer porque significa echar por tierra años de lucha y reivindicación por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, en especial de los grupos más vulnerables”, consideró Cortés en su escrito.
Señaló en este sentido un dato altamente preocupante: los graves índices de pobreza de la capital chaqueña. “Cabe precisar que el Gran Resistencia, conforme el último informe del Indec (30/03/23), tiene el porcentaje más alto del segundo semestre del 2022 de hogares bajo la línea de la pobreza (44,9), y el 54% de la población es pobre, por ello debo ser cautelosa al resolver una cuestión que involucra el ejercicio de derechos como antes lo referí de expresión, reunión, asociación y fundamentalmente de peticionar a las autoridades que no es otra cosa que quien debe garantizar el pleno goce de los derechos humanos de los habitantes de una de las áreas metropolitanas más pobres del país. Es aquí donde el accionar de la justicia se hace necesario a fin de salvaguardar los derechos de los más débiles.”, sostuvo.
De todas formas, remarcó que “en ese cometido no puedo desconocer que los vecinos de Resistencia, comerciantes, trabajadores, etc., están cansados del corte de tránsito como modalidad de petición”.
“Sienten y con justa razón que sus derechos se ven vulnerados, restringidos y en muchos casos amenazados y dañados. (…) se espera que los órganos del Estado demos respuesta justa y oportuna que solucione la cuestión a resolver lo que implica escuchar a todos los actores involucrados y afectados por la modalidad de petición”, remarcó.
“Por ello”, sostuvo, “considero que se debe delimitar lo que le corresponde a cada uno en esta cuestión y garantizar la participación de todos los actores sociales involucrados en la temática a fin de elaborar un plan de acción o pacto social”.
Un pacto
Este plan de acción o pacto social establecería varias pautas a seguir. Entre ellas están la de contar con un mecanismo de petición en el que se identifique al grupo que se manifiesta, lo que pide, el trámite asignado, la respuesta, el seguimiento y la comunicación a los organismos de control.
También se deberán fijar los lugares y horarios en los cuales se debe garantizar la libre circulación de los transportes públicos de pasajeros, ambulancias y transportes escolares o automóviles para el normal desarrollo de las actividades en la Administración Pública, las escuelas, hospitales, sanatorios y los poderes legislativo y judicial.
Además, se propone establecer un sistema de preaviso de las manifestaciones a fin de que se pueda regular el tránsito; fijar un espacio alternativo u otros canales donde se pueda visibilizar la petición; exhortar a los grupos de manifestantes a que se abstengan de “generar daños a las personas y/o bienes de terceros” y en caso de producirse daños a terceros, serán los movimientos sociales quienes afronten los gastos de reparación.
Finalmente, la magistrada postula la necesidad de elaborar una ley que regule no sólo el accionar policial en este tipo de manifestaciones sino también respecto de la actuación que deben llevar a cabo los funcionarios públicos, las alternativas que se le debe ofrecer a los grupos que se manifiestan previos al corte de calle, y el seguimiento y control de los fondos o bienes que se les otorga “con el fin de evitar un uso abusivo de las necesidades y el descontrol”.
