A partir del 10 de mayo, el secretario general y el tesorero del Sindicato de Obras Sanitarias de Chaco, Daniel Tabares y Daniel Rivero, serán juzgados por presunta instigación a cometer delitos por los desmanes que tuvieron lugar durante una protesta gremial en la sede de la empresa de aguas provincial. Un tercer imputado fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba. Será la primera vez que se pondrán en debate los límites al ejercicio del derecho a la protesta.
Martes, 18 de abril de 2023
Por Brian Pellegrini
Se sabe que ningún derecho es absoluto. Pero, ¿existe una frontera objetiva que delimite cuándo una legítima protesta gremial o social se transforma en un delito? ¿Es válido criminalizar a dirigentes gremiales cuando una protesta deriva en actos vandálicos que destrozan bienes del Estado? Estos serán algunos de los interrogantes que sobrevolarán el juicio contra dos miembros del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh), que serán juzgados a partir del 10 de mayo acusados de promover la destrucción del patrimonio de Sameep, la empresa de aguas del Estado.
En concreto, la figura penal que se les imputa es la de “instigación a cometer delitos” por una manifestación gremial que terminó en graves incidentes y destrozos en la sede de Sameep, en septiembre de 2021.
Los imputados son Daniel Tabares, actual tesorero del SOSCh (por entonces secretario general); y Daniel Rivero, actual secretario general de la entidad (por entonces tesorero), quiénes el 1 de septiembre de 2021 encabezaron una protesta gremial frente a la sede de la empresa de aguas provincial, ubicada en Avenida Las Heras Nº 80 de Resistencia, en reclamo por incumplimientos del Directorio con los trabajadores y durante la misma se produjeron incidentes que terminaron con roturas de vidrios, mobiliarios y una empleada lesionada.
La investigación de la causa estuvo a cargo de la fiscal N°1 de Resistencia, Lilian Irala, y el juicio se llevará adelante en la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, a cargo del juez Ernesto Azcona. Por la parte acusadora intervendrán el fiscal de Cámara 3, Sergio Cáceres Olivera, y el abogado querellante por Sameep, Paulo Pereyra. En tanto, la defensa estará a cargo de los letrados Alejandro Varela y Godofredo Pérez Dudiuk
Las fechas de las audiencias fueron fijadas para el 10 y 11 de mayo, a las 8 horas. Son un total de diez los testigos aceptados por el tribunal, todos propuestos por la Fiscalía de Cámara 3 y por la querella particular.
Los hechos
Según el relato de los hechos, el 1 de septiembre de 2021, alrededor de las 8, Daniel Tabares, secretario general del SOSCh; Daniel Rivero, tesorero y D.E., asociado al sindicato, junto a un grupo de 30 personas no identificadas pero empleados de planta permanente de Sameep, se hicieron presentes en avenida Las Heras Nº 80 de Resistencia movilizados por un reclamo salarial.
Luego, tras ingresar a la parte delantera de la empresa, Tabares y Rivero “instigaron públicamente a las demás personas asociadas al sindicato que se encontraban en el lugar a dañar los bienes de la empresa, oportunidad en que todas estas personas arrojaron ladrillos, siendo una de ellas D.M.E., ocasionando daños a las puertas de aluminio, vidrios y sillas de las oficinas, bienes éstos de uso público”. También fue lesionada una de las empleadas de la empresa.
D.M.E, quién había sido requerido a juicio imputado por el delito de “daño agravado”, fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba; no así los integrantes del SOSCh a quiénes se sindica como los que promovieron los incidentes.
La causa
En sus declaraciones indagatorias, los gremialistas negaron haber participado de los hechos que se les imputan y consideraron que la causa era parte de una persecución del Directorio de Sameep contra la entidad sindical. En rigor, en el caso del secretario general, Daniel Tabares, una conducción anterior de la empresa lo había privado de su cargo como Jefe de Zona 1 de Sameep, en el que luego debió ser repuesto por una orden judicial. Posteriormente, también se intentó jubilarlo de manera compulsiva.
En su requerimiento, la fiscal Irala señaló que “los dichos de los imputados al hacer efectivo el derecho de defensa material ensayaron una versión que no encuentra respaldo en elemento probatorio alguno, poniendo la responsabilidad en la empresa atento a los reclamos salariales, más ello parece tratarse de una medida defensiva que busca excluir la responsabilidad penal más que un relato serio y consistente”.
En definitiva, lo que estará en debate durante este juicio es si determinados hechos que suceden en paralelo al ejercicio del legítimo derecho constitucional a la protesta pueden ser perseguidos penalmente.
“Por las buenas o por las malas”
Por otro lado, el ahora tesorero del SOSCh, Daniel Tabares, tiene otra causa penal abierta en la Fiscalía Nº 3 de Resistencia, a cargo de la fiscal Rosana Soto, en la que se encuentra imputado por el delito de amenazas coactivas simple. Es por un hecho que aconteció el 12 de mayo de 2022, cuando Tabares irrumpió en las oficinas de la empresa Sameep, acompañado de un numeroso grupo de trabajadores, y exhortó al director de la empresa Gustavo D’alessandro al proferir: “Te vamos a hacer cumplir el convenio por las buenas o por las malas”.
En su declaración como imputado de diciembre de 2022, Tabares explicó que cuando expresó “por las malas” se refirió a “acudir a la justicia”, lo que a la empresa le significaría “miles de juicios” y “erogaciones financieras”.
El gremialista insistió en que “la actitud de los trabajadores es una consecuencia del incumplimiento del directorio de Sameep”. “Se habla de privación de libertad en la denuncia pero lo único que fuimos nosotros es a pedir al director de Sameep que baje que hablar con los trabajadores porque no se estaba cumpliendo el convenio colectivo de trabajo”, sostuvo el secretario general del SOSCh.
