La Jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a dos sujetos, uno de ellos exintegrante de Gendarmería, por presuntamente haber amenazado a punta de pistola a un detenido a quien se le exigía el pago de una coima de $5 millones tras haber sido beneficiado de manera irregular con una prisión domiciliaria. La solicitud se habría hecho a nombre del exconjuez de Sáenz Peña, Miguel Aranda, quien fue el que la otorgó. Aseguran que no fue un caso aislado.
Sábado, 15 de abril de 2023
Por Bruno Martínez
Cuando lo detuvieron con dos kilos de marihuana, A.M.R. estaba en libertad condicional. Salvo por una cuestión de salud muy grave, en casos como el suyo, no hay posibilidad de morigerar su detención: debía quedar preso en una cárcel. El borrador con su procesamiento con prisión preventiva ya estaba redactado por la secretaria del Juzgado Federal de Sáenz Peña, Hemilce Núñez Sánchez. Sin embargo, el por entonces conjuez de Sáenz Peña, Miguel Aranda, quien era el que debía firmarlo, consideró que no era para tanto y ordenó que se le otorgue la prisión domiciliaria. Se basó para esto en la relativamente escasa cantidad de droga secuestrada. Y así, sin más, A.M.R. se fue a su casa. La decisión, claro, llamó la atención de todos en el juzgado.
Al tiempo, más precisamente el 18 de junio de 2022, tres hombres y una mujer llegaron a bordo de una camioneta hasta el domicilio de A.M.R., en el barrio El Bolsón, en Resistencia. No fue una visita amigable: le exigieron el pago de 5 millones de pesos que, según ellos, era lo que pedía Aranda por haberle concedido esa domiciliaria que, a todas luces, no correspondía.
Ante la negativa del pago, A.M.R. fue amedrentado con un arma de fuego. Los supuestos emisarios del ahora exconjuez realizaron disparos en el piso y también lo golpearon en la cabeza. En un momento dado, se trenzó con uno de los agresores y logró quitarle la pistola, lo que provocó que el resto se retirara del lugar. Llamó a la policía y contó lo sucedido.
Esta amenaza no lo tomó por sorpresa. El hombre recordó que cuando estuvo preso en la División de Drogas de Sáenz Peña, Walter Ayala, quien en ese entonces estaba detenido con él y que también fue parte de la agresiva comitiva que fue hasta su casa a intentar coimearlo, le dijo que podía hacer gestiones para lograr su prisión domiciliaria, pero que para eso tenía que contactarse con el gendarme apodado “Talibán” (supuesto hombre de confianza de Aranda) y pagar una importante suma de dinero. “El que pone el gancho es El Jefe”, habría dicho Ayala en referencia al exconjuez.
La fecha de esa charla, ese primer ofrecimiento de Ayala a A.M.R., coincidió con un diálogo por Whatsapp que mantuvo Aranda con una escribiente del Juzgado Federal de Sáenz Peña. En ese chat, que la empleada judicial aportó a la Justicia, su por entonces jefe pidió que le detalle el contenido del expediente 5299/2022 y la situación procesal del imputado: casualmente, el expediente era el pedido de excarcelación presentado por la defensa de A.M.R.
Pay per view
Este accionar (pagar para recibir beneficios) habría sido una constante en el juzgado de Aranda. Así lo señaló en su declaración testimonial, el abogado de A.M.R, Pablo Alejandro Madzarevich. El letrado manifestó que otros dos clientes detenidos venían padeciendo episodios similares: gente que venía a ofrecerle la libertad o, por caso, la prisión domiciliaria, a cambio de abonar mucha plata.
En octubre del año pasado, cuando se decidió allanar la casa de Aranda, en Resistencia, se constató una llamativa situación que para los investigadores sería un fuerte indicio que corroboraría el negocio subterráneo de cobro de coimas a cambio de beneficios procesales.
En esa oportunidad, se secuestró una gran cantidad de dinero (casi 1,5 millón de pesos, 15 mil dólares, casi 4 mil euros, 6 millones de guaraníes y 80 libras esterlinas), acondicionado de manera muy particular: distribuidos en fajos con anotaciones o envueltos en documentación vinculada a expedientes.
Con las pruebas recabadas, sumados a una ronda de reconocimiento en donde se pudo constatar quienes fueron los que habrían conformado aquella comitiva del apriete, la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió esta semana procesar sin prisión preventiva al exintegrante de Gendarmería Nacional, Alejandro “El Talibán” Quintana y al excompañero de celda de A.M.R., Walter Ayala, por los delitos de asociación ilícita y de concusión (utilizar un cargo para exigir un pago indebido) agravada en calidad de partícipes primarios. Además, se les trabó un embargo de 3 millones de pesos. El gendarme, Alberto Farías (procesado en diciembre) y una agente de la Policía del Chaco, aún no identificada, serían quienes completaban aquella patota que cobraba coimas a domicilio.
El juez
Cabe recordar que, en diciembre pasado, la misma jueza procesó a Aranda y a tres gendarmes por presuntamente haber formado parte de una asociación ilícita que brindaba protección y filtraba información sensible a bandas narco de Sáenz Peña. La cuñada y el concuñado del exconjuez también fueron procesados, pero por tráfico de influencias.
La resolución de la magistrada indica que el procesamiento contra Aranda es por considerarlo, prima facie, miembro de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, todos ellos en carácter de autor y coautor de los delitos de encubrimiento agravado y concusión agravado. A su vez, decidió trabarle un embargo por 10 millones de pesos.
En cuanto a la acusación sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, la jueza consideró que las pruebas recolectadas hasta el momento por el equipo de fiscales conformado por Federico Carniel, Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Iglesias “carecen de fuerza vinculante necesaria”. De todos modos, decidió dictarle la “falta de mérito” y no sobreseerlo (es decir no dejar del todo cerrada esta acusación) teniendo en cuenta que el estado de las cosas podría mutar con el devenir de la investigación y la aparición de nuevas pruebas.
Junto con Aranda, y por los mismos delitos, también fueron procesados sin prisión preventiva los gendarmes Alberto Farías (comandante principal); Raúl Ernesto Scheurman (segundo comandante y en su momento jefe operativo del Escuadrón) y Enzo Aguirre (primer alférez y por ese entonces jefe de la Sección Villa Ángela). A Farías se le trabó un embargo por 8 millones de pesos; a Scheurman por 6 millones de pesos y a Aguirre por 3 millones de pesos.
Por otra parte, los empresarios Martín Rafael Raimundo y Clarisa Daniela Galissier, concuñado y cuñada de Aranda, dueños de la empresa de transportes de granos EAFA SA, fueron procesados, pero por considerarlos instigadores del delito de tráfico de influencias. Se los acusa de utilizar los lazos familiares que mantienen con el exconjuez para supuestamente lograr que Gendarmería anule una multa que se le realizó a uno de sus camiones el 12 de junio de 2020 en la zona de Villa Ángela.
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