El miércoles pasado, la Legislatura del Chaco sancionó una ley que prohíbe el uso de celulares inteligentes y la conexión a internet en los establecimientos penitenciarios. Esta medida es un engendro legislativo que barre con toda la exitosa experiencia generada en las cárceles locales desde el inicio de la pandemia. Menos derechos, ¿más seguridad?
Lunes, 10 de abril de 2023
Por Bruno Martínez
El ecosistema de una cárcel se mantiene siempre en un frágil equilibrio. Cualquier cuestión mínima, una palabra mal dicha, una rutina mal practicada o algo que no está en el lugar que debería, puede ser germen de un conflicto.
Es por eso que cuando desde algún poder del Estado se fantasea con realizar cambios que podrían afectar de manera estructural la vida cotidiana intramuros resulta necesario evaluar una, dos, tres, diez veces las consecuencias que eso podría acarrear.
El engendro legislativo que se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados del Chaco es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer. La Ley Provincial 3794-J viene a restringir de manera casi total la comunicación de las personas privadas de la libertad. El fundamento para esto fue evitar que se usen para cometer delitos. A partir de su puesta en vigencia, se podrá utilizar únicamente los viejos teléfonos públicos amurados a la pared del penal.
La posibilitad de contar con teléfonos inteligentes y acceso a internet, garantizada por una resolución del Ministerio de Justicia del Chaco de mayo de 2022, que tuvo como fundamento la experiencia exitosa del protocolo aplicado durante la cuarentena (con reglas claras de ingreso, habilitación, tenencia, usos prohibidos y permitidos), pasará a ser un derecho perdido de un pasado mejor.
La ley sancionada el miércoles indica además que para que la normativa pueda ser llevada a la práctica el gobierno provincial estará obligado a instalar inhibidores de señal para que no se pueda acceder a la red en todo el penal, creando así una suerte de domo analógico donde ni siquiera el personal penitenciario podría utilizar WhatsApp. Como si regresar a una época pre digital fuera sinónimo de mayor seguridad.
Para la población carcelaria esto significa un retroceso en su derecho a la comunicación. El celular no sólo sirve para mantener un fluido vínculo familiar (algo que la cárcel suele resquebrajar), sino también como forma de autoprotección ante eventuales hechos de violencia institucional o para disuadir a aquellos penitenciarios que estén tentados a cometerlos.
En un trabajo de investigación inédito* realizado por el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen, y por la secretaria Ejecutiva del organismo, Selva Nazaruka, se consultó a 26 detenidos de la provincia si el uso de celulares generó algún cambio en el personal penitenciario. Todos coincidieron en que cambió para bien porque ahora los guardias “se cuidan más”. “Cuando entran al pabellón, nosotros siempre los filmamos y les decimos que los estamos grabando… por eso no nos buscan la reacción. Antes entraban y hacían lo que querían nomás”, contó uno de los entrevistados.
El celular también sirvió para que algunos internos pudieran trabajar. Es el caso del músico, Fabián Soria. Alojado en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, Soria le sacó el jugo a su celular para explotar su talento: grabó dos discos de cumbia, hizo publicidades para comercios y hasta jingles para políticos. También conduce y musicaliza un programa de ritmos tropicales que se transmite por internet y se replica en más de 120 radios de todo el país. Por estos trabajos recibe un dinero que le sirve para poder ayudar a su familia y contar con una base para volver a empezar una vez que le otorguen la libertad.
Por otra parte, la idea de pensar que con esta medida se va a evitar que se produzcan delitos desde la cárcel no tiene ningún sentido. Los hechos que fueron utilizados para justificar esta propuesta legislativa ocurrieron en cárceles de otras jurisdicciones mediante celulares ingresados de manera clandestina. Cometer un crimen con un celular registrado, vale decir, no es la movida criminal más inteligente ni que deje menos rastros.
Con todo, avanzar con una ley que quite el derecho de los detenidos a la comunicación, la educación, al estar conectados con sus familias y a contar con un arma de protección ante posibles hechos de violencia institucional es volver a la clandestinidad. Lo que pasará, en caso de que pase, es que los teléfonos inteligentes regresarán, pero sin ningún tipo de control, con un mercado negro que enriquecerá a quienes tienen el poder de decidir lo que entra y lo que sale del penal.
Detrás de todo, está la puja política en un año electoral. Esta normativa, impulsada por el diputado radical, Livio Gutiérrez, probablemente apunte a hacerle pagar algún costo político al gobernador, Jorge Capitanich, quien intentará buscar su segunda reelección. Tanto si veta la ley como si la promulga, será motivo de cuestionamientos por derecha o por izquierda.
Experimentar con los deseos, expectativas y frustraciones de las personas que están privadas de su libertad con la intención de lograr la simpatía de cierto electorado que quiere ver a todos los presos viviendo en cárceles como las del siglo XIX o directamente muertos, es un salto al vacío que se sabe donde empieza, pero no dónde termina.
*Nielsen, K. y Nazaruka, S. “Acceso a la comunicación mediante teléfonos celulares inteligentes por parte de las personas privadas de libertad en la provincia de Chaco como medida para la prevención y el acceso a la justicia ante casos de torturas y malos tratos” En La Prisión en el Siglo XXI. Diagnósticos, debates y propuestas (R. Gual director). Buenos Aires, Editores del Sur (En imprenta)
