A casi diez años del alzamiento de buena parte del personal de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, que dejó como saldo dos muertos y decenas de comercios saqueados, la Fiscalía Federal de Resistencia pidió que seis policías retirados vayan a juicio. A Juan Ramón Cantero, Miguel Ramírez, Ricardo Maciel, Carina Chas, Jorge Mario Duarte y Hermindo Vivero, se les imputa el delito de sedición.
Sábado, 8 de abril de 2023
Por Bruno Martínez
Si alguien tuviera que imaginarse como sería una película distópica en el mundo real, no debería irse muy lejos. Entre el 8 y 10 de diciembre de 2013, Resistencia y Sáenz Peña se convirtieron en tierra de nadie.
Hubo saqueos (30 según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa), ventanas tapiadas y comerciantes armados en los techos de los negocios. Barricadas en los barrios, tiros cruzados todas las noches y dos muertos: el joven, Ricardo Romero, y el subcomisario, Cristian Vera. La única diferencia con la ficción es que esto no fue provocado por algún virus creado en algún laboratorio: lo generó una brutal e inédita protesta policial por mejoras salariales, que tuvo su génesis en Córdoba y se replicó en varias provincias del país.
¿Qué pedían los policías del Chaco? Pasar de un sueldo básico de 1800 pesos a uno de 12 mil a partir de enero de 2014 y que sus parientes tengan prioridad para ingresar a la fuerza. También reclamaban por el acceso a la vivienda, chalecos, armas y, sobre todo, no ser sancionados por haber dejado amplísimas zonas liberadas con su protesta.
Luego de tres días de pánico y locura, el gobierno provincial pactó una mejora salarial y todo volvió a la normalidad. Días más tarde, el propio gobernador interino, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, dio de baja el acuerdo, al considerar que esa negociación se dio surgió de una extorsión por parte de empleados públicos a cargo de la seguridad ciudadana.
¿Qué pasó en el plano judicial con los sediciosos? La causa fue caminando a paso muy lento debido a diversos problemas de competencia. A pesar de la investigación preliminar desplegada por el equipo de fiscales federales Patricio Sabadini, Carlos Amad, Federico Carniel y Carlos Sansserri, en los meses posteriores al hecho, que los llevó a imputar a casi cien policías, penitenciarios y civiles por el delito de “sedición en concurso ideal con incitación a la violencia colectiva agravado por la ultrafinalidad de aterrorizar a la población”, la causa recién comenzó a avanzar en 2017.
Esto fue así porque, en paralelo, también se iniciaron causas en la justicia ordinaria lo que provocó conflictos de competencia que recién fueron zanjados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2015. Una de esas causas ya había sido elevada a juicio oral en Sáenz Peña aunque con figuras penales más benévolas.
En marzo de 2017, la causa quedó radicada definitivamente en el Juzgado Federal 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger. Con el correr de la investigación, la gran mayoría de los imputados recibió la falta de mérito y luego fue sobreseído. Los únicos alcanzados judicialmente fueron los cabecillas del alzamiento policial, a quienes se los procesó por sedición, pero sin los agravantes solicitados por el Ministerio Público Fiscal por considerar que esas figuras delictivas no se corroboraron durante la investigación.
¿Qué fue lo último que ocurrió con la causa? A comienzos de esta semana, el fiscal Sabadini, presentó ante la jueza Niremperger un requerimiento de elevación a juicio contra Juan Ramón Cantero, Miguel Ramírez, Ricardo Maciel, Carina Chas, Jorge Ramón Duarte y Hermindo Ángel Romero. Pidió que se los requiera por el delito de sedición.
Según el fiscal, todos los imputados “han tenido el dominio del hecho en su accionar, estuvo en sus manos el control de la situación, sabían que con su accionar se ponía en peligro la seguridad de los ciudadanos y desobedecían las ordenes que por su calidad de tales debían cumplir y sin perjuicio de lo cual decidieron desplegar tal conducta”.
Los hechos
En su escrito, Sabadini dividió en dos los escenarios que se dieron durante la alzada policial: los hechos ocurridos en Resistencia y en Sáenz Peña. Y en este último caso, hizo una subdivisión al detallar lo que pasó en el Departamento del 911, en el Complejo Penitenciario II y en la División Atención de la Mujer.
Al referirse al capítulo ocurrido en la capital chaqueña, el fiscal apuntó contra el suboficial Mayor, Jorge Duarte, conocido por su apodo “Mamacha”. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Duarte fue quien emitió un mensaje vía radio oficial en el cual se presentó como personal de la comisaría Quinta Metropolitana y aseguró que ninguno de los uniformados saldría de la unidad policial. Esta decisión de Duarte se dio a pesar de que el jefe de la unidad, Fabián Sissul, intentó persuadir a sus subordinados para que no se plieguen al acuartelamiento.
Posteriormente, Duarte junto a uniformados de las comisarías Séptima, Quinta y otras dependencias se dirigieron hasta la comisaría Primera donde bloquearon con patrulleros la salida del garaje asignado a la Policía Caminera. El jefe de Policía, Gustavo Peña, se acercó hasta el lugar exigiendo que depongan la actitud sediciosa, que liberen la salida y que entreguen las llaves de los patrulleros. Duarte, en calidad de vocero, se negó. Además de él, la otra vocera de los policías sublevados era la Sargento Primero de Policía, con prestación de servicios en la Comisaría Octava, Karina Chas.
Para ese entonces, se comenzó a solicitar que personal de Jefatura de Policía, Investigaciones y Caminera salgan a las calles para poder cubrir la faltante de policías debido a que el efecto contagio hacía que muchos se sumaran al acuartelamiento y las calles quedaban absolutamente liberadas para la delincuencia y los saqueos. También llegó personal de Gendarmería para reforzar la seguridad.
Durante las negociaciones con el gobierno, se volvió a pedir a Duarte y Chas que entreguen los patrulleros para poder contar con una guardia mínima, a lo que ellos volvieron a negarse. También se les solicitó que entreguen las armas largas y los chalecos. Dijeron que no los tenían, pero era mentira. Se sabía que quienes se plegaron a la protesta contaban con el equipamiento requerido, algo que provocó serios inconvenientes para poder enfrentar la ola de saqueos que se producían en toda la ciudad. El fin del conflicto terminó confirmado esta versión: los chalecos y armas que no estaban, de repente aparecieron.
911
El Comisario Inspector, Juan Ramón Cantero, fue el otro cabecilla del alzamiento, pero desde Sáenz Peña. Según recuerda la fiscalía, el 9 de diciembre de 2013, a las 19, Cantero ingresó a la División 911, ubicada en calle 28, entre 8 y 10, junto a un grupo de aproximadamente 70 personas. Allí comenzaron una manifestación en reclamo de mejoras salariales, utilizando para ello pancartas y bombos reclamando al Jefe de dicha División, Marcos Vivero Scarpellini que permita al personal de la unidad a su cargo adherirse al reclamo. Mientras estuvieron en esa unidad, el grupo de manifestantes que lo acompañaba obstaculizó el ingreso al galpón de la dependencia.
Más tarde, aproximadamente a las 20, Cantero se presentó en la Sala del 911, en avenida 28 esquina 5. Luego de haber ingresado a la sala de operaciones pidió al operador de turno que a través de la radio convoque a todos los móviles en servicio que se acercaran a ese lugar. Ante la negativa del operador, Cantero tomó el equipo oficial y fue él quien pidió a los móviles que vinieran. Les recordó que, de lograr el aumento salarial, el beneficio iba a ser “para todos”. Junto a Cantero, también estaban el sargento primero, Miguel Ángel Ramírez y el sargento, Ricardo Omar Maciel. Ellos también hablaron por radio convocando a los patrulleros.
Luego de esta comunicación, varias unidades que estaban de servicio que llegaron al lugar y se sumaron a la protesta. Esta situación, se replicó en cada una de las comisarías, unidades y dependencias policiales de Sáenz Peña.
Complejo Penitenciario
Quienes iniciaron el alzamiento, no sólo buscaban adherentes en la policía. También apuntaron a los integrantes del Servicio Penitenciario Provincial, más precisamente en los que se desempeñaban en el Complejo Penitenciario II, en Sáenz Peña.
Todo comenzó el 8 de diciembre de 2013, a las 9, cuando un grupo de unos 26 agentes y sub oficiales hicieron abandono de su trabajo y se dirigieron hacia el frente del penal pidiendo a los penitenciarios que se plieguen a la protesta. trasladando así su protesta por mejoras salariales.
El director del penal, Juan José Pedroza, se dirigió a los penitenciarios que se sumaron al alzamiento y les pidió no sólo que depongan su actitud, sino que entreguen el equipamiento de servicio, como ser escopetas, chalecos, cascos, radios y linternas. Accedieron a entregar todo, salvo las llaves de acceso a los módulos. Es así que para que los detenidos puedan recibir visitas durante esos días, se tuvieron que romper los candados.
A las 11.30 se hizo presente el Director del Servicio Penitenciario, Jorge Ibarrola, quien mantuvo una reunión con el personal que se hallaba con la medida de fuerza, tras lo cual cuatro de ellos desistieron y regresaron a sus puestos. Veintidós de ellos continuaron. Se apostaron frente a la unidad penitenciaria, dentro del predio, donde permanecieron hasta la noche del 9 de diciembre. Durante su permanencia, el personal que ingresaba a tomar su turno era hostigado para que se plegara a la medida de fuerza. Para cubrir la faltante, se tuvo que convocar a penitenciarios que estaban de franco.
La noche del 9 de diciembre, llegó hasta el Complejo Penitenciario II una caravana de vehículos, liderada por un patrullero policial de la Comisaría Cuarta, en cuya caja lo hacían un grupo de aproximadamente 15 o 20 personas, vistiendo alguno de ellos uniforme policial con bombos, pitos y elementos de pirotecnia que eran lanzados al aire.
La caravana estaba conformada por patrulleros policiales y vehículos particulares, estacionándose frente al portón de acceso al penal. En ese momento descendió el comisario Cantero, junto a otros funcionarios policiales, entre los que se encontraba el oficial Vivero. Se acercó al portón y mediante gritos manifestó que iban a ingresar, siendo acompañado por un grupo de 60 a 80 personas, produciéndose un forcejeo entre estas personas que intentaban abrir el portón y el personal penitenciario que desde el interior resistía, resultando afectado el portón en una de sus hojas como consecuencia del forcejeo.
Esta actitud fue mantenida a pesar de la advertencia dirigida por el Jefe del Penal a Cantero para que no ingresaran y que se retiraran del lugar, dado que en ese momento existían tres módulos al borde de inicio de un motín. Sin embargo, Cantero alentaba al personal penitenciario que se encontraba protestando para que dejaran el penal y subieran a los vehículos. Finalmente se logró que se distanciaran para poder dejar salir al personal que se plegaba a la protesta, haciéndolo un total de 47 funcionarios los que se retiraron junto a estas personas, dirigiéndose hasta dependencias de División Atención a la Mujer.
División Atención a la Mujer
Tras retirarse del Complejo Penitenciario, la caravana comandada por Cantero tuvo como nuevo foco de protesta la División Atención a la Mujer. “Adela vamos, estamos a un paso de conseguir lo que queremos, súmate a la protesta policial, vamos chicas, acá tenemos abogados que las van a defender”, le dijo Cantero a la jefa de la unidad, Adela del Carmen Escalante, acompañado de los letrados Martin D’Alessandro y Virginia Irrazabal.
Según el testimonio de la propia Escalante, hubo dos agentes mujeres que se sumaron a la protesta, pero en contra de su voluntad. De hecho, aseguraron que Canteros las llevó del brazo, obligándolas a subir a los patrulleros utilizados en el paro policial. Ellas quisieron bajar, pero no se lo permitieron. Una vez que llegaron a la Comisaría Primera, que donde se iban a concentrar para continuar con la protesta, lograron escapar y regresaron caminando a tomar el servicio normalmente.
