La investigación recae sobre uniformados de esa fuerza que prestan servicio en el Departamento de Ciberdelito. Se trata de una causa abierta en 2018, en el marco de la denominada causa Lavado I, que tiene a exfuncionarios provinciales entre los principales implicados. Se detectó la faltante de una gran cantidad de elementos informáticos y telefónicos que simplemente desaparecieron.
Viernes, 31 de marzo de 2023
Como si fuera un truco de magia, una gran cantidad de pruebas vinculadas a una causa por corrupción se esfumaron. Y no de cualquier lugar: de las propias instalaciones de la Justicia Federal de Resistencia.
De acuerdo a la investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de la capital chaqueña, hay dos gendarmes que están siendo investigados por este hecho, acusados por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación culposa. Se trata del subcomandante, Agustín Coca Alba, y del primer alférez, Claudio Filich, ambos con prestación de servicio en el Departamento de Ciberdelito de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de dicha fuerza.
Según las pesquisas, iniciadas en 2018 y cuyo expediente comenzó a tomar forma recién esta semana, ambos gendarmes tuvieron intervención en las actividades periciales llevadas a cabo en el marco de las actuaciones de la causa denominada “Rey, Héctor Horacio; Lugo, Roberto Marcelo; Yaczuk, Mónica Viviana; Varela, Claudia Soledad; Retamozo, Ricardo Ariel y otros s/ infracción artículo 303 Código Penal, expediente N° FRE 175/2018”, donde se investigaban hechos de corrupción que tenían como protagonista a varios exfuncionarios del gobierno provincial.
Según pudo saber LITIGIO, la causa por la desaparición de pruebas se inició justamente con un informe de Cocca Alba quien notificó sobre la desaparición de una gran cantidad de elementos informáticos y telefónicos, tales como notebooks, tablets, CD´s y DVD´s con información, dispositivos USB, pendrive y teléfonos celulares, que fueran secuestrados en el estudio contable de Cesar Zibechi; en la casa del exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey y en oficinas de Casa de Gobierno, entre otras locaciones.
Coca Alba mencionó que el 1 de septiembre de 2018, en oportunidad del traslado de elementos secuestrados desde la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal hasta el asiento de la Agrupación XIII “Chaco” de Gendarmería, advirtió la “ausencia” de una caja que contenía equipos de telefonía celular reconocida por él en razón de que correspondía a una serie de pericias ya realizadas y elevadas.
Ni bien llegó, hizo un inventario de lo que había y registró su ingreso en el libro de turno de Criminalística de la fuerza. Tras hacer la comparación surgieron diferencias, constatándose la desaparición de elementos secuestrados.
Mencionó, sin embargo, que en el curso de las operaciones periciales se realizaron copias de respaldo y descarga de archivos de contenido sobre los elementos faltantes, los que fueron resguardados en discos externos por original y duplicado.
Cabe señalar que de las pruebas reunidas hasta el momento, se advirtió que si bien los peritos habrían adoptado los resguardos razonables respecto de los lugares físicos en los que se encontraron depositados los elementos y se llevaban a cabo las tareas periciales (cerrando con llave las puertas de acceso luego de retirarse de los recintos y colocando cintas o fajas de seguridad).
Pero lo cierto es que se advirtió un “relajamiento” de las medidas de seguridad al momento en que se concretaron los traslados de los elementos desde el Juzgado Federal 2 a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital chaqueña y posteriormente desde dicho lugar hacia la Agrupación XVIII de Gendarmería, momentos estos en que no se realizaron inventarios de los secuestros, como tampoco el egreso e ingreso de los mismos en su totalidad, desde y hacia cada dependencia, modalidad, personas intervinientes y demás circunstancias de los traslados, tarea que fue realizada en el último destino, donde el perito Coca Alba advirtió los faltantes.
Lavado I
Cabe recordar que la causa denominada “Lavado I” fue a juicio y tuvo una sentencia. En septiembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió absolver al exsecretario general de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey, y al exministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo, en el juicio al que llegaron imputados por el delito de lavado de activos. En tanto, la empresaria Claudia Varela y Carlos Amarilla fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y el excoordinador del FAPPO, Gustavo Katavich, a cuatro años.
Además de Lugo y Rey, también fueron absueltos Mónica Yaczuk, Ricardo Retamozo, Ismael Fernández, Cristina Dellamea, Ramón Chávez, Carlos Osuna, Miguel Angel Vilte, Patricia Vázquez, Ivan Bilcich y María Laura Aguirre.
Ante la falta de acusación del Ministerio Público Fiscal, también fueron absueltos María Elena Yaczuk, Lidia Clara Kyocapumisz, Cateline Jackeline Rodríguez, Silvia Carina Simcik, Ivanna Soledad Sánchez Pardo, Romina Gisele Fernández, Cristian y Santiago Samaniego, Mariano Damián González, Silvia Lorena Vallejos y Mónica Mabel Borovach.
Contra esta decisión, los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Gonella y la fiscal general, Indiana Garzón, presentaron un recurso ante la Cámara de Casación donde sostuvieron que hubo arbitrariedad en la interpretación del estándar probatorio que se debe aplicar para el análisis del ilícito precedente en este tipo de casos. En dicha presentación solicitaron que se revean todas las absoluciones, revisión que aún está en estudio.
