Será el segundo juicio contra Roberto Domingo Mazzoni, a quién se acusa por haber avalado las torturas contra el exdetenido político Hugo Barúa, quién desde 1985 lo denunció innumerables veces y falleció en 2020 sin verlo juzgado por esos hechos. Tras su paso como secretario del juez federal Luis Angel Córdoba, quién falleció impune, Mazzoni luego fue nombrado como fiscal federal de Resistencia por Jorge Rafael Videla. Ya fue condenado a 11 años de prisión por otros delitos de lesa humanidad.
Sábado, 25 de marzo de 2023
Por Brian Pellegrini
La inexplicable demora para juzgar la complicidad civil con el Terrorismo de Estado permitió que, en la provincia del Chaco, funcionarios judiciales como exfiscal federal Carlos Flores Leyes y el exjuez federal de Resistencia, Luis Angel Córdoba, fallecieran impunes y sin rendir cuentas ante la sociedad por haber sido parte central del dispositivo de terror y disciplinamiento que comenzó a operar desde antes del golpe cívico- militar del 24 de marzo de 1976.
Quién sí debió rendir cuenta de sus actos fue el exfiscal federal de Resistencia, Roberto Domingo Mazzoni, hoy de 74 años, que en octubre de 2019 fue condenado a 11 años de prisión por tormentos psicológicos, omisión de denunciar torturas (sufridas por exdetenidos políticos habiendo tenido conocimiento directo de los hechos) e incumplimiento de los deberes en la que se conoció como Causa Caballero III o Complicidad Judicial.
Sin embargo, en aquella condena el Tribunal Oral Federal lo absolvió por los hechos cometidos contra tres detenidos políticos, entre ellos, Hugo Barúa. Esa resolución fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal que la anuló y ordenó que se dicte una nueva sentencia lo que, a más de dos años transcurridos, aún no sucedió.
Sobre la absolución de Mazzoni por los hechos que tuvieron como víctima a Barúa, Casación señaló que “la valoración de la prueba efectuada por el tribunal resultó aislada del contexto histórico en el que se habrían desarrollado los hechos y de las demás circunstancias comprobadas de la causa”. En ese sentido, agregó que el tribunal “no reparó en las declaraciones efectuadas por el propio Hugo Ramón Barúa que sitúan a Mazzoni en el momento en el que se habrían llevado a cabo los hechos”.
“La argumentación ensayada por el tribunal estuvo fundamentalmente orientada a atender a los testimonios que sustentan la versión exculpatoria brindada por Roberto Domingo Mazzoni, sin tener en consideración la totalidad de los elementos probatorios aportados por la acusación”, recalcaron los jueces de Casación. Así, concluyeron que “el tribunal prescindió de examinar las declaraciones brindadas por Barúa y tampoco se hizo cargo de demostrar alguna fisura lógica en las mismas que permitan restarle valor probatorio frente a los elementos desincriminatorios y el contexto histórico en el que habrían tenido lugar los sucesos aquí investigados”.
No obstante, en aquel juicio quedó corroborada la complicidad de los funcionarios de la Justicia Federal de Resistencia con el sistemático plan de exterminio de la dictadura genocida, lo que todos ya conocían por los precisos y contundentes testimonios de los exdetenidos políticos.
El segundo juicio contra Mazzoni
Ahora, el exfiscal federal será juzgado bajo otra imputación por el mismo hecho del que participó cuando se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Resistencia, por entonces en manos del juez Luis Angel Córdoba, y que tuvo como víctima justamente al ex detenido político, Hugo Barúa.
El 9 de septiembre de 1975, un grupo de policías y gendarmes irrumpió en el domicilio de Barúa del barrio Villa Centenario para someterlo a un interrogatorio vinculado a su militancia política en la Juventud Peronista. Lo golpearon y lo torturaron. Todo fue ante la “pasiva mirada” de Mazzoni, quién supuestamente debía garantizar su seguridad. Luego, el exdetenido fue también torturado en la Brigada de Investigaciones de Resistencia y en la Alcaidía.
Barúa lo denunció por primera vez en 1985 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, que tuvo a su cargo la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia durante la última dictadura cívico-militar y que fue plasmado en el “Informe final”. Ese “Nunca más chaqueño” fue la base para el inicio de los juicios contra represores en la provincia del Chaco, una vez declarada la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También brindó su testimonio en los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron adelante en la provincia.
Como integrante de la Asociación de exdetenidos políticos del Chaco, Barúa asumió la presidencia de la Comisión Provincial por la Memoria en noviembre de 2010.
La actuación del Poder Judicial posdictadura también dejó bastante que desear, sobre todo cuando se trata de la complicidad de sus pares. Fue la Cámara Federal de Casación Penal la que destrabó la negativa de la Justicia Federal de Resistencia de avanzar en esta causa contra Mazzoni, quién en dos oportunidades fue sobreseído y beneficiado con la falta de mérito. A tal punto que Barúa falleció el 8 de agosto de 2020 sin siquiera verlo procesado por el hecho, lo que recién ocurrió en junio de 2021.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia que juzgará a Mazzoni estará integrado en esta oportunidad por los jueces Mario Gambacorta, Osvaldo Facciano y Fabián Cardozo. En este caso, el exsecretario del Juzgado Federal de Resistencia llegará imputado por el delito de “Tormentos Agravados” psíquico y físico por la condición de detenido político, lo que prevé una pena que va de los 3 a los 15 años de prisión.
Los requerimientos de elevación a juicio oral de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco y el Ministerio Público Fiscal datan de julio y agosto de 2021, respectivamente. Hace casi dos años. En la causa también es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según pudo saber LITIGIO, el 21 de marzo pasado el TOF citó a todas las partes para la audiencia preliminar en la que se analizarán las actuaciones, documentos, efectos secuestrados y para que ofrezcan pruebas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes.
Vale recordar que, por otro lado, aún está pendiente que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva si confirma o revoca el sobreseimiento de Mazzoni por el delito de presunta asociación ilícita, en el marco de su ya comprobada actuación en connivencia con los represores.
