A marzo de 2023, se llevan realizados 10 juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia y la cifra de genocidas condenados asciende a 30, varios de ellos juzgados en reiteradas ocasiones por distintos crímenes. Análisis y repaso de un proceso complejo, con avances y retrocesos, a 47 años del último golpe cívico-militar.
Jueves, 23 de marzo de 2023
Por Gonzalo Torres
A 47 años del 24 de marzo de 1976, Argentina juzgó y condenó -y sigue juzgando- a ejecutores materiales e instigadores del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar. Un proceso complejo, con avances y retrocesos. Un triunfo de los organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes, familias y de ese heterogéneo espacio definido como “campo nacional y popular”.
Al igual que en otras geografías del país, el tramo local del Juicio y Castigo a los genocidas y sus cómplices fue un largo camino. El compromiso inquebrantable por parte de familiares, organismos de DDHH y organizaciones sociales y políticas junto con buena parte de la sociedad logró transformar el sentido original de crímenes como la Masacre de Margarita Belén o el dispositivo de exterminio montado en torno a la Brigada de Investigaciones tal cual ideó la dictadura en emblemas de lucha por la Justicia y la Memoria.
Es así que a marzo de 2023 se han realizado 10 juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia. El 13 de diciembre de 2010 fueron condenados a penas de entre 15 y 25 años de prisión 10 expolicías y dos exmilitares por torturas en la causa Brigada (Caballero) I . El 16 de mayo de 2011, en la causa por la Masacre de Margarita Belén (13/12/76), se condenó a prisión perpetua por homicidio de 11 personas y desaparición forzada de cuatro a ocho exmilitares, absolviéndose a una ex policía.
En 2013, un 26 de abril, fue condenado a 24 años de prisión Norberto Rául Tozzo, por cuatro casos de desapariciones en la Masacre, luego de ser atrapado en Brasil, donde se había fugado para evadir el juicio original (Causa Masacre de MB I) luego del vergonzoso habeas corpus concedido por la Cámara Federal de Resistencia en 2003.
Al igual que en otras geografías del país, el tramo local del Juicio y Castigo a los genocidas y sus cómplices fue un largo camino.
En 2018 se realizó el juicio oral Brigada II, con 11 condenas a penas entre 10 y 25 años (y una absolución) dictadas el 31 de mayo, por los delitos de torturas, violaciones como crímenes de lesa humanidad (por primera vez) y dos casos de desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones.
El 25 de junio de 2019 fue la condena del juicio oral denominado Ligas Agrarias, por el homicidio de dos dirigentes liguistas, torturas a militantes de base y el encubrimiento de estos crímenes, resultado en dos condenas prisión perpetua, dos a 18 años, y una de 4 años.
Ese mismo año, el 1 de octubre se condenó a los civiles Roberto Mazzoni, ex fiscal federal, y Pablo Casco, del Servicio Penitenciario de la cárcel U7, el primero a 11 años de prisión por omisión de denunciar e incumplimiento de deberes de funcionario público, en tanto formó parte del “equipo” que brindó cobertura judicial a los crímenes genocidas. Casco recibió idéntica pena a raíz de torturas y malos tratos destinados a romper física y psíquicamente a presos políticos en la citada penitenciaria.
El 30 de abril de 2021, Luis Chas fue condenado a 15 años de prisión por su participación en la Masacre de Margarita, luego de que se acreditara que había sido injustamente sobreseído y revocada la sentencia original. Ese mismo día también llegó a su fin el juicio Brigada III, con penas que van desde los tres hasta los 25 años de prisión a ocho expolicías y penitenciarios por torturas, detenciones ilegales, y violaciones en la Brigada de Investigaciones, y también Alcaidía y cárcel U7. Se resolvió absolver por cuatro casos de militantes desaparecidos en la Brigada, cuyos restos continúan siendo buscados por sus familias.
Finalmente, el 1 de julio de 2022 fueron condenados nueve represores en la causa “Brigada- Conscriptos” por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 contra un grupo de militantes, dos de los cuales fueron secuestrados y torturados durante el cumplimiento de servicio militar en el Regimiento de La Liguria, en Resistencia.
En 2023, el 22 de marzo, la justicia dictaminó en una sentencia que el militante de Paso de los Libres, Pablo Martinelli, fue asesinado a tiros el 7 de Noviembre de 1976 en Resistencia, en una emboscada perpetrada por fuerzas conjuntas del Ejército y de la Policía del Chaco, y no en un accidente de tránsito como establecieron las autoridades de la época para encubrir el hecho.
Asimismo, este cuadro de juicio y castigo a crímenes genocidas se completa con el juicio por la verdad histórica que culminara el 19 de mayo de 2022 con la sentencia en la cual la Justicia Federal reconoció la responsabilidad del Estado argentino en la Masacre de Napalpí, el 19 de julio de 1924, hecho calificado como crimen de lesa humanidad en contexto del primer genocidio, el que sufrieron los pueblos originarios.
Cada uno de estos juicios fueron una instancia de encuentro, tanto dentro de la sala del Tribunal Oral Federal como en la vereda del edificio y en la Casa por la Memoria; jornadas en las que a la par de presentar ante un tribunal historias durísimas, irradiaron la expectativa y el optimismo por lograr justicia.
Poner el cuerpo en juicio
El/la testigo declara ante el Tribunal y revisita el horror, casi como si estuviera sucediendo otra vez. ¿Cuál es la dimensión del presente? ¿Dónde termina el pasado? ¿Cuándo es que el presente deviene pasado? Imágenes de siluetas humanas en escenas de tortura; cuerpos que caen bajo balas clandestinas, suciedad, hambre y aislamiento. El genocidio: un crimen único que puede fragmentarse en multitud de crímenes, cada uno un “hecho”, un suceso, una historia de vida de personas concretas en la historia del país.
¿Cuál es la dimensión del presente? ¿Dónde termina el pasado? ¿Cuándo es que el presente deviene pasado?
A esto el discurso judicial responde con un abordaje científico que disecciona cada “parte” del “todo” y organiza componentes como contexto, acciones, circunstancias de tiempo, modo y lugar; las pruebas sobre las que luego se decidir cómo valorar los hechos; un procedimiento que se plasma en un dictamen que establece una pena, la que se constituye en años de prisión específica a los autores materiales según los prescribe una norma.
Pero antes que de un fallo, la justicia nace de la palabra y del cuerpo del/la sobreviviente, en un lugar de aparente soledad, en el centro de la sala de audiencias ante el estrado de los magistrados , a pocos metros de sus otrora invencibles impunes verdugos, y bajo la permanente advertencia judicial de contar “todo lo que sabe” pero sin “apartarse del objeto procesal”; una advertencia que por momentos parece no considerar que esa persona viene de una espera de varias décadas para poner en palabras el horror. Pero como se sabe acompañado en ese dolor, el/la sobreviente continúa más allá de las advertencias. Una muchedumbre de rostros eternamente jóvenes acompaña su palabra y habla a través suyo.
Tensiones y reacciones
Así las cosas, a la fecha la cifra de genocidas condenados asciende a 30, (varios fueron juzgados sucesivas veces por distintos crímenes a lo largo de estos años). Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Fiscal Federal (con fecha de 17 de marzo de 2023), desde 2006 al presente se condenó a 1115 represores, con 710 cumpliendo condena en la actualidad.
En este punto cabe destacar que la derecha – que es mucho más que un partido político- ha demostrado que no condena la violencia y es más, la reivindica, por lo cual con mayor o menor énfasis, mayor o menor hipocresía, rechaza estos juicios.
Es por ello que el pacto democrático que hizo posible los juicios al genocidio tuvo que sortear obstáculos y reacciones de diversa intensidad a lo largo de los últimos años: embestidas directas como la tentativa macrista en 2017 de aplicar el computo de 2×1 a un grupo de represores luego de que la Corte Suprema de operadores político-judiciales declarara aplicable esa reducción de penas, impulso que se pegó de frente contra el masivo repudio social en todas las plazas del país para gritar que en Argentina “con la memoria no se jode”.
De todos modos, suceden retrocesos menos evidentes, pero constantes como las dilaciones de la burocracia judicial, que alargan los procesos indefinidamente, en una apuesta por la “impunidad biológica”, con genocidas que mueren antes de ser condenados, (algunos incluso lo han hecho antes de ser llevados a juicio) o bien que una vez sentenciados apelan a la mayoría de edad establecida por ley y hacen uso del privilegio de prisión domiciliaria. Otra vez según el informe de la Procuraduría Federal, de los 710 condenados, 546 cumplen condena en la comodidad de su hogar, en base a consideraciones humanitarias, una manera de evadir el justo castigo por los crímenes cometidos. Ese pacto democrático al que se alude más arriba estalló en mil pedazos el día en el que intentaron pegarle un tiro a CFK, crimen aún sin resolver.
Juicio y castigo y justicia social
El genocidio fue un crimen con un objetivo definido: exterminar de cabo a rabo todo tipo de resistencia al proyecto de “miseria planificada” diseñado de las minorías dominantes de Argentina, cómo ya lo dijo Rodolfo Walsh en su todavía vigente Carta Abierta a la Junta Militar.
En la medida de que los índices de pobreza y su reverso (la concentración de la riqueza) sigan escalando, el Genocidio del 76 proyecta continuidades en democracia.
En la medida de que los índices de pobreza y su reverso (la concentración de la riqueza) sigan escalando, el Genocidio del 76 proyecta continuidades en democracia, en una época en la cual al capitalismo global le viene sobrando el republicanismo bien entendido, ni que decir el Estado de Bienestar. No se pudo juzgar a los cómplices/patrones civiles del poder económico y en 2016 ganaron elecciones, y luego siguió lo que hemos venido padeciendo.
Pero justamente en estos tiempos tan complejos es cuando más conviene recordar que hubo una época en la cual el juzgamiento al terrorismo de Estado parecía imposible. Un imposible que se hizo posible. Y es que estos juicios son un antídoto contra el desaliento, talón de Aquiles de cualquier empresa que se intente realizar desde el campo nacional y popular.
La moneda está en el aire, siempre. Para que existan los 10 fallos condenatorios hubo, hay, resistencias, rebeldías, tozudez y coherencia inclaudicables, LOMJES (“libres o muertos, jamás esclavos”) y memorias que no dejan de arder. Nadie recuerda en soledad y la memoria se proyecta hacia adelante. Y estos juicios son una parte de nuestra historia, son una lucha por el futuro.
