La acción fue promovida ante el Superior Tribunal de Justicia provincial por defensoras y defensores oficiales de las cinco circunscripciones judiciales que consideran que el alojamiento de condenados en comisarías “hace impracticable los objetivos resocializadores de la pena”. Describieron un “estado de cosas inconstitucional” y también señalaron que las sentencias anteriores “han tenido efectos meramente declarativos”. “No podemos continuar yendo a las comisarías sólo a mirar”, alertaron.
Viernes, 17 de marzo de 2023
Con la firma de defensores públicos oficiales de cinco circunscripciones judiciales de la provincia del Chaco, la defensora general adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, impulsó una acción de habeas corpus colectivo y correctivo en favor de todas las personas condenadas y alojadas en comisarías de la provincia por considerar que el cumplimiento de la pena en comisarías “no solamente hace impracticable los objetivos resocializadores de la misma, sino que violan los estándares mínimos para el trato de personas privadas de su libertad, configurando supuestos de penas crueles, inhumanas y degradantes, y generando responsabilidad internacional del Estado”.
La presentación realizada este martes 14 de marzo ante el Superior Tribunal de Justicia relata que las defensoras y defensores oficiales vienen realizando desde hace tiempo el monitoreo de comisarías y establecimientos penitenciarios y que esos resultados fueron plasmados en distintas resoluciones de la Defensoría General. En ese contexto, consideraron que “el Poder Judicial, tiene entonces también la responsabilidad de actuar frente a la inacción de los otros poderes, la que está señalada con claridad en el Principio XVII de los “Principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de la libertad en las Américas” adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. En el marco de la acción de habeas corpus, solicitaron al máximo tribunal que se realicen audiencias públicas y se habilite la citación de amicus curiae.
“No podemos continuar yendo a las comisarías sólo a mirar”
El escrito también recalca que se interpusieron en las distintas circunscripciones acciones de hábeas corpus colectivos correctivos donde se plasmaron las diversas situaciones detectadas en las Comisarías, especialmente en lo que refiere a condiciones de detención, superpoblación y alojamiento de personas condenadas. Sin embargo, advirtieron que “no obstante haber sido acogidos los mismos favorablemente las sentencias han tenido efectos meramente declarativos, o el cumplimiento es de muy lento progreso, siendo que la problemática continúa en toda la provincia”.
“No podemos continuar yendo a las comisarías sólo a mirar, presentar acciones de hábeas corpus por cada una de ellas, o habiéndolas presentado volver a las unidades policiales para informarles a las personas privadas de su libertad que no se están cumpliendo las sentencias, y que en definitiva todo termina siendo un mero formalismo”, subraya. Y agrega que “es tanto como decirle a esta gente que no tienen derechos o que no tenemos forma de hacerlos valer o lo que es lo mismo, que no es posible creer en la Justicia”.
Asimismo, puntualiza que “los reclamos que recibimos de nuestros defendidos son constantes, en el sentido que no pueden acceder al régimen de progresividad de la pena ni a otros derechos que les son negados por encontrarse en lugares de detención que debieran ser transitorios”, tal como lo expresara el STJ en una sentencia de octubre de 2018.
“No se vislumbran acciones fuertes”
En la presentación, la Defensoría General Adjunta refirió a la situación como un “estado de cosas inconstitucional” y advirtió que esto también afecta al personal policial “que realiza tareas para las que no se encuentran preparados”, teniendo en cuenta que su función es la prevención de delitos y mantenimiento del orden y, por consiguiente, a la ciudadanía en general que cuenta con menor cantidad de personal policial abocado a la prevención y represión del delito.
En ese contexto, desde el Ministerio Público de la Defensa recordaron que desde el año 2016 viene llevando adelante mesas de diálogo con la participación de los distintos actores involucrados y que en 2022 se sumaron a las mismas el Comité para la Prevención de la Tortura y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, sostuvieron que “a pesar del menor o mayor compromiso demostrado por las agencias involucradas durante todo este tiempo, lo cierto es que aún no se ha logrado la implementación de políticas públicas eficientes para cumplir la manda constitucional”.
Por otro lado, también puntualizaron que “no se vislumbran acciones fuertes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo encaminadas a remediar la situación dentro de un plazo medianamente razonable, demanda una actuación urgente y eficaz del Poder Judicial para garantizar los derechos de las personas que se encuentran cumpliendo su condena en Comisarías”.
Así, consideraron que “el Poder Judicial, tiene entonces también la responsabilidad de actuar frente a la inacción de los otros poderes, la que está señalada con claridad en el Principio XVII de los “Principios y buenas prácticas sobre las personas privadas de la libertad en las Américas” adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“Indudablemente la primera medida a adoptar si se quiere avanzar sobre el resto de las problemáticas es reducir la población carcelaria, todo ello a fin de no renunciar al concepto resocializador de la pena al excluir a este sector de personas que se encuentran cumpliendo una condena del régimen progresivo de la pena y al respeto de su dignidad”, sostiene la presentación.
