Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El ayudante fiscal de narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña; el exjefe de la División Microtráfico de la Policía del Chaco en Sáenz Peña, Héctor López y los gendarmes José Noguera, Ricardo Boituzat, Patricia Giménez, Ariel Alejandro y Enzo Aguirre seguirán procesados con prisión domiciliaria. Se los acusa de conformar una banda narcocriminal, que operaba en la zona de El Impenetrable. Dictaron la falta de mérito para el exjefe de Drogas de la Policía del Chaco en Fuerte Esperanza, Cristian Obregón.
Sábado, 11 de marzo de 2023
“Una organización delictiva dotada de cierta estabilidad, permanencia y de una estructura”. Así definieron las juezas de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Rocío Alcalá, Delfina Denogens y Patricia García a la banda narcocriminal presuntamente encabezada por el ayudante fiscal de narcomenudeo en Castelli, Ariel Peña, y conformada por policías, gendarmes y dealers quienes operaban en la zona de El Impenetrable.
Esta afirmación forma parte del fallo en el cual se resolvió la situación procesal de ocho imputados: siete continuarán procesados en la causa, mientras que uno sólo logró recibir la falta de mérito.
“En dicha causa, de conformidad al grado de probabilidad exigido para resolver en esta instancia, se tuvo por probado que distintos miembros de la fuerza de seguridad antes mencionada habrían fraguado procedimientos relacionados al tráfico de estupefacientes, en los cuales se incautaban narcóticos y vehículos, pero nunca se lograba detener a ningún sospechoso. Asimismo, tal como se menciona en estos autos, los procedimientos eran justificados citando actividades de prevención en el marco de la causa Nº 841/2020, la cual no registra movimiento alguno desde febrero del año 2021”, indicaron las juezas en el fallo con fecha del 8 de marzo.
“Asimismo cabe destacar que la presunta organización criminal investigada en autos, según la hipótesis planteada por el representante del Ministerio Público Fiscal, operaba a través de las directivas impartidas por Ariel Adrián Peña (Ayudante Fiscal de la Fiscalía Antidrogas Nº 1 y Nº 2 de Chaco) hacia los restantes integrantes de la banda – miembros, en su mayoría, del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos de Gendarmería Nacional (GOIP), Policía Federal Argentina, Policía de la provincia del Chaco y personas vinculadas al tráfico de estupefacientes, con el objeto de armar meticulosamente procedimientos en el marco de la Ley de Estupefacientes, coordinando con proveedores habituales de sustancias ilícitas para que éstos se hagan pasar por compradores y así poder detener a otros sujetos del rubro antes señalado que no formaran parte del círculo más cercano a Peña, lo que, en otras palabras, tendía a ‘eliminar la competencia’”, añadieron.
“El cúmulo de elementos probatorios incorporados hasta la presente fase del proceso (informes de la prevención dando cuenta de la obtención temprana de información sobre tráfico de estupefacientes, presencia en el lugar de los hechos de la mayoría de los imputados en cada uno de los procedimientos cuestionados, ubicados por medio de dispositivos de geolocalización, declaraciones testimoniales analizadas, resultados de escuchas telefónicas, etc.), constituyen un cuadro de indicios graves, precisos y concordantes idóneo para extremos de la provisoria imputación dirigida en contra de éstos”, señalaron.
Finalmente, señalaron que al no advertir “elementos que permitan una variación en los fundamentos expuestos” por la jueza, Zunilda Niremperger, se confirma el procesamiento con prisión preventiva (domiciliaria) del ayudante fiscal de narcomenudeo, Ariel Peña; del policía del Chaco, Héctor López y de los gendarmes, José Noguera, Ricardo Boituzat, Patricia Giménez, Ariel Alejandro y Enzo Aguirre.
En cuanto a la situación del exjefe de Drogas de la Policía del Chaco en Fuerte Esperanza, Cristian Obregón, las juezas tuvieron un criterio dispar. Alcalá y García consideraron que se debería dictar la falta de mérito debido a que aún no hay pruebas suficientes contra él. Aclararon que esto no significa un sobreseimiento, sino más bien una decisión no conclusiva a la espera de más pruebas. Denogens se opuso y pidió mantener el procesamiento. Es así que, por mayoría, Obregón obtuvo la falta de mérito, se le revocó su procesamiento y fue puesto en libertad.
El origen
Cabe recordar que la investigación sobre la actividad de esta organización surgió de una causa anexa que venía investigando la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, en donde seis integrantes de la Policía Federal de Sáenz Peña fueron detenidos el 15 de septiembre pasado acusados de pedir $400 mil de coima a un comerciante que circulaba por ruta 16, entre Quitilipi y Machagai, a cambio de permitirle circular con ropa de contrabando.
Y no sólo eso: se sospecha que en ese operativo obligaron al automovilista a ser escoltado hasta su casa en Resistencia, donde los policías habrían ingresado a su vivienda para hacerse con distintas pertenencias, entre ellas un televisor de 49 pulgadas y ropa.
Con el avance de la investigación y el aporte fundamental de dos testigos de identidad reservada, Sabadini amplió el requerimiento de instrucción judicial a partir del cual se apuntó directamente a una presunta organización criminal integrada por policías del Chaco, de la Federal y vendedores de estupefacientes al menudeo la cual se dedicaba a la comercialización de drogas en la zona de Castelli, Miraflores y Tres Isletas. El líder de esta organización sería Ariel Peña quien, paradójicamente, se desempeña como ayudante fiscal de las fiscalías antidrogas 1 y 2 de Resistencia en Castelli (vale aclarar que las fiscalías de narcomenudeo tienen jurisdicción en toda la provincia).
Abastecimiento
Hay una pieza clave en esta investigación. Se lo denominó “Informante 101”. Es un testigo de identidad protegida quien brindó detalles muy importantes para entender tanto la metodología de la organización criminal como para individualizar a los integrantes.
Según este informante, cuyo relato forma parte del expediente judicial, Peña tenía dos formas para abastecerse: una era a través de proveedores directos, que lo abastecían con grandes cantidades. Y otra eran en los propios operativos que él comandaba junto a sus policías de confianza.
En los allanamientos que lo tenían al mando, sólo una parte de lo incautado era incluida en los registros oficiales mientras que el resto quedaba para la banda, por fuera del radar de la Justicia. Luego, la sustancia era reinsertada al circuito ilegal de comercialización a través de revendedores que operarían bajo sus órdenes.
El testigo indicó además que, para mantener a raya al mercado, apoderarse del territorio y limpiar a la competencia, lo que hacían era operativos montados. ¿Cómo? Obligaban a los vendedores de drogas que respondían a su organización a que contacten a otros dealers, que no estaban incluidos en la banda. La idea era simular una transacción. Tras pactar un día y lugar, Peña y sus policías de confianza los estarían esperando para interceptar el cargamento y posteriormente quedarse con todo.
Peña tendría además a su cargo casi una veintena de dealers que comercializaban droga para él. El ayudante fiscal, de acuerdo a la denuncia, se aseguraba que le sean leales. Es que, si no cumplían con la venta de droga que él les facilitaba, o no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros eventuales competidores, eran amenazados con ser investigados o detenidos.
De hecho, se dieron casos en los cuales se les armaron causas a dealers en operativos presuntamente fraguados y conducidos por Peña para que, una vez recuperada la libertad, el vendedor se sume a su organización, pero ahora bajo sus órdenes.
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