Este 11 de marzo se cumplen 136 años de la masacre contra los pueblos indígenas del norte de la provincia de Santa Fe. Durante el mes de febrero se produjeron importantes avances en la investigación judicial que lleva adelante la Fiscalía Federal de Reconquista con los testimonios de dos docentes e investigadores. Además, en estos días comenzaban los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el lugar.
Sábado, 11 de marzo de 2023
El 16 y 22 de febrero se llevaron adelante declaraciones de importancia para el desarrollo de la causa judicial radicada en el Juzgado federal de Reconquista que investiga como un delito de lesa humanidad la masacre contra pobladores indígenas Qom y Moqoit perpetrada por el Ejército Argentino en la Reducción de San Antonio de Obligado, al norte de la provincia de Santa Fe, en el año 1887.
El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, y el secretario de la fiscalía, Gabriel Hernández, tomaron declaración testimonial al antropólogo, becario del Conicet e integrante del Colectivo GUIAS, Francisco Mora, y al historiador y docente de Reconquista, Luciano Sánchez, con la presencia de la abogada querellante representante de las comunidades denunciantes, Cintia Chávez.
Hacia 1884, los pueblos indígenas moqoit y qom (llamados tobas en aquella época) de la zona del Chaco santafesino, mediante un acuerdo de palabra con el gobierno nacional, accedieron a asentarse definitivamente en los territorios cercanos a la Colonia de Las Toscas. Fue tras una serie de negociaciones encabezadas por el misionero Ermete Constanzi y el cacique moqoit Mariano Salteño, las tribus de José Niño, Francisco Antonio, Bartolo Simairí, Juan Chará y Antonio Navalory.
Algunos años más tarde, las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar: las epidemias, los abusos físicos y castigos por parte de las autoridades militares y la falta de alimentos se convirtieron en moneda común. Durante el verano de 1887 y por el pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones, Rudecindo Roca (hermano de Julio Argentino Roca) el Ejército Nacional raptó a una niña indígena arrancándola de los brazos de su madre. Luego de esto, la población indígena abandonó la misión. En respuesta, el Ejército reprimió con dureza asesinando a 16 indígenas.
La instancia de declaración de los profesionales buscó dar argumentos documentales, históricos y antropológicos a la denuncia hecha por las comunidades indígenas de Las Toscas y San Antonio de Obligado.
El secuestro de una niña indígena, el origen de la masacre
El antropólogo Francisco Mora buscó vincular estos acontecimientos de despliegue de la violencia estatal con la historia de avance del propio Estado sobre los territorios indígenas del actual norte santafesino en las décadas previas. Según él, fue el constante hostigamiento de las fuerzas militares y de los colonos sobre las poblaciones indígenas mediante ataques directos a sus asentamientos una de las causas principales que hizo posible que la masacre de San Antonio de Obligado tuviera lugar. Además, propuso vincular esta matanza con las posteriormente acontecidas en San Javier en 1904, Napalpí en 1924 y Rincón Bomba de 1947.
En segunda instancia, Luciano Sánchez, desarrolló la vinculación y responsabilidad del Estado Nacional en la formación de la reducción como parte del proyecto de sometimiento al indígena, los abusos y castigos que cometían los mandos superiores del Ejército sobre la milicia indígena y el conflicto que desencadenó el corrimiento de la frontera norte de Santa Fe, dejando sin títulos a los reducidos. Sin embargo, fue el secuestro de una niña indígena reclamada como botín de guerra por Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca y en ese entonces gobernador de Misiones, la que desató la reacción indígena.
Luego, la declaración se basó en relatar cronológicamente los hechos que terminaron en la masacre de San Antonio. Para ello, citó las fuentes escritas, como el Acta de Defunciones de la Reducción y testimonios de época como el del Dr. Carrasco, que dejó constancia sobre la matanza que presenció.
Según las Actas de Defunciones, los muertos ascienden a 20; el 10 de marzo de 1887 se registró el asesinato de dos indígenas de nombre Manuel Antonio Pakanae y Naihay (apodo), más otro 16 indígenas fusilados por parte del Ejército y, el 13 de marzo, dos indígenas más, uno de nombre Bartolomé Simairí y otro de quién se desconoce su identidad.
Los cuerpos fueron encontrados incinerados y abandonados en el campo. Si se toman también como referencia testimonios como los de Germán Fisch, vecino de Las Toscas que colaboró en la represión y dejó un escrito al respecto, es posible el aumento de muertes en los días posteriores donde los indígenas eran perseguidos por el Ejército.
Por último, los relatos orales de los descendientes de los pueblos qom y moqoit, hablan de cientos de muertos. Por ello, desde la Fiscalía Federal consideran importante avanzar en la investigación con los elementos que se disponen y aquellos que todavía faltan, con la intención de esclarecer la verdad histórica y que, finalmente, se haga justicia después de más de cien años de la masacre de San Antonio de Obligado.
Las tareas del EAAF
Durante estos días y en coincidencia con el 136º aniversario, dieron comienzo en el lugar los primeros trabajos de sondeo a cargo del antropólogo Juan Nóbile, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien resume una vasta experiencia de trabajo en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad.
En tanto, el sábado 11 de marzo se realizarán distintas actividades encabezadas por las comunidades indígenas de la zona recordando a sus ancestros asesinados por el Ejército Argentino y renovando el pedido por memoria, verdad y justicia.
