El reclamo de la comunidad de Misión Nueva Pompeya por la aparición de Salustiano Giménez, joven de 17 años que está desaparecido desde hace tres semanas, derivó en una escalada de violencia que terminó con personas heridas, detenidos y edificios públicos vandalizados, entre ellos la comisaría local y el juzgado Multifueros. Organizaciones Indígenas y de Derechos Humanos repudiaron el recrudecimiento de discursos racistas y de odio en redes sociales y medios de comunicación contra las comunidades originarias.
Lunes, 6 de marzo de 2023
Salustiano Giménez fue visto por última vez el 12 de febrero pasado en su casa del barrio Nueva Esperanza. Lo vio su hermana, pasadas las 18.30. Hay testigos que aseguran que ingresó al monte a caballo. Al momento de su desaparición vestía remera mangas cortas rosada, pantalón gris largo, gorra y zapatillas.
Tras la denuncia de los familiares, comenzó un operativo de búsqueda por la zona que incluyeron dos drones térmicos, perros de búsqueda y un equipo de personas especializadas. También se solicitó la participación de un equipo del Sistema Federal de Búsqueda que prestará colaboración, así como de Salta, Formosa y Tucumán, escuadrones de bomberos voluntarios y de la Policía del Chaco para realizar rastrillajes por cuadrante en toda la región. En simultáneo, un joven quedó detenido acusado de estar involucrado en la desaparición.
A pesar de las pesquisas, todavía no hay rastros de Salustiano. En ese contexto, familiares, amigos e integrantes del pueblo Wichí de Misión Nueva Pompeya comenzaron a realizar cortes de ruta y de caminos alternativos exigiendo que se profundice la búsqueda, con una mayor intervención del Gobierno nacional.
El sábado por la tarde se produjeron los primeros hechos de violencia. Manifestantes que reclamaban por la aparición de Salustiano provocaron destrozos en la comisaría local, el Juzgado Multifueros y el municipio. El domingo por la mañana volvieron a producirse enfrentamientos entre los manifestantes y la policía la cual derivó en una represión con gases y postas de gomas. Gendarmería había enviado refuerzos para intentar contener la situación.
Hasta el momento se registraron 40 heridos, entre policías y manifestantes. Todos están siendo atendidos en hospitales y centros de salud y permanecen en estado de intensidad leve a moderada, según informó la ministra de Salud, Carolina Centeno.
Entre los lesionados, hay dos personas con fracturas, otra con una lesión neurológica que está en estudio y un herido de bala de plomo, lo que confirmaría la denuncia de las organizaciones indígenas quienes aseguran que comerciantes de la zona estaban disparando contra los manifestantes.
“Lo que quiero solamente es que entreguen a mi hijo, ya sea vivo o muerto”, sostuvo Rosa Campos, mamá de Salustiano. “Los policías tiraron gases lacrimógenos cuando me fui a reclamar y no pude lograr ver durante más de cinco minutos. Sólo quiero que le entreguen a mi hijo y la comunidad se quedará tranquila”, afirmó en un comunicado enviado por el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha.
Hasta el momento 18 personas se encuentran detenidas. La abogada que las representa, Carolina Aquino, presentó un hábeas corpus para que sean exhibidas una por una las personas privadas de la libertad. La medida fue concedida de manera expeditiva por el Superior Tribunal de Justicia. Los menores que fueron demorados durante los disturbios ya fueron restituidos a sus familias.
“Restablecer la paz”
El domingo una comitiva integrada por la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Perez; Fabian Ríos, director de Zona Interior; Bernardo Voloj, Defensor del Pueblo; Cristian Veron, director del CEAC y el subsecretario de Planificación en Seguridad, Leandro Álvarez, viajaron a la localidad para establecer un canal de diálogo.
“La situación se encuentra calma, pudimos dialogar con las distintas comunidades a los efectos de restablecer el diálogo y la paz social”, aseguró la ministra Zalazar. “Hemos conversado, de ambos sectores, el pedido es que tranquilicemos la situación y vayamos resolviendo la conflictividad en función de lo que desató esta situación. Se acordaron una serie de pautas de convivencia pacífica para restablecer el orden, que es el objetivo principal”, agregó.
En este contexto, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco tomó una serie de decisiones buscando resguardar la seguridad de los empleados judiciales y a su vez mantener el servicio de justicia en esa zona.
En este sentido, las actividades presenciales en el edificio de Misión Nueva Pompeya, así como los términos y audiencias, fueron suspendidos desde el 5 de marzo hasta tanto las autoridades competentes “garanticen plenamente la seguridad e integridad física de las personas y de las instalaciones y pueda asegurarse el funcionamiento normal del Poder Judicial”.
Prestarán funciones en forma remota en dicha localidad las siguientes autoridades judiciales: Marcelo Oscar Sosa, juez; Raquel Maldonado, fiscal de investigaciones; Carlos Calvo, fiscal coadyuvante y Marisa Grabosky, defensora oficial.
“Enormes necesidades”
Por su parte, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha emitió un comunicado en el cual denunció que la ministra Zalazar llegó a Pompeya 18 días después de la desaparición de Salustiano, recién cuándo los cortes de ruta comenzaron a generar un virtual desabastecimiento en la localidad.
En este sentido, aseguraron que se logró una trabajosa tregua en asamblea de la comunidad, con un acuerdo para reforzar los equipos de búsqueda y medidas en lo judicial, en razón “del cajoneo que hace el fiscal (del Juzgado Multifueros) de todos los temas vinculado a los pueblos originarios, incluidas muertes y desapariciones”.
Señalaron que el sábado, los grupos de búsqueda que llegaron coordinaron con la comunidad un primer recorrido de reconocimiento. Al llegar a un pozo, la policía del lugar evitó que el grupo de búsqueda ingresara al mismo, generándose el primer forcejeo con la comunidad. Poco después la policía informó que trasladarían al detenido sospechado de estar relacionado con la desaparición.
“Eso provocó la reacción indignada de los familiares directos, increpado a la policía por ello y se inician los forcejeos que se transforman en enfrentamientos. Todo esto, sobre una base de enormes necesidades, padecimientos e injusticias, ante la lista de muertos y desaparecidos sobre los que no se hizo absolutamente nada”, aseguraron.
Discursos racistas
Organizaciones de Derechos Humanos e Indígenas salieron a repudiar la represión y la escalada de violencia en Nueva Pompeya, al tiempo que cuestionaron en duros términos la narrativa hegemónica y racista que se intenta instalar en los medios de comunicación.
“Ante los hechos ocurridos recientemente en la localidad de Misión Nueva Pompeya, la Fundación Napalpí expresa profunda preocupación de que aún sigan existiendo estas situaciones de extrema violencia con un fuerte rasgo de discriminación y racismo hacia las comunidades”, señalaron.
“A esta situación hay que agregar que los medios hegemónicos siguen instalando la imagen de los indios violentos pero nada dicen de la realidad cotidiana en relación al escaso acceso a la Justicia”, añadieron.
“La violencia jamás es el camino y rechazamos los hechos que pongan en riesgo la vida de la ciudadanía en su conjunto y que profundizan la tensión social”, indicaron por su parte desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional Impenetrable.
“Es necesario que los tres poderes del Estado aumenten los esfuerzos y las decisiones políticas para construir definitivamente instituciones transparentes y legitimadas en la sociedad, con una perspectiva intercultural y abierta a la sociedad para garantizar el acceso a la justicia social”, añadieron.
Rechazaron además los “discursos que circulan en las redes sociales que incitan al uso de la fuerza y pronuncian opiniones racistas en contra de las comunidades originarias” y “cualquier represión o razzia por parte de las fuerzas de seguridad”.
