Así lo dispuso la jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. El exmagistrado continuará en libertad, pero no podrá salir del país sin autorización. También procesó a tres gendarmes a quienes, al igual que Aranda, sindicó como presuntos integrantes de una asociación ilícita dedicada a proteger y filtrar información sensible a narcotraficantes de la zona de Sáenz Peña a cambio de dádivas. La cuñada y el concuñado del exconjuez también fueron procesados, pero por instigación al tráfico de influencias.
Jueves, 29 de diciembre de 2022
La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó sin prisión preventiva al exconjuez de Sáenz Peña, Miguel Aranda, y a tres gendarmes quienes se encuentran acusados de formar parte de una asociación ilícita que brindaba protección y filtraba información a bandas de narcotraficantes. La cuñada y el concuñado del exconjuez también fueron procesados, pero por tráfico de influencias.
Firmada este jueves, la resolución de la magistrada indica que el procesamiento contra Aranda es por considerarlo, prima facie, miembro de una Asociación Ilícita, en concurso real con los delitos de tráfico de influencias, prevaricato e incumplimiento de la obligación de promover la represión de un delito, todos ellos en carácter de autor y coautor de los delitos de encubrimiento agravado y concusión agravado. A su vez, decidió trabarle un embargo por 10 millones de pesos.
No son todas malas noticias para el exconjuez. En primer lugar, el procesamiento será sin prisión preventiva. La única condición que pesa sobre Aranda es la de no salir del país sin autorización judicial.
Por otra parte, y en respuesta a dos de las imputaciones del Ministerio Público Fiscal, por tenencia indebida de arma de fuego y por irregularidades en el otorgamiento de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, Niremperger decidió sobreseerlo en una y dictarle falta de mérito en la otra.
La primera es por el arma que se le encontró en su casa de Resistencia durante un allanamiento realizado en octubre. La imputación de la fiscalía era por presunta tenencia de arma sin la debida autorización. La misma fue desestimada tras recibir el informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) que confirmó que Aranda está inscripto como legítimo usuario de armas de fuego de uso civil condicional. Además, tiene registradas dos pistolas a su nombre: una Taurus, calibre 9 milímetros, y una Glock, calibre 40. Con esta documentación, la jueza resolvió sobreseerlo de esta imputación.
En cuanto a la acusación sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de prisiones domiciliarias y excarcelaciones, la jueza consideró que las pruebas recolectadas hasta el momento por el equipo de fiscales conformado por Federico Carniel, Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Iglesias “carecen de fuerza vinculante necesaria”. De todos modos, decidió dictarle la “falta de mérito” y no sobreseerlo (es decir no dejar del todo cerrada esta acusación) teniendo en cuenta que el estado de las cosas podría mutar con el devenir de la investigación y la aparición de nuevas pruebas.
Gendarmes y familia
Junto con Aranda, y por los mismos delitos, también fueron procesados sin prisión preventiva los gendarmes Alberto Farías (comandante principal); Raúl Ernesto Scheurman (segundo comandante y en su momento jefe operativo del Escuadrón) y Enzo Aguirre (primer alférez y por ese entonces jefe de la Sección Villa Ángela). A Farías se le trabó un embargo por 8 millones de pesos; a Scheurman por 6 millones de pesos y a Aguirre por 3 millones de pesos.
Por otra parte, los empresarios Martín Rafael Raimundo y Clarisa Daniela Galissier, concuñado y cuñada de Aranda, dueños de la empresa de transportes de granos EAFA SA, fueron procesados, pero por considerarlos instigadores del delito de tráfico de influencias. Se los acusa de utilizar los lazos familiares que mantienen con el exconjuez para supuestamente lograr que Gendarmería anule una multa que se le realizó a uno de sus camiones el 12 de junio de 2020 en la zona de Villa Ángela.
Fuente: Chaco Día Por Día
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