La presentación fue realizada en 2019 por Cristian Carro Córdoba, quién cumple la condena por el secuestro extorsivo del joven correntino Cristian Schaerer en la prisión federal de Resistencia. Casi tres años después, la Cámara Federal resolvió que la causa sea investigada por el Juzgado Federal Nº 2 de la capital chaqueña.
Miércoles, 7 de diciembre de 2022
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió que el Juzgado Federal Nº 2 de la capital chaqueña asuma la competencia en la investigación de una denuncia penal contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, realizada en 2019 por uno de los condenados por el secuestro extorsivo del joven correntino Cristian Schaerer.
La denuncia original fue presentada el 9 de diciembre de 2019 ante el Juzgado Federal de Resistencia por parte de Cristian Carro Córdoba, uno de los condenados en el segundo juicio por el secuestro extorsivo del joven correntino Cristian Schaerer, por quién sus familiares pagaron un rescate superior a los 270 mil dólares y sin embargo nunca apareció.
En la denuncia, Carro Córdoba reveló que personas no identificadas que fueron extraditadas desde la República del Paraguay en el marco de la causa vinculada al caso Schaerer habrían sido torturadas en ese país por personal de la policía antisecuestro con la presunta participación de fiscales y del propio padre del joven.
A la par, reveló que esos hechos fueron denunciados ante el exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y el Tribunal Oral Federal de Corrientes argumentando que “en Paraguay se investigaba el hecho cometido en Argentina y se remitían pruebas desde allí, todo en violación de los mecanismos procesales pertinentes”. Asimismo, acompañó su presentación con un CD que contendría datos acerca de las personas que fueron víctimas de tortura. Al momento de ratificar su denuncia, apuntó contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Ante el conflicto de competencia suscitado entre la Justicia Federal de Resistencia y la de San Isidro, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia tuvo que intervenir para resolver qué jurisdicción debía avanzar con la investigación de la denuncia contra la jueza Arroyo Salgado por presunto incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público.
El 2 de diciembre, la presidenta de la Cámara Federal, Rocío Alcalá, decidió que la investigación se lleve adelante en la justicia federal de Resistencia. Antes de resolver, Alcalá advirtió sobre la “excesiva demora” en el trámite desde el inicio de las actuaciones, aconsejando evitarla en el futuro para garantizar un adecuado servicio de justicia.
En ese contexto, consideró que “dada la particularidad del escenario reseñado y la indeterminación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos endilgados por el denunciante a la Dra. Sandra Arroyo Salgado, resulta prematuro asignar a la jurisdicción de San Isidro la virtualidad de fijar la competencia para la instrucción de un hecho que aun no ha sido determinado como delictivo ante las connotaciones referidas en la denuncia y posterior ratificación”.
En ese sentido, agregó que “no surge de momento correlato o vinculación alguna entre los sucesos anoticiados en el escrito de denuncia, relativos a la presunta actuación de autoridades judiciales de la República del Paraguay y de la provincia de Corrientes, con la posterior sindicación a la Magistrada de mención efectuada al momento de la ratificación. Tal circunstancia amerita, mínimamente, un análisis previo a la decisión a los fines de establecer el objeto procesal, su calificación legal y, consecuentemente, la competencia del órgano encargado de su investigación”.
