Se trata de Ricardo Romero, quien se encontraba a cargo del Departamento de Rezagos de la Dirección General de Gestión de Bienes del gobierno del Chaco. Entre 2011 y 2022 cobró una bonificación por título universitario. Sin embargo, se descubrió que el documento que presentó era apócrifo y que, de hecho, seguía cursando materias en la UNNE. Le abrieron un sumario y lo echaron.
Viernes, 2 de diciembre de 2022
Ricardo Romero era empleado público. Tenía a su cargo el Departamento de Rezagos de la Dirección General de Gestión de Bienes dependiente de la Secretaría General de la Gobernación del Chaco. Se presentaba como contador público y durante diez años cobró una bonificación por eso. Todo parecería normal si no fuera por un detalle: Romero no era contador y el título que presentó era trucho.
Esta historia comenzó en 2011 cuando Romero fue transferido desde el Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría General de la Gobernación. En el mismo decreto que autorizaba su traslado, también se le dio de baja el beneficio por título secundario que cobraba hasta ese entonces para subirlo un escalón más: una bonificación por título universitario. Para eso, presentó los papeles que confirmarían su supuesto logro académico el cual fue aceptado.
Pasaron diez años hasta que una serie de rumores, sospechas y denuncias que lo acusaban de ser un fraude derivó en un pedido de dictamen a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia por parte de la Secretaria General de la Gobernación, Noelia Canteros.
Al analizar los hechos, el 7 de mayo de 2021, el fiscal General, Gustavo Leguizamón confirmó graves inconsistencias entre lo que decía Romero y la realidad. En primer lugar, se solicitó al Consejo de Profesional de Ciencias Económicas que confirme si Romero estaba matriculado en el organismo. Respondieron que no.
Posteriormente, se consultó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste si efectivamente Romero se recibió de contador en esa casa de altos estudios. Desde la UNNE le respondieron que no era egresado de esa universidad y que, de hecho, era alumno regular de la carrera de Contador Público: tenía 30 materias aprobadas de un plan de estudio de 33.
“Esta Fiscalía advierte que en el supuesto de que el agente en cuestión no acredite poseer título de Contador Público y en atención a que el mismo firma como tal, según constancias de autos y percibe una bonificación por título desde el año 2011 a la fecha, habría incurrido en una falta ética grave, al no conducirse con buena fe, rectitud, lealtad y responsabilidad”, señaló el fiscal Leguizamón en su dictamen.
“Por todo lo expuesto propongo a la Secretaría General de la Gobernación Instruya Sumario al Sr. Ricardo Andrés Romero e implemente como primer acto la Medida Preventiva de Suspensión Preventiva, oportunamente formule la denuncia penal por la comisión del Delito previsto en Art. 246 inc. 1 y 247 del Código Penal y como medida Disciplinaria Aconsejo aplicar para el supuesto que el Sr. Romero no acredite su condición de graduado de Contador Público la medida Disciplinaria de Exoneración”, sentenció.
Posteriormente, al iniciarse el sumario administrativo, Romero jugó una última carta: presentó un título de contador, pero de la Universidad de la Cuenca del Plata. Con esto, pidió que se declare abstracta las actuaciones y que se lo libere de culpa y cargo.
Sin embargo, al realizar la consulta al Departamento de Títulos de la Universidad de la Cuenca del Plata, se confirmó que era otra mentira. Romero no figuraba en la base de datos, el número del Diploma no correspondía al año en el que supuestamente egresó y, para ratificar la información, la UCP presentó un listado de los egresados desde el año 2000 hasta diciembre de 2002, en el que no figuraba.
Con todo, el gobierno provincial presentó una denuncia penal contra Romero ante la Justicia Federal de Resistencia, la cual se declaró incompetente al considerar que debía ser la justicia ordinaria quien tome el caso debido a que fue el Estado provincial el que sufrió el daño patrimonial por los años en los que el falso contador cobró indebidamente esa bonificación.
El 29 de noviembre pasado, a través del decreto DEC-2022-2904-APP-CHACO se resolvió su situación administrativa. Con la firma del gobernador, Jorge Capitanich, y del Ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, se decidió aplicarle la sanción expulsiva de cesantía. Y así, la avivada de Romero, concluyó de la peor manera.
