Será este lunes 28 de noviembre, a las 7, en la sede de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia. En la misma se debería definir la fecha de comienzo del juicio por el cual dos policías se encuentran imputados por el delito de tortura seguida de muerte y otro por encubrimiento agravado por la muerte en custodia de Sebastián Ponce de León, el 10 de febrero de 2019.
Domingo, 27 de noviembre de 2022
Es la primera causa por violencia institucional que se juzgará en el Chaco bajo la modalidad de juicio por jurados y sentará en el banquillo de los acusados a los agentes policiales Cristian Alfredo Chamorro y Darío Sebastián Romero, quiénes llegarán imputados por el delito de tortura seguida de muerte en custodia policial (que prevé una pena de prisión perpetua), y al sargento Carlos Rodríguez (h), por el delito de encubrimiento doblemente agravado.
A los agentes policiales, se los acusa por las salvajes agresiones cometidas contra Sebastián Ponce de León que derivó en su muerte el 10 de febrero de 2019, luego de estar más de diez días internado por las heridas provocadas.
Se estima que en esta audiencia, el juez técnico Ernesto Azcona fijará la fecha de inicio de este juicio que ha concitado las expectativas no solo en el ámbito local, regional y nacional, sino, también a nivel internacional (Secretaria de DD.HH. de la Nación, Amnistía Internacional, y desde hace tres días, Naciones Unidas, a través de su Relator en casos de Ejecuciones Extrajudiciales / “Gatillo Fácil”).
Según señaló el padre de la víctima, Osvaldo Ponce de León, “recién ahora y en muy pocos casos la Justicia está reconociendo que la Policía del Chaco tortura y mata”. En ese sentido, destacó que la jueza Rosalía Zozzoli modificó la carátula de “homicidio preterintencional” con la que el fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos provisorio, Luciano Santos, había requerido esta causa a juicio.
Ponce de León también valoró un reciente fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que condenó a perpetua al agente policial Luis Alfredo Sánchez por el asesinato del joven Jesús Martínez, durante un operativo de detención. En el juicio, Sánchez había recibido una pena a 15 años de prisión, ya que el tribunal no tuvo en cuenta el agravante que se trataba de un funcionario policial en ejercicio.
En ambos casos, fue central la intervención de las querellas particulares, la del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y la de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.
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