Entre el 14 y el 25 de noviembre, el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, visitó varias provincias argentinas, incluido el Chaco. “He constatado que subsisten en el país prácticas de violencia institucional con resultado de muertes y que afectan principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad”, sostuvo.
Sábado, 26 de noviembre de 2022
“Durante la visita he constatado que subsisten en el país prácticas de violencia institucional, incluyendo violaciones de los derechos humanos con resultado de muertes y que afectan principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad y más marginalizados de la población, lo cual contribuye a la invisibilización del fenómeno, a la impunidad de los responsables y a la perpetuación de prácticas contrarias al estado de derecho”.
Esta declaración pertenece al relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, y fue realizada en el marco del informe final que presentó esta semana tras visitar varias provincias argentinas entre los días 14 y 25 de noviembre pasado.
Tidball-Binz fue invitado por el gobierno nacional con el objetivo de evaluar los esfuerzos realizados en el país en el ámbito de la prevención e investigación de todas las muertes potencialmente ilícitas.
Su monitoreo apuntó principalmente a la violencia institucional, lo que incluye el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza policial; las muertes en custodia y los femicidios. Mantuvo reuniones con organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y víctimas de violencia institucional. Su recorrido se inició en Ciudad de Buenos Aires y continuó en La Plata, Córdoba, Corrientes y Resistencia.
En su informe, el relator de la ONU hizo una radiografía del perfil de quienes son los objetivos principales de la policía a la hora hostigar, golpear y matar. “Las víctimas de violencia policial tienden a ser desproporcionadamente hombres jóvenes, así como niños y adolescentes pertenecientes a barrios y sectores marginalizados, incluyendo miembros de pueblos indígenas y otros grupos marginalizados”, graficó.
Marcó el serio problema que significa no contar con números concretos de este tipo de delitos perpetrados por las fuerzas de seguridad como para poder medir en qué situación se está. “Es notable que no existan estadísticas unificadas y confiables sobre muertes por violencia institucional y, por lo tanto, la magnitud y la gravedad reales de este fenómeno en todo el territorio nacional continúan invisibilizadas en gran medida”, explicó.
Denunció el destrato que sufren los familiares de las víctimas de violencia institucional en el país, quienes suelen ser objeto de hostigamientos y ninguneo por parte de quienes deberían darle protección. “Pude constatar que los familiares de las víctimas con frecuencia enfrentan grandes desafíos, incluyendo discriminación, para acceder a la justicia, así como obstáculos en las investigaciones e incluso hostigamientos y amenazas de parte de los mismos acusados, quienes suelen beneficiarse de impunidad”, sostuvo.
“Por ello, insto a las autoridades garantizar que en todos los casos de violencia institucional con resultado de muerte se investigue y sancione a los responsables de toda muerte ilícita, se brinde la asistencia jurídica adecuada y la protección necesaria a las víctimas y que se implementen programas continuos de capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley junto con un control independiente de su accionar”, propuso.
Tidball-Binz también mostró su preocupación por los reiterados casos de violencia machista y femicidios que se producen en el país. “Pese a los destacables esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la materia, me preocupa sobremanera la persistencia de violencia con resultado de muertes por razones de género u orientación sexual”, dijo.
“Insto por ello a redoblar esfuerzos para prevenir toda muerte por violencia de género u orientación sexual, incluso garantizando que todos estos casos se investiguen de acuerdo con las normas internacionales, como el Protocolo Modelo Latinoamericano para la investigación de los asesinatos de mujeres por razones de género”, pidió el relator de la ONU.
Recomendaciones
Para cerrar su informe, Tidball-Binz propuso seis recomendaciones al Estado argentino. Estas son:
- Garantizar que cada muerte potencialmente ilícita se investigue de manera rápida, independiente, imparcial, efectiva, exhaustiva y transparente según los estándares internacionales en la materia, en particular el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de las muertes potencialmente ilícitas (2106);
- Crear un Consejo Nacional de Medicina Forense afín de promover y apoyar la efectiva implementación en todo el país del Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) y otros estándares de buena práctica forense, como así también para coordinar esfuerzos en la materia y apoyar procesos de control y garantía de calidad de los servicios médico legales y forenses en todo el pais;
- Aprobar sin demora el Proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de los Agentes Policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios;
- Capacitar a todos/as los/as agentes con mandato para el uso de la fuerza, con miras a ajustar su accionar a las normas y estándares internacionales incluyendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden;
- Asegurar que se realicen y publiquen periódicamente estadísticas unificadas a nivel nacional y confiables, incluyendo mediante la desagregación de datos, sobre todas las muertes en situación de privación de libertad registradas en el país;
- Garantizar el acceso a justicia sin discriminación alguna, la asistencia jurídica y la protección a las víctimas de violencia institucional, monitoreando y minimizando el uso indebido de la fuerza contra los grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo a miembros de pueblos originarios.
