En 2020, un grupo de vecinos de la ciudad de Corrientes recurrieron al Poder Judicial para evitar que los paradores continúen su ocupación de las playas públicas para sus negocios privados. A casi dos años, y a pesar de la vigencia de una medida cautelar que ordenó frenar las ampliaciones y de las actas de infracción labradas por el Municipio, la ocupación de espacios comunes no solo no se detuvieron, sino que avanzan. ¿Alguien le pondrá un freno a la privatización de las playas correntinas?
Domingo, 13 de noviembre de 2022
Por Brian Pellegrini
En 2020, plena pandemia, Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes impulsaron una presentación judicial para evitar que las playas públicas correntinas sean acaparadas por paradores privados que se expanden en detrimento del derecho de los vecinos a disfrutar de los espacios comunes. En diciembre de ese año, la justicia correntina hizo lugar a la medida y ordenó que se frene la ampliación e instalación de nuevos paradores. La misma fue ratificada en abril de 2021, luego de concluida la temporada de verano. Sin embargo, la expansión de estos negocios no se detuvo, a pesar de las intimaciones judiciales y las actas de infracción labradas por las autoridades del Municipio de Corrientes.
Según pudo saber LITIGIO, el expediente principal de la acción de amparo ambiental tiene todas las pruebas incorporadas pero el tribunal demora el dictado de la sentencia. En tanto, la medida cautelar de no innovar sigue vigente aunque no se cumple. Por este motivo, la defensora oficial correntina, Nora Maciel, presentó notas en reiteradas oportunidades solicitando que ejecute la medida y denunciando la desobediencia tanto de los paradores como del Municipio local.
En uno de sus últimos escritos, la defensora oficial solicitó que se ordene a la Municipalidad que proceda al retiro de los materiales y estructuras de construcción emplazados en la playa de los paradores “Jack Tower” y “Santos”, bajo apercibimiento de ser denunciados penalmente en caso de no acatar la medida. Además, pidió que en caso de darse esa situación, el Municipio revoque el permiso de explotación comercial otorgado. Siguen sin obtener respuestas, lo que hace pensar en que no existe la más mínima voluntad política de hacer cumplir la medidas judiciales.
Para graficar, el 26 de octubre pasado, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, participó de la presentación de la oferta turística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la capital correntina. El lugar elegido: el parador “Santos”, sobre la playa Arazatí.
Otro de los reclamos de los Defensores de los Espacios Públicos Costeros de Corrientes está vinculado a la construcción de un shopping frente a la playa Arazatí. En las últimas horas anunciaron que solicitarán a la justicia que “se expida y resuelva a la brevedad con respecto al proyecto de un Shopping y también sobre los paradores que, día a día, continúan avanzando y ocupando más terrenos sobre la playa pública Arazatí”.
En ese contexto, advirtieron que los paradores privados que ocupan el espacio público de la ribera, continúan ampliándose de cara a la temporada de verano. “Se puede apreciar esto en los locales Jack Tower, Santos (que están hasta triplicando su superficie original) y Boca Unidos, además del relleno de Bienes Raíces SA., en la desembocadura del Arroyo Limita donde ya se advierte como el agua, busca nuevos espacios a inundar, al encontrarse con los enormes rellenos ilegales que han aumentado su altura y se constituyen en diques”, alertaron.
En ese sentido, denunciaron que “estos empresarios, en total connivencia con la Municipalidad avanzan privatizando lo que es el espacio de todos. De allí la importancia de que, como ciudadanos, tomemos conciencia y defendamos lo que es público, ante la ambición desmedida de unos pocos amigos del poder”.
¿Piattoni, un intocable?
El propietario del parador “Jack Tower” es el empresario Matías Piattoni, quién en febrero de 2021, conduciendo su Ford Mustang GT en estado de ebriedad y luego de haber consumido éxtasis, se cruzó de carril, atropelló, mató y dejó abandonados al costado de la Ruta Nacional Nº 12 a Angel González y su hijo Mateo, de 12 años, quiénes iban en moto a pescar a la ciudad de Paso de la Patria.
La jueza de Instrucción Nº 3 de Corrientes, Josefina González Cabañas, procesó a Piattoni con prisión preventiva por doble homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de uso de documento público falso, ya que circulaba con un registro de conducir trucho. Ese delito prevé una pena que va de los 8 a los 25 años de prisión.
Sin embargo, en junio de 2021, la Cámara de Apelaciones de Corrientes modificó la carátula a “homicidio agravado culposo” y resolvió liberar al empresario de la noche correntina. La resolución del caso está ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes a partir de un recurso de queja presentado por la querella particular contra la decisión del tribunal de alzada.
