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En primera instancia la demanda fue rechazada. Sin embargo, en un juicio sumarísimo, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil la revocó, hizo lugar al planteo y consideró que se trató de un “allanamiento”  que violaba el artículo 18 de la Constitución Nacional. Ordenó que “se abstengan de utilizar vehículos aéreos no tripulados sobre la propiedad de la actora que pudieran perturbar su intimidad”.

Martes, 8 de noviembre de 2022

Por Brian Pellegrini 

“El empleo de vehículos aéreos no tripulados para obtener imágenes del interior de una vivienda debe ser catalogado como un allanamiento en los términos empleados en el art. 18 de la Constitución Nacional”, sostiene entre sus fundamentos el fallo dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia. Fue al revocar una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda de una mujer contra las personas que intentaron capturar imágenes de su propiedad a través del sobrevuelo de un drone en el año 2018.

La sentencia, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue dictada a principios de octubre de 2022 y lleva las firmas de las juezas María Eugenia Saez y Gladys Esther Zamora. En la parte resolutiva del fallo, las magistradas ordenan a los demandados “se abstengan de utilizar vehículos aéreos no tripulados sobre la propiedad de la actora que pudieran perturbar su intimidad”.

El caso

La señora N.M.P. denunció que el 2 de diciembre de 2018, alrededor de las 14.30 horas, un drone sobrevoló el inmueble de su propiedad ubicado en avenida Lavalle al 500 de la ciudad de Resistencia, tomando fotografías y/o capturas de video. Por este hecho, impulsó una acción de amparo para que la justicia ordene a los demandados que le restituyan esos materiales y que se abstengan de reproducir y/o divulgar de cualquier modo las imágenes. También reclamaba que se haga cesar toda actividad que pudiera perturbar su intimidad.

El trámite judicial fue reconducido de acción de amparo al juicio sumarísimo y los demandados contestaron alegando que no se efectuaron tomas fotográficas y/o cinematográficas, remarcando que “se intentaron hacer tomas las cuales fueron frustradas por la accionante”.

En ese contexto, el Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de Resistencia rechazó la acción al considerar que “en el caso concreto el uso del drone por los demandados no vulneró el derecho a la vida privada de la actora y su familia debido a que, en definitiva, la grabación y/o filmación dentro del predio y/o de la esfera personal de la actora se hizo en el marco de los litigios ya existentes entre ellas y que no llegó a concretarse, porque del CD adjuntado como prueba solo se observa una discusión en la vía pública respecto al uso del artefacto, pese a reconocerse por el Sr. J.S.M., que estaba filmando con el dron en el lugar, no ha existido una invasión física a su espacio privado”.

Agregó que “nada han captado las imágenes en tal sentido y la norma invocada no tiene por objeto proteger excesivas susceptibilidades, sino se debe evaluar con un criterio medio o finalista dado que la perturbación de la vida íntima es un aspecto subjetivo que no depende de la propia subjetividad, sino de elementos exteriores que permitan definir la entidad del agravio”.

“Invasión no autorizada en la esfera de intimidad personal”

En primer lugar, el fallo de Cámara describe que la utilización de drones se encuentra específicamente regulada por la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), autoridad aeronáutica de la Argentina, a través del Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no Tripulados (527/2015), así como el Régimen de Faltas Aeronáuticas a quienes infrinjan la normativa en la materia.

Por otro lado, también hicieron referencia a que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, mediante la disposición Nº 20/2015 estableció las condiciones de licitud para la recolección de datos personales a través de drones en el marco de la Ley 25.536.

Así, las camaristas manifestaron su discrepancia con la jueza que rechazó la acción y aseguraron que “el empleo de vehículos aéreos no tripulados para obtener imágenes del interior de una vivienda debe ser catalogado como un allanamiento en los términos empleados en el art. 18 de la Constitución Nacional”.

En ese sentido, subrayaron que “de manera prístina este modo de monitoreo sobre las actividades que se realizan en el interior de un domicilio, sea urbano o rural, claramente resulta ser una invasión no autorizada en la esfera de intimidad personal”.

El fallo consigna, además, que “(…) el patio de una vivienda es un espacio en donde se abriga una importante expectativa de privacidad pues en ese marco es razonable suponer que las personas llevan a cabo actividades que querrían mantener fuera de miradas extrañas. Entonces puede decirse cuando una actividad de este tipo, como es sobrevolar un artefacto que puede tomar fotografías o realizar filmaciones, que avance sobre esa garantía reclama -por su intensidad- una habilitación expresa que sopese la necesidad y proporcionalidad de tal medida de intrusión en función del bien que se intenta preservar y el derecho en juego”.

Así, advirtieron que “todo registro de las actividades o cosas ubicadas en el interior de un domicilio debe estar precedido por el improrrogable control judicial que debe evaluar en el caso concreto si existen elementos indiciarios suficientes para ordenar tal medida de injerencia”.

Al no haberse acreditado la obtención de algún tipo de material fotográfico o cinematográfico, las camaristas consideraron que no procedía la restitución de material alguno.

 


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