En la segunda jornada de la Conferencia Continental de la Asociación Americana de Juristas que se realiza en la ciudad de Resistencia, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, contó en primera persona y con minuciosidad el dispositivo de persecución judicial contra su persona desde que dejó la presidencia del país andino. Las similitudes con la Argentina. Apuntó a la importancia de una reforma del sistema de medios de comunicación.
Viernes, 4 de noviembre de 2022
Por Brian Pellegrini
“El lawfare nos está llevando hasta la propia democracia, y si ya teníamos un sistema democrático en el que difícilmente llegaban los mejores, ahora tenemos un sistema democrático donde llegan los Bolsonaro, los Macri, los Laso: los peores”, aseguró Correa en el comienzo de su exposición que acompañó con un power point y también con la emisión de diferentes piezas audiovisuales de los personajes que participaron de la persecución judicial en su contra. En varias oportunidades, no obstante, aclaró que no le interesaba hablar sobre sí mismo ni considerarse una “víctima”, pero que es necesario que se conozca la situación en Ecuador, sobre todo por las personas que se encuentran “injustamente” detenidas, como el exvicepresidente Jorge Glas.
Si bien su participación estaba prevista bajo el formato de coloquio sobre “Consecuencias socioeconómicas del lawfare”, junto al politólogo argentino Atilio Borón, el presidente ecuatoriano monopolizó el uso de la palabra para contar en primera persona y minuciosamente el entramado de la persecución judicial que aún enfrenta en su país luego de haberse desempeñado como presidente durante diez años. Se sumó a la mesa su compatriota, el abogado y exfiscal general de Ecuador entre 2011 y 2017, Galo Chiriboga.
El expresidente ecuatoriano está convencido de que la concentración de los medios de comunicación en manos de la derecha es la principal herramienta para llevar adelante el lawfare, que no solo encarcela y proscribe a dirigentes populares latinoamericanos sino que además instala presidentes como lo hicieron en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Macri y en Ecuador con Laso.
En otro tramo de su alocución, refutó a los medios hegemónicos que hablaban de que debió exiliarse de Ecuador al lugar donde hoy vive: Bruselas, en Bélgica, país del que tiene nacionalidad. “Salí sin una infracción de tránsito, con un impresionante apoyo popular, miles de personas en las calles despidiéndome”, contó Correa, con respecto al final de su mandato presidencial. Sin embargo, a poco de hacerlo comenzó la persecución judicial en el que llegó a contabilizar 50 causas penales en su contra, comandada por su sucesor Lenín Moreno, quién en 2017 aseguró que “lo quería ver preso”.
“Si a mí no me hubieran impedido regresar al país para la elección de abril de 2021, incluso como candidato, sencillamente Guillermo Laso no sería presidente en Ecuador. Como también cuando metieron preso a Lula, no solo le robaron la democracia a Brasil, porque si Lula hubiera sido candidato, hubiera sido desde hace cuatro años el presidente de los estados federados de Brasil”, aseguró.
En ese contexto, subrayó que “con el lawfare no solo roban – y ya es suficiente para rebelarnos, resistir, denunciar- reputación, estabilidad, tranquilidad, libertad, a las víctimas, roban la democracia a nuestros pueblos y eso tiene graves efectos económicos y sociales”.
Cambia el país pero no el guión
Causó sorpresa entre los asistentes que varias de las causas penales abiertas contra Correa son casi calcadas a las que involucran a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. “Arrepentidos”, “cuadernos”, “sobornos”, “uso particular del avión presidencial”, son solo algunas de esas cincuenta causas. La más insólito: lo llegaron a acusar por supuesto secuestro de una persona con pedido de captura en territorio de Colombia.
“Tuve que empezar a defenderme bajo la jurisdicción del Estado belga. Porque algunas críticas que se me hacen es que ‘Correa no ha dado la cara a la justicia’. ¿En Ecuador, ante esa podredumbre? Porque se tomaron todo con una consulta mañosa e inconstitucional del 2018 ante la ausencia de un sistema interamericano que permitió ese golpe de Estado blando”, denunció el exmandatario ecuatoriano.
En ese contexto, reveló que, en 2018, sus opositores tomaron el control de un organismo “clave”, el Consejo de Participación Ciudadana, en el que hicieron nombramientos “a dedo” y luego destituyeron a los miembros de la Corte Constitucional. “Se apoderaron de todo”, denunció.
“Hay una gran diferencia con los demás casos de lawfare. Por de pronto en Brasil no pudieron cambiar toda la institucionalidad, y jueces rescatables declararan la nulidad en los procesos contra Lula, en Ecuador todo está podrido, desde un simple comisario hasta la Corte Constitucional, con la complicidad de la prensa”, recalcó.
“Si hubiera vivido en Ecuador, me hubiera quedado en Ecuador. No estaba en Ecuador, estaba en Bélgica. Me defendí desde Bélgica, les estamos ganando todo, y los vamos a derrotar. No tienen ninguna opción de victoria, todo es cuestión de tiempo. Pero obviamente el daño es inmenso”, señaló Correa.
