El inspector de la Policía Federal, Héctor Adolfo Gay, continuará preso. Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Gay está acusado de participar el 3 de septiembre pasado en un hecho en el cual se imputa a un grupo de policías federales de pedir una coima de 400 mil pesos a un hombre a cambio de evitar ser detenido, además de privarlo de su libertad ilegalmente, violar su domicilio y robarle.
Lunes, 31 de octubre de 2022
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa del inspector de la Policía Federal de la jurisdicción de Sáenz Peña, Héctor Adolfo Gay, y es por eso que continuará detenido.
Gay está acusado de participar el 3 de septiembre pasado en un hecho en el cual se imputa a un grupo de policías federales de pedir una coima de 400 mil pesos a un hombre a cambio de evitar ser detenido, además de privarlo de su libertad ilegalmente, violar su domicilio y robarle elementos de su propia casa.
Al evaluar los planteos presentados tanto por la defensa de Gay como por el Ministerio Público Fiscal, las juezas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García (subrogante) consideraron que debido a lo incipiente de la investigación, a la gravedad de los hechos imputados (“abuso de autoridad, robo agravado, privación ilegal de la libertad agravada y violación de domicilio”) y la calidad de integrante de la fuerza de Seguridad del imputado, “existe peligrosidad procesal” si es que Gay recupera su libertad.
Además, en la resolución fechada el 20 de octubre pasado, señalaron que la condición de Policía Federal de Gay hace que cuente con ingresos para “solventar una posible fuga”, pudiendo contar con la connivencia de otros miembros de dicha fuerza que le faciliten tal cometido.
Y en cuanto al peligro de entorpecimiento de la investigación, las juezas indicaron que se debe tener en cuenta la “incipiente etapa de instrucción”, restando realizar medidas probatorias conducentes al esclarecimiento del hecho a desentrañar, las que “podría interferir el encausado”, ocasionando así una verdadera obstrucción de la labor de la justicia.
Los hechos
Cabe recordar que esta historia comenzó con una denuncia. Fue la de un hombre quién relató que el 3 de septiembre pasado mientras circulaba por ruta 16, entre Quitilipi y Machagai, un patrullero de la policía Federal lo paró y le exigió el pago de una coima de 400 mil pesos para evitar ser detenido por transportar ropa de contrabando.
Y no sólo eso: lo obligaron a ser escoltado hasta su casa, en el barrio Las Palmeras de Resistencia, donde los policías habrían ingresado a su vivienda para hacerse con distintas pertenencias, entre ellas un televisor de 49 pulgadas y ropa. Se sospecha que también se quedaron con algo de estupefacientes que habrían encontrado.
Siete policías de la Federal de la jurisdicción de Sáenz Peña fueron detenidos por este hecho: el subcomisario, Fernando Rubén Vega; el subinspector, Federico Emanuel Vieyra; el inspector, Héctor Adolfo Gay; el sargento, Jorge Carlos Osika; el cabo, José Pérez; el cabo, David Villalba y la agente, Clelia González Núñez.
Peña
Esta causa está vinculada con otra investigación de la justicia Federal. Un testigo de identidad reservada confirmó que dos de los policías detenidos, Osika y Gay, eran parte de una banda que operaba en Miraflores, Castelli y Tres isletas. Esta declaración logró unir la extorsión y el hurto en el barrio Las Palmeras con una estructura criminal que estaría comandada por Ariel Peña, ayudante fiscal antidrogas en Castelli que depende de las fiscalías de narcomenudeo 1 y 2 de Resistencia, actualmente detenido.
El informante explicó que Peña tenía dos modalidades para abastecerse: una era a través de proveedores directos, que lo abastecían con grandes cantidades. Y otra, en los propios operativos que él comandaba junto a sus policías de confianza.
En los allanamientos que lo tenían al mando, sólo una parte de lo incautado era incluido en los registros oficiales mientras que el resto quedaba para la banda, por fuera del radar de la Justicia. Luego, esa sustancia no registrada era reinsertada al circuito ilegal de comercialización a través de revendedores que operarían bajo sus órdenes.
El testigo recordó en este sentido un procedimiento ocurrido en junio del año pasado, en Castelli. En esa ocasión el cargamento incautado fue alrededor de 140 kilos de marihuana, cuando en realidad, el peso de lo que se encontró fue de 230 kilos. La diferencia, esos 90 kilos que se esfumaron, habrían sido sustraídos por personal de la “División Microtráfico de Sáenz Peña” que realizó el operativo bajo las directivas de Peña.
El testigo indicó además que, para mantener a raya al mercado, apoderarse del territorio y limpiar a la competencia, lo que hacían era operativos montados. ¿Cómo? Obligaban a los vendedores de drogas que respondían a su organización a que contacten a otros dealers, que no estaban incluidos en la banda. La idea era simular una transacción. Tras pactar un día y lugar, Peña y sus policías y gendarmes de confianza los estarían esperando para interceptar el cargamento y posteriormente quedarse con todo.
La organización también tenía sus ardides para evadir los controles. Para transportar la droga sustraída, Peña le habría adosado rótulos de secuestro para simular que fueron incautaciones legales y, así, evitar ser sometido a algún control en la ruta por parte de personal de fuerza de seguridad ajeno a su influencia.
Según la investigación, Peña tenía a su cargo casi una veintena de dealers que comercializaban droga para él. El ayudante fiscal, de acuerdo a la denuncia, se aseguraba que le sean leales. ¿Cómo? Si no cumplían con la venta de droga que él les facilitaba, o no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros eventuales competidores, eran amenazados con ser investigados o detenidos.
Se dieron casos en los cuales se les armaron causas a dealers en operativos presuntamente fraguados y conducidos por Peña para que, una vez recuperada la libertad, el vendedor se sume a su organización, pero ahora bajo sus órdenes.
Peña estaba tan cercano a sus dealers que incluso hacía negocios legales con ellos. El 23 de septiembre de 2021, el ayudante fiscal transfirió a “Santi Sosa”, uno de los más importantes vendedores de droga de Tres Isletas, el Renault Megane que hasta ese entonces era de su propiedad.
Actualmente Sosa está prófugo de la Justicia y su casa de Tres Isletas, completamente abandonada y en ruinas. Los vecinos aseguran que hace varios meses huyó hacia Santiago del Estero.
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