La jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, ordenó al Jefe de la Policía del Chaco, de la Comisaría Primera y de la Segunda de Barranqueras a que adopten los recaudos para cesar de forma inmediata todos los actos de hostigamiento que viene sufriendo un adolescente de 16 años que reside en la ciudad portuaria. También solicitó que se capacite al personal de dichas unidades policiales en derechos de las infancias. Es el tercer hábeas corpus preventivo en lo que va del mes en la provincia.
Viernes, 28 de octubre de 2022
La Justicia tuvo que intervenir una vez más para frenar un nuevo caso de hostigamiento policial contra un menor de edad en el Chaco.
Diez días atrás, el juez de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Castelli, Gonzalo García Veritá, hizo lugar a dos acciones de habeas corpus y ordenó que el personal policial de la Comisaría de Miraflores detenga el hostigamiento contra adolescentes Qom de esa localidad, uno de ellos menor de edad.
Pocos días más tarde, una acción similar tuvo que encarar la jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman. En su fallo, fechado el 20 de octubre pasado, la magistrada ordenó al jefe de Policía, Ariel Acuña, y a los jefes de la Comisaría Primera y Segunda de Barranqueras a que detengan de inmediato todo tipo de hostigamiento contra un adolescente de 16 años de dicha localidad, quien es víctima constante del “verdugueo” policial (hostigamiento).
También pidió al Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco que brinde capacitación al personal policial de ambas comisarías sobre derechos de las infancias, puntualmente la Ley 2951-N “Proceso Penal Aplicable a los de Proceso Penal Aplicable a los Adolescentes”; la 26.061 “Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, niños y Adolescentes” y la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es decir: que aprendan a cómo tratar a los menores.
El caso
El hecho que derivó en este nuevo pedido de protección ocurrió en la tarde del 26 de septiembre pasado, cuando un sujeto en moto robó el celular a un adolescente frente al Colegio Técnico 33, de Barranqueras. La víctima era compañero de F.P. De hecho, tanto él como el resto de sus amigos pudieron ver el robo e incluso identificar al sujeto que lo cometió.
Posteriormente un grupo de vecinos atraparon a un adolescente. Pero este no era el sujeto que todos vieron, sino que era otro: F.P. Por su forma de vestir, sus rasgos físicos y la motocicleta en la que circulaba, pensaron que era él el ladrón.
Alertados por la situación, seis policías llegaron al lugar donde estaba el joven retenido. Cuando lo vieron, le hicieron una llave levantando su brazo hacia atrás de manera brusca y lo redujeron contra el suelo. Mientras un agente le pisaba la cabeza, otros lo pateaban.
No conformes con esto, le rompieron el asiento de su moto, lo tiraron a la cuneta y luego lo trasladaron hasta la Comisaría Segunda. Estando detenido, le sacaron el celular, sus auriculares, su cargador, la cédula de la moto y la llave.
F.P. fue alojado en la Oficina de la Comisaría Segunda donde los mismos efectivos siguieron propinándole golpes con la mano abierta en la cabeza mientras lo insultaban.
Cuando avisaron que F.P. estaba detenido, sus familiares llegaron hasta la Comisaría para buscarlo, pero los agentes de turno no dejaron que lo vean. Posteriormente, el adolescente fue trasladado hasta Medicina Legal donde volvió a ser golpeado durante todo el trayecto.
En el momento en que estaba todo dado para retirarlo, desde la Comisaría Segunda le avisaron a la mamá de F.P. que había sido trasladado a la Comisaría Primera. Como la madre tenía que ir a retirar la moto de su hijo a la Comisaría Primera, le pidió a una vecina que acompañe a su hijo hasta su barrio.
A las 23 finalmente fue puesto en libertad. Pero la historia no terminó ahí: cuando F.P. venía caminando desde la casa de la vecina hasta su casa, otro agente lo volvió a parar en la calle. Le pegó dos patadas e hizo que abra las piernas para requisarlo. Un vecino frenó la situación cuando increpó al policía por el ensañamiento que mostraba contra el adolescente. El uniformado, luego de esto, se retiró.
La madre de F.P. aseguró que esta no es la primera vez que el Servicio Externo de la Comisaría de Barranqueras hostiga a su hijo, quien por este motivo tiene miedo de salir a la calle. Es por eso que solicitó un hábeas corpus preventivo para resguardar su integridad y para que pueda vivir una vida normal.
“Flagrante trasgresión”
Con todo, la jueza Saidman aclaró en primer término que no es competencia de su juzgado los presuntos delitos de apremios ilegales que sufrió el adolescente, tarea que le correspondería a la fiscalía penal en turno.
Al valorar la prueba reunida para fallar en relación al pedido de hábeas corpus, la magistrada determinó que los hechos denunciados no se condicen con el informe policial. Saidman indicó que de la requisa realizada a F.P. no arrojó ningún elemento para determinar que fue quien robó el teléfono. Sin embargo, esto no quedó registrado en el acta policial. Recién se supo cuando una de las agentes de la Comisaría brindó su testimonio ante la fiscalía que investigaba el robo.
Al adolescente de 16 años, además, se lo esposó y se lo fotografió en la dependencia policial, imagen que luego fue viralizada en redes sociales y servicios de mensajería, una situación abiertamente violatoria de los derechos de las infancias.
“A esta altura del análisis estoy en condiciones de afirmar que la detención de P. transcurrió en clara y flagrante transgresión al derecho aplicable”, sostuvo Saidman.
En este sentido cuestionó la cantidad de horas que estuvo detenido el adolescente las cuales fueron entre cuatro (según la policía) y seis (según la madre de F.P y el mismo adolescente).
“Si bien la detención analizada se halla entre las autorizadas por el artículo 5, de la Ley 2951-N, la misma debe extenderse durante el menor tiempo posible y ser usada como último recurso (…) y sólo corresponde cuando por el hecho imputado cabría una pena privativa de la libertad, ya que, de lo contrario, se afecta el principio de proporcionalidad”, indicó Saidman.
En este sentido, la magistrada consideró que “el ejercicio del poder punitivo desplegado por las fuerzas de seguridad fue desmedido y que la detención de F.P. ocurrida el 26 de octubre del corriente año entre las 17 y 17,30 es arbitraria por afectación al principio de proporcionalidad”.
En relación a otros hechos de hostigamiento, violencia policial y malos tratos frecuentes por parte de algunos policías de Barranqueras, Saidman señaló que, ante la duda, corresponde que se expida por la protección del adolescente.
“Considerando especialmente que F., por ser joven, humilde y usar gorra, pertenece a un sector social estigmatizado y criminalizado por las fuerzas policiales y ante ello, resulta imprescindible maximizar el control judicial compatible con el modelo de Estado de derecho”, sostuvo.
En el tramo final de su escrito, Saidman utiliza una frase de la canción “Disculpe el señor”, del cantautor español, Joan Manuel Serrat, para graficar la situación de hostigamiento y persecución que padece F.P. y tantos jóvenes pobres de Argentina sólo por pertenecer a cierto grupo etario, clase social y vestirse de una manera en particular.
El pasaje de la canción es el siguiente: “¿Quiere usted que llame a un guardia”, se pregunta Serrat, “y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre?”.
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